El liderazgo en Bolivia se complica: emiten una orden de detención contra Evo Morales
La tensión política entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce, continúa escalando, esta vez con un nuevo capítulo en los tribunales. Este miércoles, una fiscal boliviana solicitó la detención de Morales por un caso relacionado con presunto estupro y trata de menores. Sin embargo, la orden fue anulada casi de inmediato tras la destitución de la fiscal a manos de Juan Lanchipa, el Fiscal General de Bolivia, conocido por sus vínculos cercanos con Morales. La defensa del expresidente afirmó que las acusaciones están basadas en “datos de redes sociales” y calificó las acciones judiciales como un acoso político.
A esta investigación se le suma otra relacionada con el origen de una camioneta Toyota que Morales utiliza para sus traslados. El exministro de Justicia, Iván Lima, antes de abandonar su cargo en septiembre, denunció que el vehículo fue comprado por Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 90.000 dólares, pero posteriormente vendido a una joven de 21 años a una fracción de su valor original. Lima describió esta transacción como una “intervención extranjera en la política boliviana”.
El expresidente Morales utilizó la controvertida camioneta para viajar desde el Chapare, su base política en la región cocalera, hasta La Paz, donde lideró la denominada "Marcha para Salvar Bolivia". Este evento, que duró siete días y cubrió 189 kilómetros, fue una demostración de fuerza ante el gobierno de Arce, con el objetivo de exigir su habilitación como candidato para las elecciones de 2025. Durante la marcha, algunos sectores tanto del oficialismo como de la oposición clamaron por su arresto, confiando en que una buena parte de la población respaldaría dicha medida.
La rivalidad entre Luis Arce y Evo Morales ha ido en aumento desde que el actual presidente no mencionó a Morales en su discurso de posesión en noviembre de 2020. Arce ha justificado este distanciamiento señalando que Morales tiene una "incontrolable ambición de poder" y busca manejarlo como un "títere". Morales, por su parte, ha comparado la situación con la ruptura entre Rafael Correa y Lenin Moreno en Ecuador, afirmando en varias ocasiones: "Me equivoqué con Lucho".
A pesar de la profunda relación entre ambos líderes durante los años de bonanza económica de Bolivia, cuando Arce fue ministro de Economía bajo el mandato de Morales, las disputas actuales giran en torno a la gestión económica y la dirección política del país.
La crisis económica que atraviesa Bolivia ha exacerbado las tensiones entre Morales y Arce. Morales ha acusado a Arce de desconocer los logros del modelo económico que ambos impulsaron, conocido como “Evonomics” o “Arcenomics”, depende de a aquien se le pregunte. En cambio, Arce culpa a Morales de no haber cuidado la nacionalización de los hidrocarburos, lo que provocó la disminución de las reservas petroleras del país. Actualmente, Bolivia importa 3.000 millones de dólares en combustibles anualmente, lo que ha generado un déficit comercial significativo y escasez de divisas.
Aunque ambos líderes coinciden en que el modelo económico no debe ser modificado drásticamente, Morales ha adoptado una postura más pragmática, abogando por revisar las subvenciones a los combustibles que fomentan el contrabando hacia países vecinos. Morales también mantiene relaciones más estrechas con el sector empresarial, lo que le ha permitido conservar apoyo popular, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
Mientras tanto, la popularidad de Arce ha disminuido significativamente, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su posible candidatura a la reelección en 2025, pese a su débil posición en las encuestas.
La batalla por el liderazgo de la izquierda boliviana está en pleno apogeo. Arce sostiene que Morales está constitucionalmente impedido de postularse nuevamente, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que limita las reelecciones discontinuas entre mandatos. Morales, sin embargo, rechaza esta interpretación y argumenta que antes de la Constitución de 2009, la reelección discontinua era una práctica permitida en Bolivia.
Ambos bandos buscan controlar el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), y legitimar su derecho a utilizar la sigla en las elecciones de 2025. Aunque Morales sigue siendo el líder formal del partido, las organizaciones sociales clave están controladas por el "arcismo", lo que ha llevado a una paralización interna que podría resultar en la eliminación del MAS de la competencia electoral. @mundiario
