La defensa de García Ortiz tilda de “injusto” el proceso y pide anular registros clave
El juicio sobre la supuesta filtración del correo electrónico que destapó la negociación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso vive ya sus primeras tensiones estratégicas. El fiscal Julián Salto, responsable del caso contra Alberto González Amador, ha ratificado ante el Supremo que el intento de alcanzar un pacto no partió del Ministerio Público, sino de la defensa del empresario, y que sus superiores estaban al corriente del proceso “con total legalidad”.
Según su declaración, la solicitud interna de información sobre esos correos respondía a una “dación de cuentas” prevista en el Estatuto del Ministerio Fiscal ante asuntos de “especial trascendencia mediática”. Salto subrayó además que el mensaje objeto de controversia llegó a un buzón genérico de la Fiscalía, con acceso a numerosos funcionarios, lo que amplía las posibles vías de filtración. A su juicio, la deformación pública del proceso obedeció a una “campaña de desinformación” que pretendía situar a la Fiscalía como promotora de un pacto que, sostiene, nunca ofreció.
El testimonio del fiscal desmonta así uno de los pilares de la acusación: que la Fiscalía habría impulsado un acuerdo y buscado después el correo para blindar su imagen. Salto remarcó que en dos décadas de ejercicio jamás ha ofrecido conformidades a defensas, y que el planteamiento del letrado de González Amador no podía prosperar en aquel momento procesal por falta de reconocimiento judicial de los hechos y de ingreso previo en Hacienda de las cantidades presuntamente defraudadas.
En paralelo, la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cargado contra la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, denunciando un procedimiento “injusto” dirigido a incriminarlo desde el primer momento y reclamando la nulidad del registro de su despacho y de otras diligencias. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado consideran que la investigación ignoró deliberadamente la posibilidad de otras filtraciones en un expediente al que accedieron cientos de personas. La defensa alerta de que la incautación y análisis de dispositivos se sustentó en una orientación “prejuiciosa y sesgada” que vulneró garantías procesales básicas.
⚖️ El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, niega ante el Tribunal Supremo ser autor del delito de revelación de secretos del que se le acusa. pic.twitter.com/ldM1Fm6Knp
— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) November 3, 2025
Las acusaciones, por su parte, mantienen el foco en el presunto borrado del móvil de García Ortiz, que atribuyen a un intento de eliminar pruebas. El fiscal general ya alegó durante la instrucción que su actuación obedecía a la obligación legal de proteger información sensible contenida en sus dispositivos.
La sesión se reanudará con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuyo acceso al expediente fue igualmente escrutado y cuyo archivo previo no ha disipado la polémica. Su versión resulta clave para aclarar el funcionamiento interno de la Fiscalía en un caso que combina altos intereses políticos, secreto profesional y acusaciones de filtraciones en uno de los procedimientos más sensibles del año judicial.
El proceso continúa, y con él la batalla narrativa por determinar si la Fiscalía actuó conforme a derecho o si, como sostienen las acusaciones, se cruzaron límites para gestionar un expediente con profundas implicaciones políticas. @mundiario
