García Ortiz reclama su absolución: defensa de una “campaña perfectamente orquestada” desde Madrid
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido dar un paso firme en su defensa de cara al juicio que afrontará en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos. En su escrito, sostiene su inocencia, reclama la absolución y acusa directamente a la Comunidad de Madrid de haber impulsado una “operación perfectamente orquestada” para desacreditar tanto a su figura como al propio Ministerio Público.
El caso se centra en la supuesta filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía, en el que se ofrecía a pactar el reconocimiento de delitos fiscales. Según la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, no hay pruebas que vinculen al fiscal general con esa revelación. Muy al contrario, afirman que la información clave ya había sido difundida por distintos canales y conocida por centenares de personas antes de que llegara a sus manos.
La estrategia de la defensa se basa en dos ejes principales: la falta de nexo causal entre García Ortiz y la filtración, y la existencia de una campaña mediática impulsada desde el entorno de la presidenta madrileña. Según el escrito, la noche del 13 de marzo de 2024 fue El Mundo quien publicó primero los datos esenciales sobre la investigación de González Amador, revelando no solo la existencia de un acuerdo de conformidad, sino también detalles del intercambio de correos con la Fiscalía.
Ese mismo día, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, habría difundido a periodistas, mediante mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, una versión manipulada de los hechos. Para la defensa, se trató de una estrategia diseñada para presentar a González Amador como víctima de una persecución política orquestada desde el Gobierno central y ejecutada con la complicidad de la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
El papel del Ministerio Público y el “desconcierto” interno
El escrito de defensa subraya que García Ortiz no tuvo conocimiento del correo del 2 de febrero hasta las 23.44 de la noche del 13 de marzo, cuando ya había sido objeto de publicaciones periodísticas. Antes de eso, en Fiscalía predominaba el desconcierto y la preocupación por las acusaciones vertidas contra su actuación. Fue esa situación, insiste la Abogacía, la que llevó al fiscal general a activar de urgencia la verificación interna de los hechos.
Además, el documento recuerda que el correo en cuestión no mantenía la confidencialidad que se le atribuye, puesto que había sido enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía y a personas sin vínculo con el caso, lo que permitió que unas 600 personas tuvieran acceso al mismo. Para la defensa, fue el propio abogado de González Amador quien rompió unilateralmente esa supuesta reserva.
Uno de los elementos más destacados del relato de la Abogacía es la acusación directa a la Comunidad de Madrid de haber construido un relato alternativo con fines políticos. Según esta versión, la publicación en eldiario.es de la investigación contra González Amador desencadenó una reacción inmediata desde el entorno de Ayuso, que buscó neutralizar el impacto político negativo vinculando el caso a una supuesta persecución contra la presidenta autonómica.
Este relato, sostiene la defensa, fue amplificado mediante declaraciones institucionales, mensajes dirigidos a periodistas y artículos en medios considerados afines. De esta forma, se instaló en la opinión pública la idea de que existía una conspiración política contra Díaz Ayuso, desvirtuando el trabajo de la Fiscalía y trasladando dudas sobre su imparcialidad.
Una batalla judicial con gran trasfondo político
Las acusaciones contra García Ortiz no son menores: entre cuatro y seis años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. Sin embargo, la defensa rebate la existencia misma del delito, al asegurar que no hay prueba alguna que vincule la filtración con el fiscal general. Para la Abogacía, lo sucedido el 13 de marzo de 2024 responde más a un conflicto político-mediático que a una conducta irregular del titular del Ministerio Público.
El caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, en un contexto donde la confrontación política se entremezcla con la acción judicial. Para García Ortiz, el juicio no solo será una prueba personal, sino también una oportunidad para defender la independencia de la Fiscalía frente a lo que considera una campaña de desprestigio cuidadosamente planificada. @mundiario
