Antifa y la política migratoria, en el centro de la escalada militar de Trump en EE UU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado un nuevo despliegue militar en el interior del país, al ordenar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el envío de tropas a Portland (Oregón) y a centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, defendida como respuesta a la “anarquía” en la ciudad, marca la primera vez que el republicano autoriza el uso de la “fuerza total” contra lo que describe como “terrorismo doméstico” liderado por el movimiento Antifa.
La decisión llega tras varias jornadas de protestas frente a instalaciones del ICE en Portland y en un clima de creciente tensión después del tiroteo registrado esta semana en Dallas (Texas), en el que un inmigrante murió y otros dos resultaron heridos. Según Trump, los disturbios en ciudades demócratas “devastadas por la guerra” forman parte de un patrón que, de no frenarse, amenaza con extenderse a otras urbes como Chicago, Baltimore o San Francisco.
Escalada política y militarización interna
Este es el cuarto despliegue de tropas que ordena Trump en su segundo mandato, tras los efectuados en Los Ángeles, Washington y Memphis, también en ciudades gobernadas por demócratas. La gobernadora de Oregón y el alcalde de Portland habían rechazado previamente la presencia militar, pero el republicano ha impuesto su decisión alegando una amenaza directa contra edificios federales.
El giro más llamativo ha sido la apelación al uso de la “fuerza total”, una expresión inédita hasta ahora en el discurso presidencial sobre seguridad interna. La doctrina supone, en la práctica, la posibilidad de emplear unidades militares regulares en labores de control de orden público, una decisión que roza los límites legales de la Ley Posse Comitatus de 1878, que restringe el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad doméstica.
Antifa en el punto de mira
Trump ha señalado al movimiento Antifa, fundado en Portland bajo el nombre de Rose City Antifa, como responsable directo de los disturbios. Su Administración lo catalogó recientemente como organización terrorista, pese a las dudas de juristas y organismos de derechos civiles sobre la legalidad y alcance de esta designación.
El director del FBI, Kash Patel, mostró incluso pruebas físicas, como un cartucho de munición con la inscripción “ANTI-ICE” encontrado en las inmediaciones de un centro atacado. Para la Casa Blanca, estos indicios confirman que las protestas no responden únicamente a la indignación social contra las políticas migratorias, sino a una estrategia de sabotaje organizada contra las agencias federales.
Implicaciones legales y políticas
La ofensiva de Trump abre un nuevo frente de fricción con los gobernadores y alcaldes demócratas, que denuncian una “militarización autoritaria” del país. Organizaciones civiles advierten de que la utilización del ejército en tareas de orden público rompe con precedentes históricos y sienta un precedente preocupante.
El movimiento se enmarca en la estrategia electoral de Trump de vincular la inseguridad y los disturbios con la gestión de los demócratas en las grandes ciudades, reforzando su discurso de “ley y orden” de cara a los próximos comicios. Sin embargo, expertos constitucionalistas apuntan a que el recurso a la Ley Posse Comitatus podría abrir una batalla legal sobre los límites de la autoridad presidencial en seguridad interna.
Con esta decisión, Trump tensiona aún más el delicado equilibrio entre seguridad y libertades civiles en Estados Unidos, al tiempo que utiliza Portland como ejemplo simbólico de su pulso político con los demócratas y de su intento por recuperar la narrativa de un país en “guerra interna” contra el “terrorismo doméstico”. @mundiario
