¿Podría mediar un régimen no democrático para que vuelva la democracia a Venezuela?

La temperatura geopolítica en torno a Venezuela vuelve a subir. En un escenario ya cargado de incertidumbre —despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, advertencias de Caracas y un clima político interno volátil— se han sumado en los últimos días dos actores inesperados: Catar y Panamá. Ambos países han manifestado su disposición a mediar entre Washington y Caracas en un momento en el que cualquier movimiento parece capaz de alterar un equilibrio frágil.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al-Ansari, ha declarado que Doha está a la espera de que las partes soliciten formalmente sus oficios como mediador. “Estamos esperando a que alguien nos lo pida”, afirmó. La frase, en apariencia casual, no lo es tanto. El emirato ha construido en las dos últimas décadas una reputación de intermediario en conflictos complejos —desde Afganistán hasta Gaza—, apoyado en su músculo económico y en una diplomacia que busca situarlo como actor imprescindible en cualquier crisis internacional. Sin embargo, la eventual participación de Catar en un diálogo destinado a “recuperar la democracia” en Venezuela abre una paradoja evidente: el país que ofrece sus servicios no es una democracia.

Catar es una monarquía absoluta regida por la familia Al Thani. El emir concentra los poderes ejecutivo y legislativo, controla el sistema judicial y ejerce una autoridad que no proviene del voto universal, sino del linaje. Aunque existe una Asamblea Consultiva parcialmente electa, sus competencias son limitadas y el emir mantiene la capacidad de aprobar o vetar leyes a voluntad. Los partidos políticos están prohibidos, las libertades civiles estrangularon por normas de seguridad y los tribunales carecen de independencia en los casos más sensibles. A ello se suma un sistema laboral, el de la kafala, que pese a reformas recientes sigue dejando a los trabajadores migrantes expuestos a abusos. Doha ofrece estabilidad y eficacia administrativa, pero está lejos de los estándares democráticos que, al menos en el discurso, muchos desearían para Venezuela.

En este sentido, la disposición catarí puede tener más encaje si el foco real no es una transición democrática sino la búsqueda de acuerdos pragmáticos: garantías energéticas, contención migratoria, seguridad regional o reducción de tensiones entre Washington y Caracas sin entrar en cuestiones de fondo. En la diplomacia global actual, Catar funciona como un puente flexible, no como un referente político.

La posición panameña

Panamá, en cambio, representa un perfil distinto. Su vicecanciller, Carlos Hoyos, ha confirmado que el presidente José Raúl Mulino está dispuesto a acoger temporalmente a figuras del Gobierno venezolano “para contribuir a resolver la situación”. La propuesta refleja más la ansiedad regional que una vocación de protagonismo. Panamá teme que la crisis venezolana —y cualquier movimiento de Washington o Maduro— pueda “desestabilizar y afectar a todos”, en palabras del propio Hoyos. Aunque Panamá es una democracia constitucional con elecciones periódicas y separación formal de poderes, no está exenta de tensiones internas: parte de la ciudadanía duda de la calidad de su sistema, erosionado por desigualdades y por la percepción de que ciertos grupos concentran un poder excesivo. Aun así, sigue siendo un país con legitimidad democrática para promover soluciones institucionales frente al autoritarismo venezolano.

Mientras estos actores externos tantean su papel, en Caracas la retórica se endurece. Delcy Rodríguez ha instado a los trabajadores petroleros a mantenerse “muy alerta” frente a las actuaciones de Estados Unidos. Desde la sede de Petrocedeño, la vicepresidenta —una de las voces más combativas del chavismo— ha llamado a defender la soberanía venezolana con palabras que evocan una épica de resistencia. “Jamás colonia energética de ninguna potencia extranjera”, proclamó. Sus mensajes encajan en la estrategia habitual del Gobierno: elevar el tono nacionalista cada vez que percibe amenazas externas, reforzando la idea de Venezuela como víctima de un asedio internacional.

Un rumbo desconcertante

En paralelo, la política estadounidense mantiene un rumbo desconcertante. La Administración Trump —que ha reactivado su presión sobre Venezuela— mezcla insinuaciones sobre una posible acción directa en territorio venezolano con gestos aparentemente conciliadores como la reanudación de vuelos de repatriación de migrantes a Caracas. La presencia militar en el Caribe, inédita desde hace años, añade tensión a un contexto ya inflamable. La ambigüedad de Washington alimenta la especulación global: ¿estamos ante una intervención militar, una negociación encubierta o un ejercicio de presión táctica?

Lo que sí está claro es el impacto psicológico dentro de Venezuela. La oposición vuelve a debatirse entre la tentación de pensar que el final del chavismo está próximo y el peso de dos décadas de frustraciones. El episodio más reciente se vivió en las elecciones de julio del año pasado, cuando los líderes opositores aseguraron haber ganado y exigieron la publicación de las actas. Maduro se proclamó vencedor sin mostrarlas, en medio de un proceso plagado de opacidad, pero su control del Estado —y la falta de fisuras internas— volvió a imponerse.

El problema central no es nuevo: un desajuste persistente entre expectativas y realidad. En cada ciclo, la oposición ha sobreestimado la fragilidad del régimen y ha subestimado la solidez del entramado político, militar e institucional que sostiene al chavismo. Ese desfase ha generado una ciudadanía exhausta: unos, cautelosos; otros, resignados.

A esta ecuación se suma un elemento que pone al descubierto la dimensión humana de la crisis. La muerte del exgobernador Alfredo Díaz en la sede del Sebin ha reabierto la discusión sobre la responsabilidad del Estado respecto a los presos políticos. Según el Foro Penal, al menos 17 opositores han fallecido bajo custodia estatal desde 2014. Las condiciones denunciadas —aislamiento, falta de atención médica, visitas limitadas— no son excepciones, sino parte de un patrón documentado por organizaciones de derechos humanos. Cada caso refuerza la impresión de un deterioro institucional que ya no se limita al terreno político, sino que compromete la vida y la integridad de quienes caen en manos del aparato represivo.

Catar y Panamá ofrecen mediación desde posiciones y legitimidades distintas. Washington envía señales contradictorias. Y Caracas blande un discurso defensivo que alimenta la incertidumbre

En este escenario de tensiones cruzadas —diplomáticas, militares, internas y regionales— la pregunta que subyace es si la crisis venezolana se encamina hacia un nuevo punto de inflexión o si volverá a encallar en un déjà vu que el país conoce demasiado bien. Catar y Panamá ofrecen mediación desde posiciones y legitimidades muy distintas. Washington envía señales contradictorias. Y Caracas blande un discurso defensivo que alimenta la incertidumbre.

Venezuela, atrapada entre presiones externas y bloqueos internos, vuelve a situarse en una encrucijada. El desenlace, como tantas veces en los últimos veinte años, sigue siendo incierto. Pero el desgaste acumulado exige algo más que gestos simbólicos o movimientos tácticos: requiere un enfoque que reconozca la complejidad del conflicto y que no vuelva a confundir los deseos inmediatos con las posibilidades reales. Esa es, quizá, la lección más urgente para todos los actores implicados. @mundiario