¿Es la educación pública una “empresa estratégica”?
La compra de un 9´9% del accionariado de Telefónica ha evidenciado que es una “empresa estratégica”; de formalizarse, STC, un fondo soberano de Arabia Saudí, pasaría a ser accionista principal. Se han apresurado a decir que era un acto amistoso en la lógica del libre mercado, pero aunque han expresado que no tenían intención de entrar en la dinámica interna de la empresa, enseguida han aparecido voces discrepantes respecto a la operación financiera.
Empresas “estratégicas”
La condición “estratégica” de Telefónica obliga a que no se vea condicionado el secreto de sus innovaciones, el control de los códigos de acceso a datos de índole militar y, también, cuantos tengan que ver con las libertades democráticas y la seguridad nacional. Por eso en la UE tienen puesta la atención en la capacidad inversora de países como China o Arabia, con recursos sobrados para intervenir en empresas como las de telecomunicación, por las que se vehicula información sensible. Después de que las autoridades militares analicen esta operación financiera, se verá si pasa a ser efectiva. En todo caso, el aviso de esta muestra cómo, en la escena de la Economía política internacional, formas innovadoras de neocolonización, son ajenas a los intereses del desarrollo independiente de los ciudadanos de un país concreto. Otros, ajenos, pueden doblegarlos y la globalización ha encontrado maneras de hacerlo, distintas del pasado. Las empleadas en esta compra silenciosa durante los seis o siete meses últimos darían para una novela de intriga. Hacen patente, además, la dificultad de los Estados –por “serios” que digan ser- para regular los flujos del dinero en su búsqueda de rentabilidad. Ante las restricciones reguladoras, el “libre mercado” suele apañarse bien para aparentar vocación “social” en sus operaciones. La ingeniería de comunicación que despliegan empieza por considerar el intervencionismo estatal como un grave pecado dentro de la cultura económica reinante y, enseguida pasan a las maneras prepotentes de imposición de sus condiciones.
La alerta que la operación en Telefónica ha suscitado contrasta con las llevadas a cabo en sectores como el eléctrico o el bancario, en que empresas de implantación en todo el Estado o tan solo en alguna Comunidad han pasado a ser gestionadas según los intereses de terceros países, bien desde empresas públicas, o bien desde otras privadas. La existencia de marcas empresariales en manos extranjeras es un hábito ya arraigado en que autopistas, transporte y grandes empresas están controladas por grandes grupos extranjeros. En 2014, El Economista titulaba: “Los extranjeros se quedan con iconos empresariales, marcas señeras y edificios emblemáticos”. En 2022, Atlántico informaba de que “multinacionales extranjeras y fondos de inversión toman el control empresarial de Vigo”. Titulares similares se repiten, no solo respecto a un área concreta de la Península, ya abarcan un tiempo bastante largo, en que ya repiten el título de un libro de Francisco Jurdao Arrones: España en venta (Madrid: Ayuso,1979), en que analizaba lo que, como secretario de un ayuntamiento costero, detectaba en Málaga en el trasvase de fincas rústicas para hoteles, resorts y urbanizaciones de extranjeros. Según contaba en un artículo de aquellos años, ”el chorizo de su pueblo ya no era de su pueblo”: su producción y comercialización había pasado a manos ajenas.
Modelo productivo/Modelo educativo
La relevante presencia de capital extranjero en muchos sectores de actividad –incluidos los que generan más ocupación laboral- habla de los límites de nuestro modelo de producción. Es difícil, incluso, encontrar un sector en que el concepto de “empresa estratégica” no pueda ser invocado para algunas empresas como ahora se invoca para que el Estado, con su acción de oro, valide o no la operación transnacional de Telefónica sin que España deje de tener su control. Hay campos de actividad que, como la Sanidad o la atención a la tercera edad, cubren aspectos sociales principales, debieran tener disponibilidad, ante todo, para atender las dificultades de la ciudadanía. Y en un Estado de Bienestar no mediatizado, igual debiera suceder con los que ayuden a conformar la sensibilidad colectiva, función que corresponde en particular al sistema educativo. Según esté conformada su estructura e ingredientes principales -especialmente n sus etapas escolares obligatorias-, podremos decir si su tratamiento es el de una “empresa estratégica”.
Sería contradictorio que lo fuera si se da preferencia a que sea objeto de negocio, y menos si además la parte que está en manos privadas, trata de echar constantemente al Estado un pulso de supuesta “libertad de elección”, que acaba siempre en desigualdad para los ciudadanos. Es buen momento para comprobarlo. Acaba de empezar el curso 23-24 y, en Madrid, el pasado sábado, día nueve de septiembre, a las doce de la mañana, otra de las muchas manifestaciones que tanto ha visto pasar la estatua de Cibeles para denunciar las carencias del sistema escolar existente, indica que la Educación, aunque tenga ministerio y 17 consejerías en toda España, es empresa “poco estratégica”. En alguna Comunidad, incluso hay una Subdirección encargada de atender a la creciente competencia privada con la red estrictamente pública: más del 30% de escolares tienen plaza privada o concertada, y en alguna ciudad importante el porcentaje se dobla. Las estadísticas son fruto del mimo con que, desde antes de la CE78, se ha fomentado esta divisoria educativa, exponente de otras muchas, de las que a veces, se culpa hipócritamente al sistema escolar cuando aparecen situaciones problemáticas. De lo poco estratégica que se considera la educación de todos, dio cuenta el manifiesto que se leyó al final de la citada manifestación que demandaba “EL DINERO PÚBLICO PARA LA PÚBLICA”. Como la realidad de las aulas suele tener poco que ver con las exaltaciones retóricas, añadían: “NO AL SAQUEO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”. Los diez puntos específicos en que se centraban eran muy concretos y fáciles de entender a quien corresponda, votantes incluidos. Seguiremos distrayéndonos, sin embargo, con la cuestión territorial de “la unidad de España”.
En las Comunidades más reacias a reconocer la relevancia de la educación pública como “empresa estratégica”, revive entretanto la censura a cuanto suene a mínima coherencia en un currículum actualizado de la cultura escolar. Han transcurrido 45 años desde la CE78 y no parece importar; al final, la gran mayoría de españoles, después de su enseñanza obligatoria, trabajará en empleos que, en gran medida, expresarán, como analizaba David Graeber, miseria y sinsentido existencial. @mundiario
