El Gobierno se vuelve a equivocar en el nombramiento de Fiscal General del Estado
Acaba de hacerse público el nombre de la fiscal Teresa Peramato como próxima Fiscal General del Estado. Vaya por delante de estas líneas que no pongo en cuestión de ninguna manera la valía y trayectoria profesional de Peramato, con más de 35 años de servicios en la carrera fiscal y en la cumbre de la misma al desempeñar una jefatura de sala del Tribunal Supremo.
Pero, a tenor de lo que ha pasado en la Fiscalía General en estos años desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, no parece que la elección por la que se ha decantado finalmente el Gobierno sea la más indicada.
En efecto, el primer nombramiento de Fiscal General del Estado de Pedro Sánchez recayó también en otra mujer, también fiscal de carrera, María José Segarra, que fue nombrada Fiscal General del Estado en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y también perteneciente a la UPF.
Durante su mandato, destacó por mantener un perfil bajo y tomar posiciones importantes, como en el juicio del procés, donde la Fiscalía acusó a los líderes independentistas del delito de rebelión. Sin embargo, sería sustituida en 2020 por otra fiscal de carrera, Dolores Delgado, que dejaba el Ministerio de Justicia para asumir la dirección máxima de la Fiscalía entre la polémica de su nombramiento y el resultado de una gestión manifiestamente mejorable, con muy escaso recorrido material y temporal. Sería así sustituida en 2022 por su candidato al cargo, Álvaro García Ortiz.
No hará falta detenerse en la trayectoria de este último al frente de la Fiscalía General del Estado, que ha finalizado tan penosamente y que ya no había tenido un buen comienzo cuando su nombramiento fue informado desfavorablemente por el Consejo General del Poder Judicial, en el preceptivo trámite de audiencia a este órgano constitucional.
Una faena de aliño
Ahora nos encontramos con la tercera mujer que va a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado desde que el Partido Socialista recuperó el Gobierno en 2018. Creo que Bolaños y Sánchez han tirado por la calle de en medio mediante una faena de aliño que supone, en definitiva, dar continuidad al mandato del fiscal dimitido, y quizá también rehabilitarlo de alguna manera al hacerle caso con el nombre de Peramato propuesto por el propio García Ortiz.
Pero con esta maniobra el Gobierno se vuelve a equivocar y pierde la ocasión de haber puesto al frente de la Fiscalía General del Estado a una jurista de prestigio ajena a la carrera judicial. Dudo mucho así que Teresa Peramato, de 63 años, vaya a ser capaz de poner orden en el avispero que es hoy la Fiscalía española, trufada de enfrentamientos personales, rencillas y una evidente fractura asociativa y funcional que desaniman el trabajo cotidiano de los miles de fiscales de este país.
Por esta razón se hacía necesario contar con alguien con autoridad jurídica y personal que no estuviera contaminada por el aire tóxico que se respira en las distintas sedes de las fiscalías en todo el territorio nacional y que, en el caso de Madrid, es ya sencillamente insoportable. @mundiario
