Neoliberalismo y educación

Convocan ruidosas manifestaciones que, en la “rebelión nacional” que proclaman, su fidelidad a viejas alianzas no cuenta que  el neoliberalismo esté colonizando e hipotecando el derecho a una buena educación.

Pasado y presente liberal

Un pequeño libro, editado recientemente por la FECCOO llama la atención sobre el desgaste que produce a la sana convivencia democrática. La relación neoliberal con la enseñanza prolonga  una historia en que su cometido era  conservar el futuro sociopolítico dentro del “buen orden”. Lo pretendió siempre la catequesis confesional y sus “misioneros” quienes, para tener “buenos feligreses”,  procuraron preservar esa empresa cuando, en 1892, el Estado francés quiso tener “buenos ciudadanos”. Esto explica que los objetivos generales de la educación de los españoles -que anunció la Constitución de 1812-, descuidados con su conciencia crítica, los atosigaran con la “urbanidad” debida a los principios “naturales” de la Economía política y la altivez social. Desde la Ley Moyano (1857), aún son excepcionales los momentos en que el Estado se haya empeñado en que la educación de todos fuera emancipadora. La legislada en la Constitución de 1931 fue depurada severamente y, cuando las generaciones de posguerra, ayunas de ella, refrendaron la CE78, el optimista Estado de Bienestar -que en Europa disfrutaban desde el Plan Beveridge (1942)- enseguida mostró señales críticas bajo la mirada atenta de Thatcher (1979) y Reagan (1980).

La caída del Muro de Berlín (1989) marcó la reversión de las políticas sociales posteriores a la IIGM. El neoliberalismo restauró el viejo liberalismo, y sucesivas reconversiones de los modos de producción, huelgas y crisis, evidenciaron en España cómo las desregulaciones de las relaciones laborales marcaban el camino que un mediatizado sistema educativo mostraría desde la LOECE (1980): las ocho siguientes modificaron el lenguaje pedagógico pero no han cesado de repetir un “sí pero no” parecido al del ingreso en la OTAN (1982). En Francia y EEUU, ya se habían estudiado  los rasgos desiguales que “la escuela capitalista” propagaba al dictado del libre mercado, y Carlos Lerena escribió, en 1983, Reprimir y Liberar, y libros de sociología “crítica” anduvieron un tiempo en manos de esperanzados docentes de las “alternativas democráticas”, MRPs y pocos más. Sin embargo, la doctrina del PP puso en primer plano la “calidad educativa”, la “libre elección de centro” y la “competitividad”. Eran los años noventa. Estos sintagmas -denotados de productividad neoliberal- volvían a reorientar “los objetivos” y la “evaluación” que con la guía de la OCDE habían perfilado, desde 1962, el fordismo y taylorismo curricular en provecho del “desarrollismo” de la LGE (1970).

Antes de la LOMCE (2013), los especialistas en “políticas educativas” habían escrito abundante bibliografía para saber de qué iba aquella fórmula mágica de “mejora de la calidad” que pretextaba la 8ª ley orgánica del sistema escolar. También algunos autores de este libro contribuyeron a desvelar de qué se había trufado el “aconfesional” sistema educativo surgido del artc. 27CE y de los Acuerdos con el Vaticano, una amalgama que condiciona el presente educativo.

Cuestión político-educativa pendiente

En estas páginas, hacen inteligible gran parte del ADN que circula en las aulas. Según Juan José Tamayo, urge hacer una educación “alternativa”, capaz de generar respuestas “emancipadoras” a las propuestas de odio, patriarcalismo y  neocolonialismo e individualismo consumista que siembran a diario las prácticas neoliberales. Miguel López Melero da a continuación las claves educativas para formar una “ciudadanía culta, libre, dialogante, solidaria, cooperativa, democrática, justa, autónoma, pacífica y feliz”.  Tal como lo ve Mª José Parages (Proyecto Roma), la tensión para conformar una educación ciudadana ha que traducirse en un trabajo curricular de aula “entre todos, y para todos y todas”; sólo una educación pública consecuente puede lograrlo.  En esa línea, Xurxo Torres, entiende que la función cabal de profesores y profesoras es ser “activistas sociales”; desvelar las incrustaciones  neoliberales vigentes en las palabras, relatos conversacionales, medios de comunicación e, incluso en las propias instituciones, no es posible sin ayudar al alumnado a liberarlas –y liberarse-  de los significados antisociales.

Para erradicar las carencias que la hegemonía neoliberal deja en  el sistema, Carmen Heredero, entiende que es  indispensable nutrirlo con “la tolerancia, inclusión y libertad a que ha colaborado el feminismo”. El sentido igualitario de sus iniciativas para erradicar comportamientos y actitudes patriarcales, es fundamental para el desarrollo de los derechos humanos; sin un vigilante trabajo pedagógico por atender en las aulas a las alumnas y alumnos en igualdad, muchos desigualdades seguirán latentes, especialmente en cuanto a reconocimiento de su diversidad individual. A su vez, Enrique Díez plantea otras dos cuestiones de las que más tensan la sociedad actual: el fascismo y la xenofobia, otras dos caras del mismo afán de dominio que exhiben algunas personas y grupos. El planteamiento es muy llano: “¿Cómo es posible –se pregunta este autor- que tantas personas hayan pasado por las aulas y el sistema educativo público durante la democracia, y defiendan en pleno siglo XXI postulados e ideologías […] que apoyan  sistemas basados  en el egoísmo y la lógica depredadora del más fuerte. ¿Qué hemos hecho en la educación?”.

Responder a esa cuestión es más complicado si se advierte que, en la red pública, es obligada la Religión como materia opcional, o que es  reclamo directo de la oportunista “libertad de elección de centro”. Lo enarbola  un creciente número de plazas escolares, privadas o concertadas, muy superior al de católicos practicantes, si bien la consideración neoliberal de la educación como negocio se vale ahora, sin tanta ambigüedad, de “proyectos” más explícitos. En el desarrollo de la FP, por ejemplo, la colaboración de instancias políticas ralentiza u obstruye que los centros públicos impartan  los módulos más atractivos, mientras facilita que los rentabilicen los inversores privados.

La desleal competencia entre Privada y Pública solo conduce a que, con parches de subsidiariedad –vigentes desde los años cuarenta y cincuenta-, el sistema educativo nunca tenga la eficiencia debida en la convivencia ciudadana.  Según Rocío Anguita, es imprescindible “que sea inclusivo, democrático y pendiente del bien común”.  En otro plano , Nico Hitt entiende que no es honrado que, cuando tiene que acoger toda la pluralidad, se centre en “la competición” y no en  “las competencias” del alumnado. Lo que, como final constata, Borja Llorente constata es la confusa mezcla actual de  la educación española, en que modos liberales antiguos cohabitan con otros de apariencia actual haciendo que un derecho humano principal “sea visto, ante todo, como bien de consumo”. En coherencia, la dura realidad de  los nuevos modelos productivos exige más disponibilidad para la flexibilidad laboral y su desregulación normativa hasta la uberización. El cliente de este libre mercado educativo ha de creer, como expresa una canción de Shakira, que lo tiene “todo para ser millonario, gastos caros, la mentalidad”, pero sin  enterarse de su salario. No parece, en todo caso, que sea ese el papel que -ni como comparsa- deba cumplir un sistema educativo público en un país democrático. @mundiario