El imprescindible debate territorial en España

El lehendakari Íñigo Urkullu, en su artículo-propuesta del 31 de agosto en el diario El País, realiza una labor muy conveniente para centrar un debate, quizá durante mucho tiempo aplazado, y casi siempre distorsionado por un tipo u otro de intereses. Su propuesta pretende circunscribirse a la disposición adicional primera de la Constitución Española, que se refiere al amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales, y que advierte que la actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, “en su caso”, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Intenta Urkullu, pienso que sabiamente, introducir el debate territorial al margen de cualquier modificación constitucional, y sin cuestionar los preceptos de la Constitución, aunque en algunas partes del texto introduce -de forma ambigua, y casi como un desliz- el concepto del derecho a decidir. Aunque en cualquier caso creo que pretende eludir la discusión previa sobre referéndums de autodeterminación, que envenenaría por adelantado el diálogo y el debate; dando así prioridad al contenido de las propuestas, y sometidas éstas a los procedimientos que la propia disposición adicional invocada establece, y que los inserta en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Es un fino y hábil planteamiento, que, aunque en algunas formulaciones pise por fuera la línea constitucional, nadie podrá acusarle de que se sitúa fuera de la Carta Magna. Lo que sí hace, por extensión, es pasar estrictamente de los territorios forales a los que no lo son, introduciendo el concepto de nacionalidades históricas que, aunque no está como tal explícitamente definido en la Constitución, sí queda reconocido en su artículo 2º cuando habla de “nacionalidades y regiones”.

No soy quién para explicar lo que Urkullu pretende decir o proponer, pero me atrevo a interpretar que, por un lado, trata de allanar al camino de un acuerdo de investidura, y por otro trata de introducir un debate que no se puede eludir por más tiempo, como es el del papel de las nacionalidades en el conjunto del Estado definido por el artículo 2º de la Constitución. A la vez que aplaza en el tiempo las decisiones, y permite que se haga en un debate que no se acabe en un mes, sino que permita tener en cuenta todas las posiciones y toda la problemática que un asunto tan delicado y lleno de matices requiere. Por eso establece la propuesta de darse un año para realizar una convención constitucional que aborde las propuestas.

No es un planteamiento estrictamente jurídico el que hace (aunque tenga detrás los pertinentes análisis que avalen su legalidad), sino una propuesta política, que aporta utilidad y viabilidad a un debate pacífico, y que permita unas negociaciones que no reproduzcan situaciones de ruptura, ni posiciones irreductibles.

El tema de las nacionalidades ya se debatió hace 45 años cuando se discutía el texto constitucional, y tuvo oposiciones como las de Julián Marías (lo consideraba “ambiguo, discriminatorio y peligroso”), Fraga Iribarne (“confuso”), Fernández Miranda (“peligroso”), o Martín Retortillo y Cela (“peligroso”), así como posiciones que propugnaban que no se definiera a España como Nación: como el caso de Heribert Barrera, Letamendía, Bandrés y Xirinacs, que defendieron enmiendas que venían a decir que “España no es una nación, sino un Estado formado por un conjunto de naciones”, así como enmiendas del propio PNV (que afirmaba que “La Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran España”), y de la Minoría Catalana ("La Constitución se fundamente en la unidad de España, la solidaridad entre sus Pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran”).

Significativamente, las propias enmiendas (aunque no prosperaron) dan todas por buenas la unidad, la solidaridad y la autonomía entre los territorios. Principios cuya formulación definitiva obtuvo en el Congreso 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones. Y en el Senado 140 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones.

Es también significativo cómo en el debate se intercambiaban los conceptos de nacionalidades y nación, y cómo las nacionalidades (casi siempre tratadas en plural) contaban con definiciones bastantes precisas. Sólo algunos ejemplos:

Herrero Rodríguez de Miñón: “Hechos diferenciales con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad”.

Roca Junyent: “Nación sin Estado, con personalidad cultural, histórica y política propia, dentro de la realidad plurinacional de España como nación de naciones”.

Solé Tura: "Un Estado de conciencia colectiva que se fundamenta no sólo en la historia, en el pasado común, en la lengua, en la cultura o en la realidad económica, sino también en una forma determinada de concebir su propia realidad frente a las otras”.

Peces Barba: “La existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo contrario, hace más real y más posible la existencia de esa nación que para nosotros es fundamental, que es el conjunto y la absorción de todas las demás, y que se llama España”.

Definiciones todas ellas de personas que votaron favorablemente y defendieron la Constitución.

El juego que -viniendo de una situación rotundamente traumática como la de Cataluña- han desempeñado en la pasada legislatura los partidos independentistas, en la articulación de leyes social, económicamente, y en el campo de los derechos civiles, avanzadas, y los propios resultados electorales, que obligan a los grandes partidos estatales a tener que contar con los partidos nacionalistas periféricos, creo que están señalando con creces que es el momento de no eludir por más tiempo el hecho de afrontar la cuestión territorial en España. Lo cual le da un gran valor de articulación a la propuesta de Urkullu. Propuesta que, por provenir de un presidente de nacionalidad se ciñe (aun dentro de los principios de la Constitución) a la problemática de las llamadas nacionalidades históricas, a las que él suma Navarra, por encontrarse, como foral, dentro de los términos de la disposición adicional 1ª.

Para hacer más completa la metodología que plantea, y para implicar más al conjunto de la ciudadanía española, el foro que propone debe asumir otros problemas que atañen a todos, como es, por ejemplo, el de la financiación autonómica. Y, por supuesto, el de cómo tratar el tema de la solidaridad entre territorios y ciudadanos, y el de cómo integrar y consolidar la unidad y los principios básicos que define la constitución.

Es, pues, una iniciativa fecunda, cuya preparación de su debate posiblemente necesite más de un año, y en el que hay que implicar al conjunto de las autonomías y, por supuesto, al conjunto de los representantes de la Soberanía. De las conclusiones del debate, y siguiendo los procedimientos constitucionales, tal como propone el propio Urkullu, habrá de salir una ley orgánica, que tal vez haya de recoger las modificaciones de cada Estatuto, y que tendrá que ser sometida a referéndum en cada comunidad, desarrollando así una modalidad perfectamente válida del derecho a decidir.

Otro tema, como la transformación del Senado en cámara de representación territorial, deberá esperar a una modificación de la Constitución. Aunque si somos capaces de articular un debate pacífico, razonado y con un suficiente consenso, habremos andado un camino importante para esa modificación.

Es una propuesta que tiene el valor de que la negociación de la investidura se concrete en compromisos concretos y sustanciales, y de mantener en el tiempo a todos los intervinientes implicados tanto en la colaboración para lograr una mejor gobernanza, como para trabajar juntos en una transformación estratégica del Estado. @mundiario