Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para desplegar la Guardia Nacional en Portland
Las tensiones entre Donald Trump, el poder judicial estadounidense y la oposición demócrata han escalado nuevamente tras las declaraciones del mandatario, quien sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas en ciudades como Portland o Chicago. La advertencia, lanzada desde el Despacho Oval, revive uno de los dilemas constitucionales más sensibles en la historia de Estados Unidos: la intervención del ejército en asuntos internos.
Trump justificó su planteamiento al describir la situación en Portland como una “insurrección” prolongada. Aseguró que la ciudad está “en llamas desde hace años” y controlada por grupos antifascistas (Antifa), a los que él mismo ha declarado como organización terrorista. Para el presidente de EE UU, el despliegue de la Guardia Nacional sería una respuesta legítima ante lo que considera un colapso del orden público. Sin embargo, los jueces federales y las autoridades demócratas no comparten ese diagnóstico.
El conflicto legal gira en torno a la autoridad del Ejecutivo para movilizar fuerzas federales dentro del territorio nacional. La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente hacerlo en casos de rebelión o cuando las autoridades locales no puedan mantener el orden. Pero los tribunales han recordado que su aplicación requiere condiciones excepcionales y que existen límites establecidos por la Décima Enmienda de la Constitución, que reserva competencias a los Estados.
En Oregón, la jueza federal Karin Immergut —nombrada por el propio Trump durante su primer mandato— bloqueó de forma cautelar el despliegue de la Guardia Nacional, argumentando que la medida podría violar el principio de autonomía estatal. Su decisión desató la ira de la Casa Blanca, que acusó al poder judicial de actuar “desconectado de la realidad y de la ley”, en referencia a las protestas frente a las instalacciones de ICE en contra de sus redadas masivas. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que las instalaciones federales en Portland “llevan meses bajo asedio” y confirmó que apelarán la decisión.
La controversia no se limita al estado de Oregón. En Illinois, el gobernador demócrata J.B. Pritzker ha llevado a los tribunales el intento de desplegar tropas en Chicago, calificándolo de inconstitucional. La jueza encargada del caso, nombrada durante la administración Biden, no bloqueará de inmediato el despliegue de tropas de la Guardia Nacional.
La magistrada indicó que necesitaba tiempo para examinar la respuesta del Gobierno a la demanda, programó una vista para el jueves y se negó a firmar la orden temporal de restricción solicitada por el estado demócrata. No obstante, la Casa Blanca prevé desplegar las tropas de Texas en Chicago más adelante esta semana, además de buscar federalizar la propia Guardia Nacional de Illinois.
Históricamente, la Ley de Insurrección ha sido invocada en situaciones extremas: desde la Guerra Civil hasta los disturbios por los derechos civiles en los años cincuenta y sesenta. En todos esos casos, el consenso político y social fue clave para legitimar su uso. En cambio, Trump ha planteado la posibilidad de activarla de forma unilateral, incluso en contra de las autoridades locales, lo que acentúa las dudas sobre su motivación política.
El marco legal es complejo. El Posse Comitatus Act de 1878 prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, salvo que una ley específica —como la de Insurrección— lo autorice. Aunque el presidente tiene margen para interpretar cuándo existe una “insurrección”, los expertos advierten de que hacerlo sin consenso podría abrir una crisis institucional. El Tribunal Supremo ha establecido que el mandatario puede determinar si se cumplen las condiciones, pero los tribunales pueden revisar los abusos.
El enfrentamiento con el poder judicial no es nuevo en la estrategia de Trump. Durante su primer mandato y gran parte de este segundo, el magnate republicano ha denunciado una supuesta “insurrección legal” de jueces que, en su opinión, obstaculizan sus políticas migratorias y de seguridad. Ahora, su entorno más cercano, como el asesor Stephen Miller, sostiene que los tribunales “han usurpado competencias del Ejecutivo”, un discurso que refuerza la narrativa de confrontación con el sistema institucional.
En el plano político, las declaraciones de Trump refuerzan su conexión con las bases más radicales del movimiento Make America Great Again (MAGA), que demandan “mano dura” contra la delincuencia y las protestas. Sin embargo, la retórica del exmandatario también reaviva los temores sobre una posible militarización del orden público y sobre los riesgos que ello supone para las libertades civiles.
La amenaza de invocar la Ley de Insurrección podría no concretarse, pero su sola mención tiene efectos inmediatos: polariza al país y tensiona aún más la relación entre el Gobierno federal y los estados. En un clima político marcado por la desconfianza institucional, cada declaración de Trump parece medir hasta dónde puede estirar los límites del poder presidencial sin romperlos del todo.@mundiario
