El salto cualitativo del modelo Montoro
La práctica coincidencia temporal entre el llamado caso Abalos/ García/ Cerdán y el conocido como caso Montoro suscita los inevitables análisis comparativos que, en una buena parte de las ocasiones, están realizadas desde la lógica de la confrontación política partidista.
El denominador común de ambos episodios resulta indiscutible: la presunta utilización de herramientas de las Administraciones públicas en favor de intereses de personas y grupos privados. Sin embargo, las diferencias son significativas. Por las investigaciones practicadas hasta el momento, los tres cargos políticos vinculados al PSOE habrían recibido, supuestamente, cantidades pagadas por algunas empresas beneficiadas en la adjudicación de obras públicas. En lo que se conoce respecto a las prácticas registradas en el ministerio que presidía Cristóbal Montoro hay un salto cualitativo: empresas importantes de sectores económicos relevantes utilizaron la intermediación de una consultora vinculada al ex-ministro de Hacienda para conseguir normas fiscales favorables.
Los indicios existentes apuntan a que Abalos, García y Cerdán protagonizaron el tradicional intercambio fraudulento (favores por dinero) en el ámbito de la gestión de las obras públicas. Algo que ya habíamos visto en otras administraciones dirigidas por cargos del PSOE o del PP. Lo que se va sabiendo de lo sucedido con el equipo de Montoro añade una dimensión ciertamente mas grave: los poderes ejecutivo y legislativo actuaron como correas de transmisión de las decisiones que se adoptaron en determinados círculos empresariales que poseían, obviamente, una gran capacidad para llevar sus deseos a las páginas del BOE.
Este último modelo de corrupción requiere de la concurrencia de dos circunstancias muy importantes: el papel proactivo de grupos empresariales que quieren fijar unas reglas de juego económico adaptadas a sus particulares intereses y un gobierno que -por acción o por omisión- asume la concreción de esa transgresión de los principios teóricos que deberían regular la vida económica. Estamos, pues, ante una ruptura de la propia lógica de funcionamiento del sistema: eliminar el criterio de la libre competencia vigente en un determinado marco regulatorio y promover la fusión explícita del poder económico con el poder político.
Las recientes declaraciones de M. Rajoy quitándole importancia a las investigaciones judiciales sobre su ex-ministro, utilizando como coartada argumental la defensa genérica de la presunción de inocencia, son ilustrativas del talante con el que enfrenta la dirigencia del PP este escándalo. Podría invocar su ignorancia sobre lo que estaba sucediendo –circunstancia que, en cualquiera caso, no constituiría un eximente sobre la comisión de las correspondientes responsabilidades políticas– y, al mismo tiempo, señalar que semejantes prácticas resultan incompatibles con el funcionamiento de un sistema democrático.
Aún en el supuesto de que Rajoy no hubiese sabido lo que hacía el responsable de la Hacienda Pública tendría que proclamar ahora, solemnemente, que su papel de avalista máximo de lo que se aprobaba en el Consejo de Ministros representó la página mas negra de su trayectoria política. No hacer esta pedagogía pública significa que no quieren asumir la gravedad de lo que se está conociendo en el "caso Montoro". Si Feijoo convocó recientemente una manifestación en Madrid con el estridente lema de "mafia o democracia" para denunciar los episodios en los que aparecen involucrados algunos colaboradores de Sánchez, ¿cómo tendría que denominar lo que está saliendo en las indagaciones sobre el "modus operandi" de uno de los principales responsables de las políticas fiscales de los gobiernos estatales del PP en los últimos 30 años?
Desde algunos sectores se está indicando que la carencia de una legislación española específica sobre las actividades de los "lobbies" es un factor explicativo de que ha ocurrido lo que ahora se está desvelando. Aceptando la necesidad de mejoras normativas que aseguren la limpieza en las relaciones entre los actores empresariales y las Administraciones públicas parece mas verosímil pensar en la hipótesis de la sensación de impunidad que habita en los grandes grupos empresariales por la pequeña penalización jurídica padecida en la mayor parte de los episodios de corrupción registrados en las últimas décadas y por el insuficiente deterioro experimentado en la reputación social de estas entidades. Desde hace tiempo es muy habitual escuchar o leer que "todos los políticos son iguales" –haciendo una injusta descalificación indiscriminada de la élite política– pero nunca constatamos una atribución simétrica de que "todas las empresas hacen prácticas fraudulentas".
Las instancias representativas de las patronales deberían abandonar el prolongado silencio en el que están instaladas y afirmar que la defensa de la independencia respecto a los poderes políticos democráticos forma parte inexcusable de su catálogo de compromisos con el tejido social en el que desenvuelven sus actividades. @mundiario
