La cultura de la cancelación tiene graves riesgos, pero también sus utilidades

Conocemos como cancel culture (cultura de la cancelación) el fenómeno por el cual  amplios grupos de personas, estructurados alrededor de las redes sociales, expresan de una manera coordinada su radical desacuerdo con las actitudes u opiniones de determinada persona (normalmente alguien instalado en un lugar de relativo prestigio social) para alcanzar el objetivo de que pierda su tribuna de opinión-o cátedra- y/o sea removido por su empresa u organización de su puesto más o menos directivo o representativo. El fenómeno alcanzó amplio desarrollo con las campañas feminista del #metoo y antiracista del #blacklivesmatter.

Esta cultura de la cancelación permitió una más amplia difusión de los valores feministas y antirracistas, pero sus excesos dañan no pocas veces las propias bases de la libertad de expresión y generan importantes daños colaterales precisamente por desarrollarse sin las garantías de la posibilidad de un proceso de debate justo y contradictorio, negándosele a los cancelados la posibilidad de defensa o réplica. Por ello  el manifiesto firmado por más de 150 pensadores e intelectuales (entre ellos el lingüista Noah Chomsky o la escritora J. K. Rawling) en el 2020 denunciando estos excesos.

Debemos evitar, en este sentido, las simplistas adhesiones o condenas globales. No pocos procesos de cancelación muestran la respuesta de millares de personas ausentes o excluidas de la Academia y de los media mainstream empleando el único arma de la que disponen: la expresión coordinada en las redes sociales.

En la descalificación global de la cultura de la cancelación, en este sentido, se manifiesta a veces una voluntad de los intelectuales sistémicos por bloquear el acceso de nuevas voces y opiniones, singularmente las de los colectivos excluidos o en riesgo de exclusión. Sin embargo, la libertad de expresión puede delimitar eficazmente los efectos perjudiciales de los procesos de cancelación.

La libre opinión, creación artística y literaria e investigación científica no tiene más límites en el sistema jurídico europeo que los de los delitos de odio. Entonces, la difusión de noticias u opiniones que objetivamente señalen para despersonalizarlas  personas solo por su común pertenencia a un colectivo histórica o actualmente excluido o vulnerable no están amparadas en la libertad de expresión y así lo ha expresado sistemáticamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque, después del señalamiento y de la despersonalización, viene muchas veces la exclusión de la mayoría que conlleva la ciudadanía real y después puede venir la agresión, desde la aislada e individual hasta la colectiva y sistémica. El proceso es muy semejante al del bullying escolar por todos conocido.

Por ello, los procesos de cancelación que denuncien opiniones y comportamientos favorables a este señalamiento y despersonalización de colectivos excluidos o vulnerables no habrían de ser considerados atentatorios contra la libertad de expresión. Ese debería ser, pues, el límite. @mundiario