El fiscal general en el banquillo: un proceso que erosiona la confianza en las instituciones
La noticia de que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo es de una gravedad extraordinaria en la reciente historia democrática española. No porque se haya demostrado su culpabilidad —todavía estamos en la fase de indicios—, sino porque el mero hecho de que el máximo responsable del Ministerio Público sea juzgado por revelación de secretos abre una brecha de confianza en una de las instituciones que debería ser garante de la imparcialidad y la legalidad.
La acusación parte de un hecho muy concreto: la supuesta filtración a la prensa de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía dos delitos fiscales y proponía un pacto para evitar la cárcel. Que ese correo trascendiera tuvo consecuencias políticas inmediatas y sirvió de munición en la ya enconada batalla entre la presidenta madrileña y el Gobierno central. Pero lo que comenzó como un rifirrafe político ha terminado convertido en un proceso penal con derivadas institucionales imprevisibles.
El juez instructor, Ángel Hurtado, admite que no ha hallado pruebas concluyentes durante la instrucción. La Fiscalía Provincial de Madrid transmitió el correo al fiscal general, pero no hay constancia documental de que fuera él quien lo trasladara a los medios. El propio García Ortiz borró el contenido de su teléfono, un gesto que, aunque pueda tener explicaciones técnicas o personales, resulta inquietante en términos de transparencia. Pese a esta falta de pruebas directas, el magistrado considera que los indicios son suficientes para abrir juicio oral. Y ahí radica la paradoja: un caso construido más sobre sospechas que sobre certezas, pero con un potencial devastador para la credibilidad de la institución.
El daño, de hecho, ya está hecho. Sea cual sea el desenlace, el hecho de que un fiscal general se vea envuelto en este proceso erosiona la imagen de imparcialidad que debería proyectar el Ministerio Público. Y no solo en el plano jurídico. También en el político. Porque no podemos ignorar el contexto: la pugna entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, la polarización extrema del debate público y la instrumentalización partidista de cualquier resquicio judicial.
El auto de Hurtado va más allá de los hechos concretos. En él, el juez reprocha al fiscal general no solo una posible revelación de secretos, sino también haber puesto en cuestión el prestigio de la institución. Y aquí toca hacerse una reflexión de fondo: ¿puede sostenerse la autoridad moral y jurídica de una Fiscalía General cuando su máximo responsable está siendo juzgado por comprometer la confidencialidad de un proceso penal?
La respuesta no es sencilla. Formalmente, García Ortiz mantiene su cargo porque la legislación no contempla la suspensión cautelar del fiscal general. Pero este vacío legal se convierte en una grieta ética: un dirigente acusado de un delito grave, al frente de una institución que debe velar por la legalidad, se mantiene en funciones. El coste reputacional de esa situación es altísimo, incluso si al final resulta absuelto.
Más allá del caso concreto, el proceso revela una fragilidad mayor: la falta de mecanismos de control y de prevención para evitar que situaciones de esta índole descarrilen la confianza pública. El ciudadano medio no entra en tecnicismos jurídicos: percibe que quien debe proteger la legalidad puede estar usándola de forma indebida. Y esa percepción es demoledora para la salud democrática.
La historia política española está llena de episodios en los que el poder judicial y el poder político han chocado. Pero este va un paso más allá: afecta al corazón mismo de la Fiscalía, institución llamada a ser independiente y a actuar bajo principios de legalidad e imparcialidad. Si el proceso termina con una condena, será un antes y un después en la relación entre justicia, política y ciudadanía. Si acaba en absolución, la mancha difícilmente se borrará.
El fiscal general, como repitió en la apertura del año judicial, confía en la justicia. Pero la justicia no se mide solo en sentencias: también en la credibilidad que proyectan las instituciones. Y hoy, lamentablemente, esa credibilidad está seriamente comprometida. @mundiario
