Antifraude pide explicaciones a la Generalitat por un contrato de material sanitario

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha detectado posibles irregularidades en un contrato hecho por la Generalitat para la compra de material sanitario durante el primer estado de alarma por la pandemia, en 2020.

Se trata de un importe inicial de más de 60 millones de euros, de los cuales se abonaron 35 millones a manera de anticipo, a la empresa Basic Devices LC, que fungió como intermediaria con el mercado chino. A través de un informe, la OAC le exige explicaciones al Instituto Catalán de Salud (ICS) y a los departamentos de Economía y Hacienda del Govern.

Estas irregularidades fueron encontradas en la operación completa, que según medios de comunicación fue denunciada por la propia Generalitat ante los Mossos d’Esquadra, por un posible caso de estafa por la adquisición de millones de mascarillas, vestimenta de bioseguridad y otros insumos médicos.

Compra de material urgente

De acuerdo con la información suministrada por la unidad, se pudo comprobar que el 19 de marzo de 2020 el ICS contrató a la empresa Basic Devices para la compra de material inicialmente valuado en 60.58 millones de euros. Los insumos específicamente correspondían con dos millones de mascarillas FFP2, otro lote por la misma cantidad de mascarillas quirúrgicos, dos millones de trajes de riesgo biológico, 50 respiradores pediátricos y 50 equipos de ventilación mecánica no invasiva de alta velocidad (VMNI) para niños y adultos destinados a las unidades de cuidados intensivos.

Para el 20 de marzo Hacienda y Economía, junto con el Departamento de la Vicepresidencia catalana, habían hecho efectivo una transferencia bancaria por la cantidad de 35 millones de euros, sin haber recibido los materiales. Ese mismo día en la tarde, fuentes ajenas a la Generalitat alertaron al Govern de lo que estaba sucediendo, por lo que la Vicepresidencia presentó una denuncia contra la empresa ante los Mossos, aunque sería retirada después de que la contratista demostrara evidencia que “aseguraba que no se trataba de una estafa”.

Entrando mayo de ese año, el ICS modificó finalmente el contrato tras la revisión de la demanda de los materiales. A todas estas, los insumos no habían llegado a los hospitales. Posteriormente se informó de que el importe se había reducido de poco más de 60 millones a 35 millones de euros. Fue el 3 de diciembre de ese año que se recibieron los materiales.

Pero fue a principios de este mes de febrero, casi dos años después, que la dirección de la OAC remitió dos informes, tras analizar los contratos efectuados, para las consellerias implicadas y el ICS, para que informen acerca de las “medidas adoptadas en relación con las irregularidades que se exponen y los recordatorios y recomendaciones que se formulan”.

Irregularidades halladas

A pesar de que la OAC reconoce la necesidad de adquirir estos materiales al inicio de la pandemia en España, igual señala una lista de irregularidades detectadas que “deben ser aclaradas”. Entre ellas destaca la falta de información del origen y contactos previos con la empresa que no permitió conocer las condiciones dadas para la adquisición de emergencia del material, así como no se pudo establecer la confiabilidad de la compañía debido a sus “débiles referencias”.

“Las consultas preliminares al encargo de emergencia realizado a Basic Devices no han sido ni aclaratorias ni transparentes”, reseña la oficina. “Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción”, añaden. También señalan una presunta prohibición para contratar a la empresa, pues resulta que la Basic Devices no estaba inscrita en el registro de Seguridad Social, debido a que los reglamentos establecen que las empresas licitadoras estén en regla en ese sistema. “Nos encontraríamos, pues, ante un contrato nulo”, dice Antifraude.

Además, la oficina señala que en los expedientes emanados por el ICS se ha detectado incongruencias con las fechas permitidas para hacer contratos por emergencia o anticipos. Por ejemplo, fue el 28 de marzo que se autorizó la adquisición de medidas urgentes contra la covid-19, sin embargo, ese permiso no incluía la realización de abonos anticipados.

Antifraude concluye que esta inversión se trató de “un acto de temeridad, que supuso tener que asumir un riesgo no controlado”. “La cantidad que se avanzó fue muy elevada, las referencias de la empresa destinataria de los 35 millones de euros eran débiles, todo ello en un entorno de mercado de máxima desconfianza y tensión”, aseguran. @mundiario