La UE se atasca en su intento de liberar los activos rusos inmovilizados para apoyar a Ucrania
La Unión Europea no logró alcanzar un consenso para liberar parte de los activos soberanos rusos inmovilizados desde 2022 con el fin de financiar un préstamo de hasta 140.000 millones de euros para Ucrania. El objetivo era que Kiev recibiera una inyección financiera inmediata para sostener su economía y su defensa frente a Rusia.
Sin embargo, la oposición de Bélgica —país que alberga en la entidad Euroclear la mayor parte de esos fondos, estimados en unos 185.000 millones de euros— frustró el acuerdo en la reciente cumbre europea de Bruselas.
El bloqueo belga no equivale a un veto formal, pero sí deja al proyecto en suspenso. El primer ministro belga, Bart De Wever, advirtió de que su país no puede asumir en solitario el riesgo de eventuales represalias rusas, como la confiscación de empresas o capitales europeos en territorio ruso. “Si queremos dárselos a Ucrania, tenemos que hacerlo todos juntos. Si no, las consecuencias podrían afectar solo a Bélgica”, afirmó.
El fondo del problema no solo es político, sino también legal. La Comisión Europea propone un mecanismo inédito: un “préstamo de reparación” respaldado por los saldos de caja de Euroclear, acumulados a raíz de la inmovilización de activos rusos. Dicho préstamo sería devuelto por Ucrania únicamente cuando Rusia pague reparaciones por los daños de la guerra.
Para Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la idea no constituye una confiscación de activos, sino una forma de “usar los rendimientos generados” mientras permanecen congelados. “No estamos confiscando nada”, subrayó. Sin embargo, tanto el Banco Central Europeo como varios Estados miembros expresan preocupación por las implicaciones legales y financieras del plan. Países como Luxemburgo y Alemania temen que un movimiento precipitado socave la confianza global en la moneda única europea.
El temor belga y la sombra de las represalias rusas
Bélgica se encuentra en una posición especialmente delicada. Además de custodiar la mayoría de los fondos congelados, depende en gran medida de su sistema financiero internacional. El Gobierno teme que una decisión unilateral de liberar esos activos la convierta en blanco directo del Kremlin. Moscú ya advirtió de que cualquier intento de usar esos recursos sería interpretado como un “robo” y que podría responder confiscando propiedades europeas en Rusia.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue tajante: “Estos planes equivalen a la expropiación ilegal de bienes rusos. En ruso, lo llamamos robo”. Las advertencias resuenan en Bruselas, donde algunos gobiernos consideran que un paso mal calculado podría tensar aún más la relación con Moscú y poner en riesgo intereses económicos de largo alcance.
Aunque la mayoría de los Estados miembros —excepto Hungría, que mantiene su habitual distancia en cuestiones ucranianas— apoyan en principio la idea de reforzar la ayuda a Kiev, las divergencias sobre cómo hacerlo son profundas. Los líderes europeos instaron a la Comisión a seguir trabajando en “opciones de apoyo financiero” y a presentar una propuesta revisada en la cumbre de diciembre.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que “nadie ha vetado nada” y subrayó que el compromiso político con Ucrania “sigue siendo firme”. Pero el lenguaje cuidadosamente diplomático de las conclusiones refleja un hecho innegable: la UE no ha encontrado aún una fórmula que combine eficacia política, viabilidad legal y seguridad económica.
Mientras tanto, Kiev observa con inquietud. El presidente Volodímir Zelenski ha pedido que el dinero llegue “lo antes posible”, idealmente a comienzos de 2026, para sostener la economía y el esfuerzo defensivo. Las necesidades presupuestarias y militares del país para el bienio 2026-2027 rondan los 153.000 millones de dólares.
El retraso europeo genera frustración, especialmente cuando el G7 ya utiliza los intereses de los activos congelados —aunque no el capital principal— para financiar programas de asistencia a Ucrania. Sin una nueva fuente de recursos, los analistas temen que Kiev enfrente un “vacío financiero crítico” en los próximos dos años.
La situación actual deja a Bruselas ante una disyuntiva compleja. Si avanza sin consenso y sin una base legal sólida, arriesga la credibilidad del bloque y de su sistema financiero. Pero si se demora demasiado, pone en peligro su compromiso con Ucrania y la capacidad de sostener el esfuerzo común frente a Rusia. @mundiario
