El nuevo mapa de Israel puede confirmar un gran retroceso jurídico

En 1945, casi terminando la IIGM, se había descubierto el gran Holocausto en los campos de exterminio nazis. Y en 1947 la Resolución 180 de la ONU aprobó la partición del territorio que estaba bajo mandato británico en dos estados: Israel y el Estado Palestino. Cuantos docentes explicaban “la cuestión del Oriente Medio”, cada curso tuvieron que cambiar los mapas políticos de aquella zona estratégica y, “en presencia de la ausencia”creciente, de que hablaba el poeta Mahmud Darwish, fueron contando las sucesivas disminuciones del territorio para los palestinos y la expansión del que sucesivas guerras fueron entregando a los colonos israelíes. Con más o menos acierto, durante todos estos años y, sobre todo entre los que van después de la “Guerra de los seis días”, en junio de 1967, las generaciones de estudiantes españoles, desde que se estableció el COU de la Ley General de Educación en 1970, tuvieron una explicación más o menos acertada de lo que se cocinaba en esa parte del mundo. Que no era algo exclusivo del debate territorial, lo vieron pronto en 1973 con la crisis del petróleo, y si repasan sus libros, apuntes y recuerdos es posible que puedan asociarle historias nada colaterales, como la crisis del Canal de Suez en 1956, y, del tiempo posterior, una retahíla de conflictos que alcanzaron también a Irán, Irak y otros territorios de esa clave de comunicaciones comerciales entre Asia y Europa.

En todas las confrontaciones, un Israel victorioso y cada vez mejor pertrechado, afianzaba una posición no sólo territorial, sino también en el plano favorable a cuantos tienen poder económico suficiente para justificar tanta conflictividad desde el plano jurídico de las relaciones internacionales. Lo que estos días se ventilará en el Cairo, no sólo es prácticamente la extinción de la Palestina anterior a estos 78 últimos años, sino también una mentalidad arruinada en el plano geoestratégico. Una vez más en la Historia de la humanidad, estamos a punto de ver confirmada una ley primitiva y, en aspectos fundamentales, contraria a cuanto avance en el derecho de Gentes primero, y en el de la Declaración Universal de Derechos Humanos pudo establecer también la ONU, en París, un después de lo de Palestina, el 10 de diciembre de 1948.

Esta regresión es ajena a todo  apoyo a los masacrados en Gaza y Cisjordania. Las múltiples manifestaciones que se han sucedido estos días en toda Europa -por mucho que hayan crecido en cantidad de personas protestando por tanta muerte inútil y tanto odio acumulado- no les importan a los avariciosos acaparadores de lo que no es suyo. Y lo peor es que gestos simbólicos como el de los voluntarios de la flotilla de la Libertad, con su llamada de atención sobre lo que en Gaza estaba aconteciendo, no sólo fueron repelidos por los militares israelís con la fuerza y los insultos contra el derecho internacional, sino que ha sido motivo de gran repulsa parlamentaria. En la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad y sus segundos de a bordo han sacado a pasear sus propio desprecio pretendiendo educar a los madrileños hace cuatro días en lo que conviene o no al orden político y social que protegen.

Es este uno de esos momentos fuertes en que merece la pena repensarlo casi todo. Por ejemplo, si hemos avanzado tanto como sugiere que estemos en 2025 y no en plena etapa feudal, cuando el señor era el dueño, hasta del derecho a la vida y los siervos debían  servicios y prestaciones a sus conveniencias y antojos. ¿Tanto “progreso” ha desarrollado el ser humano, para que todos los días se reconforte a la hora en que el telediario le muestra lo plácido que es no estar entre las 67.000  personas que en dos años ha visto morir? ¿Por qué no pensar que, por idénticas sinrazones, le puede tocar a él o a sus hijos una lotería semejante, sin que nadie se conmueva ni proteste? La cuestión no es si se repite la Historia o no, ni si hay unas fuerzas superiores que determinan el destino del mundo. La cuestión es que, de algún modo, en los países democráticos todos somos responsables porque votamos a unos u otros gobernantes, conscientes de que creemos que defienden mejor nuestros intereses que sus adversarios y, ante situaciones de este tipo, están ahí pero no defienden los derechos que son de todos y garantía para todos. A veces,  hacen lo que pueden, pero oyendo a otros y otras, es penoso. Ese es el destino: lo que marca una repetida inclinación a decisiones mal tomadas, por mala información o por desidia.

Quienes llevan años trabajando en el mundo educativo, pueden añadir otra gran duda. Tiene que ver con las quejas sobre el poco alcance que suelen tener en sus aulas las reformas educativas. Algunos recuerdan todavía la Ley de Enseñanza Media de 1938, otros alaban mucho la de 1953, de Ruiz Jiménez; son más los que no se apean de que la LGE de 1970 era fenomenal, otros dicen lo mismo de la LOGSE, veinte años posterior, y, en fin, la LGE de 2006, la LOMCE de 2013 y la LOMLOE de 2020. Es raro que coincidan en sus valoraciones, pero siguen en muchísimas conversaciones en los claustros de los centros educativos. A los múltiples cambios normativos vividos  en el transcurso de su tiempo docente, les sucede algo parecido a lo que ha acontecido en Palestina en el mismo período.  El Libro blanco de la LGE decía en 1969 que “la desigualdad inevitable de los dones, determina siempre un horizonte de posibilidades”, y cuantas normas educativas vinieron después -igual que todas las que hubo desde el Reglamento General de 1821 – en buena medida reiterado en 1857 por la “Ley Moyano”-, no han cesado de dejar fuera de su atención altas proporciones de analfabetismo y semianalfabetismo, que no cesan de aparecer en los sucesivos Informes de la OCDE desde 1962.

No parece que, incluso ciñéndonos a la etapa de restauración democrática,  se haya frenado la desatención a una educación común digna y equitativa. Cuando el gran riesgo de la democracia actual es  liquidar los derechos sociales, los “nacidos para perder” -como los  llamaba el sociólogo Rafael Feito en 1990- siguen perdiendo el de la educación. No cesa, sin embargo, una historia interminable de disensos, en que no llega el día de un “pacto escolar” que reajuste lo que no ajustó el artículo 27 de la Constitución en 1978.  Llevamos desde entonces nueve leyes orgánicas, sin haberlo logrado. @mundiario