La Abogacía del Estado planta cara al juez Hurtado
Alerta de una instrucción “inquisitiva” contra el fiscal general García Ortiz y el juicio en el Supremo por la supuesta filtración del correo del novio de Ayuso se convierte en un pulso institucional.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha entrado en su fase decisiva. Pero más allá de la cuestión penal, lo que se dirime en el Tribunal Supremo es algo mayor: la legitimidad de una investigación que, según la Abogacía del Estado, ha rozado los límites del Estado de derecho. La defensa del fiscal general ha aprovechado el trámite de cuestiones previas para lanzar una crítica sin precedentes al juez instructor, Ángel Hurtado, acusándolo de haber dirigido una instrucción “inquisitiva, sesgada y prejuiciosa” que vulneró las garantías del proceso.
Consuelo Castro, jefa de la Abogacía del Estado y abogada defensora de García Ortiz, no ha escatimado palabras. Ha calificado el procedimiento de “injusto” y ha denunciado que Hurtado diera “vía libre” a la Guardia Civil para copiar el contenido del teléfono del fiscal general. A su juicio, se trató de una extralimitación que contaminó toda la causa. Si el tribunal aceptara esta tesis y anulara las diligencias cuestionadas, buena parte del material clave –como la supuesta eliminación de datos de los dispositivos electrónicos de García Ortiz– quedaría fuera del proceso.
En el otro lado del tablero, la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, insiste en que todos los autos del magistrado fueron avalados por la Sala de Apelación del Supremo. Y lo recuerda con énfasis, consciente de que una parte de la opinión pública ve en este juicio un enfrentamiento entre instituciones del Estado politizado por los ecos de la guerra cultural que atraviesa la política española.
La jornada de este lunes ha servido para reconstruir el origen de una historia que, paradójicamente, nació de un bulo. En marzo de 2024, un titular erróneo difundido por El Mundo insinuó que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, cuando en realidad fue la defensa de González Amador la que se dirigió al ministerio público para reconocer los delitos fiscales y negociar una conformidad. Aquella confusión desató una tormenta política que acabó con el fiscal general en el banquillo.
La Abogacía del Estado denuncia una investigación “sesgada” mientras las defensas de la derecha mantienen que todo fue legal
Salto refuerza la tesis de la Abogacía
El fiscal Julián Salto, responsable de la investigación sobre González Amador, ha confirmado ante el Supremo que fue la defensa quien propuso el acuerdo y que las comunicaciones sobre ese asunto siguieron los cauces habituales. Ha recalcado que sus superiores –la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el propio García Ortiz– le pidieron información sobre el correo intercambiado “de manera totalmente legal”, como parte de una dación de cuenta prevista por el Estatuto del Ministerio Fiscal.
El testimonio de Salto refuerza la tesis de la Abogacía del Estado, que sostiene que la instrucción ha estado orientada desde el principio a construir una narrativa incriminatoria sin base sólida. Más aún cuando, como recordó la fiscal Rodríguez en su día, más de 500 personas tuvieron acceso al expediente de González Amador antes de la filtración y unas 60 al correo electrónico que ahora centra la acusación. Si tantos funcionarios pudieron verlo, ¿cómo sostener que la filtración procede del fiscal general?
El contraste entre el tono técnico de la Abogacía y el eco político del caso revela la naturaleza ambigua del proceso. Lo que se juzga, en realidad, no es sólo una filtración, sino la capacidad del poder judicial y del ministerio público para mantener su independencia en un contexto de máxima polarización. En la trastienda, late la sospecha de que el procedimiento ha sido impulsado más por el ruido mediático que por una base jurídica sólida.
La paradoja es evidente: un supuesto bulo alimentado desde el entorno político de Ayuso ha desembocado en un juicio que pone en entredicho la estabilidad institucional del país. Lo que comenzó como una confusión periodística se ha convertido en un caso de Estado. Y, como suele ocurrir, quienes más se benefician de este desgaste no son las instituciones, sino quienes aspiran a debilitarlas.
Al final, lo que el Tribunal Supremo decida no solo afectará al futuro del fiscal general, sino también al prestigio de la justicia española. En tiempos de ruido y desinformación, el rigor procesal y la mesura institucional se vuelven más necesarios que nunca. Porque cuando la justicia se politiza –y la política judicializa la justicia–, el precio suele pagarlo la democracia. @mundiario
