El niño Liam Conejo regresa a Minneapolis: una orden judicial desafía la dureza migratoria del ICE
El regreso a Mineápolis de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, junto a su padre Adrián Conejo, marca el último capítulo —por ahora— de un caso que sacudió a la opinión pública en Estados Unidos. Su detención el pasado 20 de enero, en el marco de los operativos migratorios del Gobierno de Donald Trump, se convirtió rápidamente en un símbolo de la dureza de la actual política de control migratorio y de las tensiones entre el Ejecutivo y los tribunales federales.
Liam y su padre fueron arrestados en Mineápolis cuando regresaban a casa tras recoger al menor de la escuela. Según los relatos conocidos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al padre y dejaron al niño momentáneamente solo, pidiéndole que llamara a la puerta de su vivienda. La escena, descrita por testigos y posteriormente difundida en imágenes que mostraban al menor con una mochila de Spiderman rodeado de agentes federales, provocó indignación y protestas en distintos puntos del país.
Tras la detención, ambos fueron trasladados al centro de detención familiar de Dilley, en Texas, una instalación destinada a familias migrantes con menores. Desde allí, organizaciones civiles, autoridades locales y legisladores demócratas comenzaron a presionar por su liberación, alegando daños emocionales al niño y cuestionando la proporcionalidad del operativo. El congresista Joaquín Castro, que visitó el centro junto a otros legisladores, se convirtió en una de las voces más visibles del caso.
El punto de inflexión llegó con la intervención del juez federal Fred Biery, quien ordenó que Adrián Conejo y su hijo fueran liberados “tan pronto como sea posible”. En su resolución, el magistrado fue especialmente crítico con el enfoque gubernamental, señalando que el caso tenía su origen en “la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños”. Biery ya había determinado previamente que, al menos de momento, padre e hijo no podían ser deportados.
La orden judicial fue acatada durante el fin de semana. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la liberación, aunque defendió la actuación del ICE. En un comunicado, una portavoz insistió en que “ICE no apuntó ni arrestó a un niño” y subrayó que la administración Trump “continuará luchando por el arresto, la detención y la expulsión de extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”. Estas declaraciones reflejan la postura oficial, que sostiene que el menor fue detenido de manera indirecta al acompañar a su padre.
El trasfondo del caso incluye versiones contrapuestas sobre cómo llegó la familia a Estados Unidos. Representantes legales de los Conejo afirman que ingresaron en 2024 utilizando el sistema CBP One habilitado durante la administración Biden para solicitantes de asilo, mientras que el DHS asegura no tener constancia de ese registro. También existen discrepancias sobre el momento de la detención: las autoridades acusan al padre de intentar huir y abandonar al niño, algo que personas cercanas a la familia niegan, explicando que la madre —embarazada— no abrió la puerta por temor a ser arrestada.
Más allá de las versiones enfrentadas, el impacto humano del proceso fue uno de los elementos centrales del debate. Tras visitar a la familia, Joaquín Castro afirmó que el padre le expresó su preocupación porque el niño “no ha sido el mismo” desde la detención. El propio juez Biery reconoció que, aunque la familia podría enfrentar una eventual deportación, ese desenlace debería producirse mediante “una política más ordenada y humana que la actual”.
El regreso de Liam y su padre a Mineápolis fue recibido con alivio por su comunidad escolar. El distrito educativo expresó su satisfacción con la decisión judicial y reiteró su posición de que “todos los niños deberían ser liberados de los centros de detención y las familias reunificadas”. Este respaldo institucional subraya cómo el caso trascendió el ámbito estrictamente legal para convertirse en un asunto comunitario y político.
El expediente de Liam Conejo ilustra un patrón que va tomando forma en el proceso migratorio: detención rápida, traslado a centros alejados del lugar de residencia y posterior revisión judicial. También evidencia el papel clave de los tribunales como árbitros frente a decisiones administrativas controvertidas. Aunque la liberación no resuelve de manera definitiva la situación migratoria de la familia, sí marca un precedente sobre los límites de la actuación del Estado cuando hay menores involucrados y mantiene abierto un debate que seguirá presente en la agenda pública estadounidense. @mundiario
