La auditoría interna de Transportes, el nuevo centro de gravedad del caso Koldo
El juez Ismael Moreno, encargado de la instrucción del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de covid-19. Este caso involucra a Koldo García, antiguo asesor del exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos. Moreno ha ordenado citar a declarar a varios testigos, entre ellos, autores de una auditoría reciente realizada por el Ministerio de Transportes, que ahora dirige Óscar Puente.
La mencionada auditoría, aportada a la causa por el propio Ministerio, es clave en la investigación, pues señala que Adif, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, contrató a Soluciones de Gestión, una de las empresas implicadas en la trama, pese a haber presentado una oferta más costosa y peor valorada que su competidora, Injo Technology. Ante estas conclusiones, Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de Adif, cesado por el actual ministro Puente, calificó el informe como un "despropósito". Asimismo, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Manuel Fresno, director financiero, han criticado el documento al considerarlo incompleto y carente de análisis de cuestiones importantes.
Uno de los puntos más destacados de la investigación es la citación como testigo del comisario José Antonio Rodríguez González, actual director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Su comparecencia está motivada por las declaraciones de Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior, quien aseguró que Rodríguez González fue quien le presentó a Íñigo Rotaeche, uno de los principales implicados en la trama. Este contacto fue clave para la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas.
Además de las citaciones anteriores, el juez Moreno ha convocado a otros testigos vinculados a los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión. Entre ellos se encuentran Jorge Meana, jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes; Julio González García, secretario general de Correos; y Rafael Millas, propietario de Raminatrans S. L., todos ellos relacionados con la justificación de la recepción del material sanitario.
El juez rechaza la solicitud de Vox
Paralelamente, Moreno ha solicitado a la Agencia Tributaria la designación de un equipo para calcular las cantidades que presuntamente habrían dejado de ingresar a Hacienda por parte de Soluciones de Gestión y Víctor de Aldama, presidente del Zamora C. F. y uno de los cabecillas de la trama. También ha requerido a los Servicios de Salud de Baleares y Canarias, quienes contrataron con la trama, para que faciliten más documentación y una copia de los correos electrónicos de varios de sus altos cargos, incluido Antonio Mascaró, exsubdirector de Compras de Baleares.
En otro orden de cosas, el juez ha rechazado la petición del partido político Vox, que solicitaba las actas de los Consejos de Ministros celebrados en 2020, donde se abordaron las contrataciones de material sanitario. El magistrado argumentó que esta solicitud convertiría el caso en una causa general sobre todas las adjudicaciones de suministros realizados durante la pandemia, desviándose así del objeto principal de la investigación.
Con estas nuevas diligencias, el juez Moreno sigue avanzando en la esclarecedora investigación de uno de los escándalos más importantes de la gestión pública durante la pandemia, buscando esclarecer el posible desvío de fondos públicos y la implicación de altos cargos en la trama de comisiones ilegales. @mundiario
