Anticorrupción alerta de la “incompatibilidad” de la Abogacía en el caso Koldo
La Fiscalía Anticorrupción ha planteado serias dudas ante el juez del caso Koldo sobre la decisión de la Abogacía del Estado de personarse en defensa del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez. Gómez, número tres del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, está siendo investigado por presuntas presiones para adjudicar contratos a una empresa vinculada a una trama de corrupción.
En un escrito dirigido al magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, el fiscal Alejandro Cabaleiro ha advertido sobre la posible existencia de un conflicto de intereses por parte de la Abogacía del Estado. Este organismo, que actúa en representación de la Administración, estaría asumiendo la defensa de un alto cargo investigado mientras que, en paralelo, podría tener que ejercer la acusación por los presuntos delitos fiscales relacionados con la misma trama. La Fiscalía subraya que esta situación podría vulnerar el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas.
Aunque la Fiscalía ha señalado la posible incompatibilidad, no ha llegado a recurrir la personación de la Abogacía del Estado en la causa. El fiscal Cabaleiro recordó que, cuando se informó previamente a la Fiscalía sobre la personación, no se opuso a la participación de la Abogacía en defensa de Jesús Manuel Gómez. Sin embargo, ha insistido en la necesidad de considerar la posible incompatibilidad de que un mismo organismo asuma roles de defensa y acusación en el mismo procedimiento judicial.
La representación de Hacienda en el caso
El fiscal también ha recordado una solicitud previa para que la Agencia Tributaria suspendiera las inspecciones fiscales relacionadas con el caso Koldo hasta que el proceso penal sea resuelto en la Audiencia Nacional. Dado que la Abogacía del Estado podría tener que personarse en la causa como acusación particular en nombre de Hacienda, existe el riesgo de que actúe simultáneamente como defensa de los investigados y como acusación, lo cual refuerza las preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses.
La asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en el caso, ha ido un paso más allá que la Fiscalía, solicitando al juez instructor que no permita la intervención de la Abogacía del Estado en defensa de los altos cargos investigados. En su escrito, Liberum sostiene que la personación de la Abogacía del Estado en defensa de investigados en un caso de presunto delito contra la Hacienda Pública representaría "un evidente conflicto de intereses".
Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 9 de septiembre. Esta citación fue acordada por el juez después de que el Tribunal Supremo confirmara la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso, desestimando las pretensiones de la Fiscalía Europea. El caso Koldo se centra en la adjudicación de contratos durante la pandemia a una empresa supuestamente favorecida por Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. A los implicados se les atribuyen delitos graves como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias.
El caso Koldo ha generado una intensa controversia debido a la naturaleza de los delitos investigados y la implicación de altos cargos del Ministerio de Transportes. La intervención de la Abogacía del Estado en defensa de estos funcionarios, mientras podría representar a Hacienda en la acusación, añade una capa adicional de complejidad al caso, destacando los desafíos legales y éticos que enfrenta el proceso judicial. La resolución de estas tensiones será clave para determinar el curso futuro de la investigación y sus posibles implicaciones políticas. @mundiario
