Feijóo y el incumplimiento constitucional
Feijóo viene utilizando falacias, para intentar vanamente justificar su posición anticonstitucional, como es la de impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Realizar declaraciones, como son las de que mantiene bloqueado el CGPJ “para protegerlo del Gobierno de Sánchez”; para “proteger el poder judicial”; porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla” o la de “no llegar a un acuerdo no es algo inconstitucional”, se distancian del objeto concreto de elegir un nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial.
Con esas afirmaciones el líder de la oposición, pretende situarse por encima de la Carta Magna, lo que indica una ausencia de respeto al marco democrático que nos hemos dado.
LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR EL CGPJ
La Constitución Española contempla que el CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo (que será nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ), que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica (La Ley Orgánica 2/2015 vigente y la ley Orgánica 6/1985 conceden la elección de estos, también al Congreso y al Senado, en el número de seis cada uno); también cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y el PP lo tiene ilegalmente bloqueado, porque le conviene tener una mayoría conservadora que no les corresponde y a sabiendas de que incumplen la Constitución. Para intuir porque lo hacen realmente, no tenemos más que acudir a las funciones que tiene el órgano en cuestión que, entre otros cometidos, le corresponde proponer la Presidencia del Tribunal Supremo, que también presidirá el propio CGPJ, como ya hemos dicho anteriormente, la Presidencia de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidades autónomas y los Presidentes de las Audiencias Provinciales.
EL REY COMO ÁRBITRO
Las razones que Feijóo aduce tienen varias inconsistencias de procedimiento y de legalidad. La primera, es que adopta y argumenta una decisión que está alejada de las consideraciones que competen al Congreso y al Senado, es decir, a diputados y senadores, basada estrictamente en alcanzar una mayoría de tres quintos, que el legislador la sustenta en una composición razonable, en consonancia con los resultados electorales y por tanto respetando la voluntad soberana del pueblo español. El acuerdo, con estas bases que acabo de exponer, se logra en noviembre del 2018, en el cuál el PP sale beneficiado, porque coloca a Manuel Marchena como presidente del órgano de Gobierno de los jueces, aunque a los siete días se rompe, porque se publican unos mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde afirma que se ha alcanzado un reparto adecuado de los vocales del CGPJ, añadiendo un supuesto control por la puerta de atrás de la Sala de lo Penal, que es a quién le corresponde juzgar a diputados, senadores y miembros del Consejo de Ministros. Lógicamente, la transcendencia de estos mensajes, hicieron que el juez Marchena renunciase a presidir el Supremo y el CGPJ, frustrándose por tanto el acuerdo. La segunda, es que impide al Rey cumplir con sus obligaciones de nombramientos, en relación con este órgano, perjudicando claramente a la Monarquía parlamentaria, lo que es impropio de un partido monárquico que dice defender esta forma política del Estado español.
Hace tiempo que el Rey debería haber intervenido, utilizando las atribuciones que le ofrece el texto constitucional, que en su artículo 56 recoge, que el Rey es el jefe del Estado (...) arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (…) y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la constitución y las leyes. Ante una flagrante situación de bloqueo constitucional, como la que lleva ejerciendo el PP desde hace cuatro años, el monarca debe intervenir, puesto que le corresponde actuar como juez o mediador entre dos partes que están en conflicto y defender el cumplimiento de la Constitución y de sus propias funciones como jefe de Estado; evitando así, que el PP y sus líderes (antes Casado y ahora Feijóo), sigan argumentando sus negativas con afirmaciones ajenas al deber de constituir un nuevo CGPJ, como la democracia exige. @mundiario
