Dos agentes federales, bajo el foco por la muerte a tiros de Alex Pretti en Minneapolis
La muerte de Alex Pretti, enfermero de una unidad de cuidados intensivos del hospital de veteranos de Minneapolis, ha abierto una grieta política y judicial que va más allá de un solo tiroteo. El pasado 24 de enero, Pretti cayó abatido por diez disparos efectuados por agentes federales durante una operación de control migratorio. Ahora, tras días de silencio oficial, se conocen los nombres de quienes apretaron el gatillo.
El medio de investigación independiente ProPublica ha identificado a los dos agentes implicados como Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35, ambos miembros de la Patrulla Fronteriza y desplazados a Minnesota desde el sur de Texas en el marco de la denominada Operación Metro Surge, un refuerzo policial impulsado por Donald Trump en ciudades gobernadas por los demócratas.
Hasta la publicación de la investigación, las autoridades migratorias se habían negado a facilitar cualquier dato sobre los agentes, alegando razones de seguridad. Ochoa y Gutiérrez, ambos de origen latino, cuentan con una trayectoria prolongada dentro de la estructura federal: el primero ingresó en el cuerpo en 2018, mientras que el segundo lo hizo en 2014 y está adscrito a la Oficina de Operaciones de Campo de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Sobre Ochoa han trascendido más detalles personales. Diplomado en Derecho Penal, había expresado desde joven su aspiración de formar parte de la Patrulla Fronteriza. Según declaraciones de su exesposa recogidas por ProPublica, tras su divorcio en 2021 desarrolló una intensa afición por las armas de fuego, llegando a poseer una amplia colección. Ambos agentes han sido suspendidos cautelarmente de empleo mientras avanzan las investigaciones.
Los hechos ocurrieron cuando Pretti se interpuso entre varios agentes federales y una mujer a la que estos pretendían identificar. El enfermero portaba un arma, algo legal en el estado de Minnesota, pero no llegó a desenfundarla. En una de sus manos sostenía un teléfono móvil con el que grababa la escena. Tras ser reducido, rociado con gas pimienta y desarmado, recibió los disparos mientras se encontraba en el suelo.
El caso ha provocado una oleada de críticas por la actuación de altos cargos del Gobierno. Tanto el presidente Trump como responsables del Departamento de Seguridad Nacional atribuyeron inicialmente la responsabilidad de la muerte a la propia víctima, incluso antes de que se conocieran los primeros informes forenses. Una postura que ha indignado a legisladores de ambos partidos, que reclaman transparencia y prudencia institucional.
El Departamento de Justicia ha confirmado la apertura de una investigación federal por posibles violaciones de derechos civiles, independiente de la revisión interna que lleva a cabo el Departamento de Seguridad Nacional. Un informe preliminar ya ha corregido la versión inicial de los hechos, confirmando que fueron dos —y no uno— los agentes que dispararon contra Pretti.
El tiroteo no es un hecho aislado. Se trata de la segunda muerte de un ciudadano estadounidense a manos de fuerzas migratorias en apenas semanas. El 7 de enero, una poeta llamada Renée Good murió por disparos de un agente del ICE durante otra intervención, en circunstancias igualmente controvertidas. Ambos casos se producen en un contexto de fuerte militarización federal y protestas vecinales contra el despliegue masivo de agentes en Minneapolis.
ProPublica ha defendido la publicación de los nombres de los agentes implicados apelando al interés público. En su argumentación, subraya que ocultar identidades tras un tiroteo de estas características supone una anomalía respecto a los protocolos policiales habituales y dificulta la rendición de cuentas. La presión política y social crece mientras la investigación avanza y el caso de Alex Pretti se consolida como un símbolo del choque entre seguridad, derechos civiles y el uso de la fuerza en la política migratoria estadounidense. @mundiario
