Trump desafía a la Justicia y a los estados demócratas al enviar tropas de California a Oregón
El envío de 300 tropas de la Guardia Nacional de California a Oregón por orden del presidente Donald Trump ha desencadenado una nueva crisis entre la Casa Blanca y los estados gobernados por demócratas. La decisión, ejecutada la noche del sábado, se produjo apenas horas después de que una jueza federal bloquease temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional de Oregón en Portland, lo que ha sido interpretado por los críticos como un desafío directo al Poder Judicial de EE UU.
Según confirmaron las autoridades estatales, al menos 101 soldados californianos fueron enviados a Oregón sin notificación oficial previa, y se espera la movilización de 100 más en los próximos días. La gobernadora Tina Kotek calificó este movimiento como “una maniobra deliberada para eludir la orden del tribunal”. Kotek, demócrata y firme opositora a la intervención federal en su estado, aseguró que “no existe una amenaza a la seguridad nacional ni una insurrección en Portland que justifique la militarización del territorio”.
El despliegue se produjo en el contexto de protestas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, que la Casa Blanca describe como “violentas” y “organizadas por grupos extremistas”. Trump ha insistido en que su obligación es “proteger la propiedad federal y garantizar el orden público”, una narrativa que ha repetido desde el inicio de su segundo mandato, en el que ha priorizado el control de la seguridad interna frente a los gobiernos locales.
La jueza federal Karin Immergut, designada por el propio Trump durante su primer mandato, había emitido una orden de restricción temporal que prohíbe al Gobierno federal desplegar la Guardia Nacional de Oregón. En su fallo, Immergut argumentó que “las protestas en Portland no justifican la intervención militar” y advirtió que la medida “podría vulnerar la soberanía estatal”. La orden permanecerá vigente hasta el 18 de octubre.
Sin embargo, la Administración Trump busca sortear la orden judicial al trasladar a las tropas ya movilizadas tras la militarización de Los Ángeles en junio pasado. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró que el presidente “ejerció su autoridad legal para proteger al personal y los bienes federales” y adelantó que el Gobierno planea apelar el fallo. “Esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”, añadió.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también demócrata, denunció la decisión como “un abuso de poder sin precedentes” y anunció una demanda contra la Casa Blanca. En un comunicado, Newsom sostuvo que los 300 miembros de la Guardia Nacional californiana, que fueron federalizados durante las protestas en contra de los operativos de redadas masivas de ICE, están siendo utilizados “como arma política contra ciudadanos estadounidenses”. “El presidente ignora las órdenes judiciales y trata incluso a los jueces que él mismo nombró como enemigos”, afirmó.
Newsom aseguró que llevará el caso a los tribunales e instó a la ciudadanía a no permanecer en silencio ante lo que calificó como “una conducta autoritaria y peligrosa”. Según el californiano, la administración federal estaría violando el principio básico del federalismo al apropiarse de fuerzas estatales sin consentimiento del gobernador.
Por su parte, la Casa Blanca ha defendido la legalidad del despliegue, alegando que las tropas ya estaban bajo mando federal desde junio y que su reasignación a Oregón responde a “necesidades operativas urgentes”. Un portavoz del Pentágono confirmó que las fuerzas “apoyarán a personal de ICE y otras agencias en tareas oficiales de protección de propiedades y aplicación de la ley federal”.
El conflicto ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial frente a la autonomía de los estados. Expertos constitucionales advierten de que el caso podría sentar un precedente determinante para el equilibrio entre los gobiernos locales y Washington, especialmente si los tribunales superiores avalan el uso de fuerzas federalizadas sin autorización estatal.
Mientras tanto, las autoridades de Oregón insisten en que la situación en Portland está bajo control. El alcalde de la ciudad, Keith Wilson, advirtió de que la presencia militar “solo inflamará una comunidad que ha permanecido en calma”. Wilson confirmó que su equipo legal “ya trabaja junto a los fiscales del estado para hacer cumplir la orden judicial y detener cualquier despliegue no autorizado”.
La estrategia de Trump de enviar tropas a estados gobernados por demócratas —como Oregón, Illinois o California— responde a una línea de acción cada vez más confrontacional en su política interna. Al presentar las ciudades progresistas como “zonas de guerra”, el presidente busca proyectar autoridad frente al desorden, aunque el precio político y legal de esta táctica sigue siendo incierto.@mundiario
