Oportunidades y dificultades de la propuesta de Urkullu
El reciente artículo de Iñigo Urkullu en el diario El País ha reabierto el debate –por lo demás, nunca concluido– sobre la estructuración territorial del Estado español. Es cierto que estamos ante una opinión emitida en formato periodístico y que, por lo tanto, no se trata de un documento debidamente sistematizado y formalizado asumido por el actual presidente del Gobierno vasco. No se le pueden pedir los niveles de precisión y concreción que serían exigibles a una resolución aprobada por el PNV o por el propio Gobierno de Euskadi (hipótesis por lo demás inviable debido a la presencia del PSE en el propio ejecutivo vasco).
Para contextualizar este texto, entiendo pertinente recordar un acontecimiento registrado en el mes de julio de 1998. En esa fecha nació la conocida como Declaración de Barcelona, suscrita por PNV, CiU y BNG. En aquel momento, José María Aznar estaba en la Moncloa, sin mayoría absoluta y con un pacto de investidura acordado, en 1996, con los partidos que administraban el poder autonómico en Cataluña y en el País Vasco. La Declaración señalaba dos horizontes. A medio y largo plazo postulaba una serie de cambios en la arquitectura territorial que requerirían el cambio de la normativa constitucional. A corto plazo, las tres fuerzas políticas nacionalistas reclamaban la necesidad de una nueva cultura política que permitiera, mediante el diálogo y el acuerdo, realizar una lectura del texto constitucional más acorde con la realidad plurinacional y plurilingüística característica del Estado español.
El artículo de Íñigo Urkullu es, en parte, hijo de esa circunstancia histórica ocurrida hace ahora 25 años. Es verdad que el mapa político ha cambiado tanto en el ámbito estatal como en el interior de las tres comunidades históricas concernidas. Existen nuevas formaciones políticas (Sumar, Vox), se han desarrollado nuevas dinámicas en el seno del PP y del Partido Socialista (tendentes a un uniformismo centralizador en el primer caso y más proclives al entendimiento con los nacionalismos periféricos en lo que afecta a la dirección encabezada por Pedro Sánchez) y se ha modificado la morfología política en Euskadi (desaparición de ETA, refundación de la izquierda abertzale y notable crecimiento electoral de Bildu) y en Cataluña (mutación del autonomismo de CiU en el independentismo de Junts y reforzamiento de ERC en el escenario institucional). En Galicia, la dimensión de los cambios ha sido mucho más reducida (el PP conserva su dominio hegemónico y el BNG sigue ostentando la exclusiva de la representación nacionalista aunque ha perdido la pluralidad interna que poseía en la década de los 90 del pasado siglo).
El texto de Urkullu es susceptible de merecer análisis y reflexiones en dos planos diferenciados. En el ámbito académico-doctrinal ya está provocando opiniones sobre el encaje de algunas de las medidas formuladas en el actual ordenamiento constitucional y puntos de vista contrapuestos acerca de la metodología propuesta por el lendakari para hacer efectivos los cambios que propugna en su escrito.
Hay otro territorio posible para el debate: la capacidad que pueda tener la oferta de Urkullu para contribuir a la construcción de un nuevo consenso en el universo de la política en torno a la estructuración territorial del Estado. A favor del eventual éxito de la misma actúan dos factores relevantes. Uno: se trata de una propuesta que no está restringida al marco territorial vasco sino que va dirigida a todas las formaciones que, más allá de donde operen, tengan la voluntad de encontrar un denominador común en el tratamiento de las cuestiones relativas al autogobierno de las Comunidades. Y otro: se quiere trabajar en el ámbito de la propia legalidad constitucional, acometiendo nuevas lecturas de la misma que resulten más integradoras que las actuales.
Resultaría poco realista, desconocer o esconder las dificultades que tiene enfrente la propuesta dibujada en el artículo ya citado. Enumeremos brevemente algunas de ellas: las hipotecas que ha asumido el PP en su discurso territorial para gobernar con Vox en varias comunidades autónomas; las dificultades que muestra el independentismo catalán para modificar su hoja de ruta y buscar objetivos políticos que no pasen por la consecución de una Cataluña independiente a corto plazo; la relativa debilidad del nacionalismo gallego para aprovechar la oportunidad que le ofrece la propuesta de Urkullu.
A diferencia de lo que ocurría en 1998, el PNV tiene hoy una situación complicada en sus relaciones con los grupos nacionalistas de Cataluña y Galicia. Junts no le proporciona la afinidad contrastada de la vieja Convergencia de Pujol (o de la Unió Democrática de Durán LLeida). En Galicia carece de interlocutor mínimamente representativo: el BNG ha optado por una relación preferente con Bildu y ha dejado al centenario partido vasco en la tesitura de buscar la cuadratura del círculo con el PPdG.
En cualquier caso, el debate está servido. A pesar de todas las dificultades y limitaciones siempre es mejor eso que el silencio o el retorno a los lugares comunes. @mundiario
