La muerte del exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz, ocurrida este fin de semana en la sede del Sebin en El Helicoide, ha reavivado una pregunta que Venezuela arrastra desde hace una década: ¿qué ocurre puertas adentro de los centros de detención del Estado? El director del Foro Penal, Alfredo Romero, sostiene que lo sucedido no es un episodio aislado, sino parte de una serie de fallecimientos que debería obligar a un examen profundo de responsabilidades. Según sus datos, al menos 17 presos políticos han perdido la vida bajo custodia estatal desde 2014, una cifra que, por sí sola, interpela a las autoridades.

Romero recordó en un mensaje publicado en la red social X que la vida y la integridad de cualquier persona detenida son responsabilidad directa del Estado. En ese sentido, denunció que Díaz habría pasado el último año en condiciones extremas: aislado, con visitas limitadas —apenas una de su hija— y sin acceso adecuado a atención médica. Un cuadro que coincide con el patrón que han venido documentando organizaciones como el Foro Penal, Provea o el Observatorio Venezolano de Prisiones, y que incluye falta de tratamiento médico, prolongados periodos de aislamiento, torturas y condiciones insalubres.

Los nombres de quienes murieron bajo custodia dibujan una línea de continuidad difícil de ignorar. Desde el concejal Carlos García, fallecido en 2017 tras sufrir un ACV sin recibir atención adecuada, hasta el joven Jonathan Rodríguez, un ciudadano con autismo muerto este año por una infección pulmonar no tratada. En el camino figuran casos emblemáticos que suscitaron preguntas a nivel internacional: el de Fernando Albán, presentado oficialmente como un suicidio pese a las dudas de organismos multilaterales; el del capitán Rafael Acosta Arévalo, cuya autopsia reveló signos de tortura; o el del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 tras años de denuncias por malos tratos.

La lista sigue creciendo e incluye a opositores, funcionarios, activistas y ciudadanos detenidos en operativos posteriores a las elecciones presidenciales de 2025. Cada nombre añade una pieza más a un mosaico que, según expertos y organizaciones de derechos humanos, refleja un deterioro estructural y prolongado de las garantías fundamentales en Venezuela.

Presión internacional

La conmoción por el caso de Díaz ha reactivado la presión sobre las instituciones. Organismos nacionales e internacionales insisten en la necesidad de investigaciones independientes, un punto sobre el que organismos como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU han sido especialmente claros. En sus informes, la misión ha identificado patrones de tortura, tratos crueles y negligencia médica como prácticas usadas con fines de represión política.

La ausencia de sanciones y de procesos transparentes alimenta la percepción de impunidad. Para los familiares, cada fallecimiento no solo supone una pérdida irreparable, sino la confirmación de que el sistema penitenciario venezolano carece de controles eficaces y mecanismos de supervisión. Y para los defensores de derechos humanos, cada caso es un recordatorio de que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno que se repite, se acumula y se agrava.

En un país marcado por la polarización política, la muerte de un preso bajo custodia estatal debería abrir un espacio de consenso mínimo: el reconocimiento de que el Estado tiene un deber ineludible de protección sobre quienes están privados de libertad. El Foro Penal insiste en ello desde hace años, subrayando que cada nueva muerte no solo aumenta la responsabilidad institucional, sino que amplía el registro de violaciones sistemáticas.

El desafío para Venezuela no es solo esclarecer lo ocurrido con Alfredo Díaz, sino romper con una lógica que ha normalizado lo inaceptable. Mientras eso no ocurra, la lista de víctimas seguirá siendo una herida abierta y un recordatorio incómodo de los límites de la justicia en el país. @mundiario

Las víctimas más conocidas

Según El Nacional, entre las víctimas más conocidas figuran: Carlos García (2017): Concejal. Falleció por un ACV sin atención adecuada. Fernando Albán (2018): Exconcejal opositor. Su muerte fue presentada como un suicidio, pero organismos internacionales han cuestionado la versión oficial. Nelson Martínez (2018): Exministro de Petróleo. Murió sin recibir tratamiento médico oportuno. Rafael Acosta Arévalo (2019): El capitán de corbeta llegó sin poder mantenerse en pie a su audiencia. Su autopsia reveló signos de tortura. Raúl Isaías Baduel (2021): General y exministro. Falleció en custodia tras años de detención y denuncias de maltrato. Salvador Franco (2021): Perteneciente al pueblo indígena pemón, murió por falta de atención médica pese a órdenes judiciales. Juan Almeida (2023): Experto informático. Murió por complicaciones de salud no tratadas. Jonathan Rodríguez (2025): Joven con autismo, murió por una infección pulmonar severa sin atención médica. Wilmer García, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Georman León (2025): También fallecidos tras detenciones arbitrarias después de las elecciones presidenciales del 28 de julo de 2024. Alfredo Díaz: La muerte del exgobernador de Nueva Esparta se produjo este fin de semana. @mundiario