Incendios forestales en Bolivia: 38 activos tras tres meses de combate
A casi tres meses del inicio de los incendios forestales en Bolivia, la situación sigue siendo alarmante en el departamento de Santa Cruz, donde una cantidad de al menos 38 incendios continúan activos, afectando a seis municipios. Según el último informe de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Santa Cruz, 11 de estos incendios son de gran magnitud y requieren esfuerzos complejos de mitigación.
Los municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción, Ascensión de Guarayos, Urubichá, San Matías y San José de Chiquitos son los más afectados por los incendios que se han extendido desde finales de junio. Durante el fin de semana, la caída de lluvias en varias zonas del departamento contribuyó a reducir el número de incendios y a mejorar la calidad del aire. Esta ayuda natural fue complementada por los esfuerzos de bomberos voluntarios y las autoridades locales, quienes implementaron operativos como los bombardeos de nubes para propiciar las precipitaciones y han usado las descargas aéreas de agua.
En vídeos difundidos en redes sociales, se han hecho virales los vítores de los bomberos celebrando la lluvia como una oportunidad para avanzar en la contención de las llamas, aunque las autoridades advirtieron que estas precipitaciones son pasajeras y que el peligro no ha sido completamente erradicado.
Para reforzar la lucha contra los incendios, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció la llegada desde Canadá de un avión cisterna con capacidad para cargar 11.300 litros de agua. Este avión, contratado por 1.8 millones de dólares, será fundamental para combatir los incendios que persisten en el país. Además, se están realizando patrullajes en la región de la Chiquitanía para evitar la propagación de nuevos focos, y se han instalado hospitales móviles con el apoyo de China para atender a las comunidades afectadas.
Desde el inicio de los incendios en junio, se han quemado aproximadamente 4 millones de hectáreas en Bolivia, de las cuales 3.3 millones corresponden al departamento de Santa Cruz. Al menos una hectárea pertenece a áreas protegidas, lo que ha generado una emergencia ambiental sin precedentes en la región. La Fundación Tierra informó que estos incendios han obligado a la evacuación de varias comunidades rurales, afectando también el tráfico aéreo y la educación, con la suspensión de clases presenciales debido a la baja visibilidad.
📍 Bolivia
— WFP Español (@WFP_es) September 17, 2024
Los incendios han devastado extensas áreas de tierra, afectando gravemente a comunidades indígenas que dependen del bosque para su subsistencia.
Es urgente actuar para apoyar a estas comunidades y preservar los ecosistemas. pic.twitter.com/KugPKQiuH1
La magnitud de los incendios llevó a la Gobernación de Santa Cruz a declarar el departamento en situación de desastre, mientras que el Gobierno nacional activó la declaratoria de emergencia nacional. Esto permitió la llegada de brigadas internacionales provenientes de países como Brasil, Chile y Venezuela, que se sumaron a los esfuerzos locales para controlar el avance de las llamas.
La práctica de quemar tierras para la siembra de cultivos, la cría de ganado y la expansión de la frontera agrícola es una tradición en Bolivia, amparada por un conjunto de leyes que permiten las "quemas controladas". Sin embargo, en los últimos años, esta práctica ha generado incendios descontrolados debido a factores climáticos como los fuertes vientos y la sequía. Activistas y miembros de la sociedad civil han exigido la derogación de estas leyes, argumentando que facilitan la deforestación y la degradación del medio ambiente.
Bolivia ha registrado un promedio de 4.1 millones de hectáreas quemadas en los últimos años, lo que ha generado un creciente debate sobre la necesidad de reformar las políticas de uso de la tierra para prevenir incendios futuros.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno boliviano decretó una "pausa ambiental indefinida", prohibiendo las quemas y ordenando el repoblamiento de las áreas afectadas por los incendios. Según el ministro de Medioambiente y Agua, Alan Lisperguer, esta medida es esencial para evitar nuevos desastres y proteger los ecosistemas dañados.
Además, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) ha iniciado 82 procesos penales y 297 procesos administrativos contra los responsables de quemas ilegales en el país, con el objetivo de sancionar a quienes violen las regulaciones ambientales. @mundiario
