La UE acelera el uso de activos rusos congelados para Ucrania y cierra la puerta a su devolución
La decisión de la Unión Europea de avanzar en la utilización de los activos rusos inmovilizados desde 2022 marca un punto de inflexión en la política de sanciones. La Comisión Europea pretende no solo convertir esos fondos en una herramienta financiera para sostener a Ucrania durante los próximos años, sino también impedir legalmente que puedan ser devueltos a Moscú.
Esta postura, expresada en una propuesta jurídica presentada por Bruselas, coloca a la UE en una posición estratégica clara: endurecer las consecuencias económicas de la invasión rusa a largo plazo. La razón central de este movimiento está relacionada con el cálculo de necesidades ucranianas. Bruselas estima que Kiev requiere aproximadamente 136.000 millones de euros en los próximos dos años para mantener su capacidad de defensa, asegurar el funcionamiento del Estado y sostener servicios básicos.
La guerra ha agotado las reservas fiscales ucranianas y limita su capacidad para captar recursos propios de manera estable. De ahí el enfoque europeo: transformar sanciones pasivas en activos productivos que permitan sostener la resistencia ucraniana.
Para lograrlo, la Comisión ha planteado dos vías. La primera —y preferida por la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen— es el denominado “préstamo de reparaciones”, financiado con los saldos de efectivo de los activos rusos inmovilizados en instituciones financieras europeas. Bajo este esquema, Europa pediría prestado sobre la base de ese dinero congelado y canalizaría los fondos a Kiev en forma de crédito a interés cero.
El reembolso solo ocurriría cuando Rusia aceptara pagar compensaciones de guerra. La segunda vía es un préstamo respaldado por garantías de los Estados miembros, es decir, deuda conjunta similar a la utilizada durante la pandemia de la COVID-19. Aunque menos arriesgada jurídicamente, esta opción genera rechazo entre varios países por su impacto inmediato en las finanzas nacionales.
Sin embargo, la propuesta de la Comisión no solo tiene efectos económicos; introduce implicaciones políticas de largo alcance. Al plantear una prohibición explícita de que los activos del Banco Central de Rusia regresen a Moscú, Bruselas busca bloquear cualquier negociación futura que incluya devolver esos fondos como moneda de cambio en acuerdos de paz.
Esta directriz altera el tablero diplomático: limita las opciones de los actores externos, especialmente Estados Unidos, que llegó a sugerir un modelo de fondo conjunto con Rusia para proyectos de reconstrucción y cooperación económica y pide que sean devueltos. La reacción europea fue tajante: cualquier decisión sobre activos bajo jurisdicción europea corresponde únicamente a la UE.
El principal foco de resistencia interna proviene de Bélgica, donde se encuentra Euroclear, depositario central de valores que alberga la mayor parte de los activos congelados, unos 185.000 millones de euros. Para Bruselas, Euroclear es la pieza clave que permite movilizar esos fondos con rapidez; para Bélgica, es el punto más vulnerable.
El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, ha reiterado que el préstamo basado en activos rusos es la “peor” de las opciones porque expone a su país a represalias. “No es aceptable utilizar el dinero y dejarnos solos ante los riesgos”, afirmó en vísperas de la presentación oficial de la propuesta de este miércoles. Bélgica considera que cualquier esquema financiero debe contar con garantías sólidas que no solo protejan a Euroclear, sino al propio Estado belga.
Las preocupaciones de Bruselas y las de Bélgica se mueven en planos distintos. Para la Comisión, elevar el coste de la guerra para Rusia es un elemento disuasorio que, en palabras de von der Leyen, “debería servir como incentivo adicional para que Rusia se siente a la mesa de negociaciones”.
Para Bélgica, el escenario más realista no contempla una Rusia derrotada y obligada a devolver activos: contempla un escenario judicial y diplomático complejo en el que Moscú reclame su soberanía financiera en tribunales internacionales. Si Ucrania no pudiera devolver los préstamos concedidos sobre esos activos, el peso recaería finalmente sobre el contribuyente europeo.
A esta tensión se suman riesgos técnicos. Las sanciones que mantienen los activos inmovilizados requieren unanimidad para renovarse. Solo un voto en contra podría liberar los fondos y colapsar el sistema de préstamos. La exposición financiera es tan elevada que el Banco Central Europeo se ha negado a ofrecer un respaldo de liquidez para cubrir cualquier eventual necesidad. Este punto subraya un mensaje implícito: la UE está entrando en un terreno legal y monetario sin precedentes.
La Comisión argumenta que el conjunto de salvaguardias incluidas —protección frente a expropiaciones, cobertura presupuestaria y blindaje político— debería ser suficiente para convencer a los socios reticentes. No obstante, Bélgica insiste en que sus preocupaciones no están siendo escuchadas. Según su postura, si el bloque pretende actuar en nombre de la solidaridad europea, esa solidaridad debe ser recíproca y no concentrar el riesgo en un solo Estado.
El resultado es una confrontación silenciosa dentro del corazón de la UE: la visión estratégica de Bruselas frente a la prudencia jurídica de Bélgica. Mientras tanto, Ucrania observa con atención. El presidente Volodímir Zelenski ha reconocido que los puntos más delicados de cualquier negociación futura serán los territorios ocupados y los activos congelados. Su posición es clara: “Lo que importa es que todo sea justo y transparente. Que no se juegue a espaldas de Ucrania”.
En las próximas semanas, los embajadores comenzarán a debatir la propuesta. La Comisión aspira a sellar un acuerdo antes de la cumbre europea de diciembre. La urgencia es evidente: el Fondo Monetario Internacional también requiere compromisos explícitos de los socios europeos para liberar 8.100 millones de dólares en ayuda. En este escenario, cada día perdido supone una mayor presión económica y militar sobre Ucrania. @mundiario
