Los audios de Leyva contra Petro desatan una crisis diplomática entre Colombia y EE UU
La relación estratégica entre Colombia y EE UU atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. La publicación de unos audios atribuidos al excanciller colombiano Álvaro Leyva, en los que alude a supuestas gestiones con congresistas estadounidenses para promover un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, ha desencadenado una crisis diplomática de gran envergadura. Washington, que ha negado los señalamientos y que según El País nunca tomó en consideración la propuesta, ha respondido con una medida inusual: la llamada a consultas del encargado de negocios en Bogotá, John T. McNamara, lo que supone, en la práctica, un repliegue diplomático temporal y un gesto de seria preocupación.
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anunció la decisión a través de la red X, calificando las declaraciones desde el Gobierno colombiano de “infundadas y reprensibles”. Aunque no menciona directamente a Leyva, el contexto es claro: la filtración de los audios y el creciente discurso del presidente Petro sobre supuestas conspiraciones extranjeras para derrocarlo han llevado a Washington a actuar. En paralelo, el Gobierno colombiano también ha llamado a consultas a su embajador en EE UU, Daniel García Peña, en un movimiento de reciprocidad que profundiza la tensión.
El detonante de la crisis fue una revelación del diario El País, que publicó unas grabaciones en las que Leyva, exministro de Exteriores y figura cercana al presidente colombiano, relataba reuniones con congresistas de la Florida, como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, con afinidad con el exsenador de origen cubano Rubio. Leyva sugería que estos encuentros formaban parte de un intento para recabar apoyo estadounidense a una eventual destitución del presidente. Aunque ambos legisladores han negado tajantemente cualquier implicación en una maniobra golpista, las consecuencias diplomáticas ya están en marcha.
La reacción en Washington no se limitó a la diplomacia. El congresista Giménez arremetió directamente contra Petro en redes sociales, asegurando que “no puede seguir amenazando a Estados Unidos y pensar que puede salirse con la suya”. “Estamos con los colombianos que aman la libertad, no con el narcoterrorista y socialista que vive en la Casa de Nariño”, cargó el representante republicano.
Desde Bogotá, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió con un duro mensaje en inglés, criticando lo que considera que “para un latino, no hay peor ataque que el de otro latino que se cree superior solo porque tiene ciudadanía de Estados Unidos”. Benedetti, que tras una serie de disputas internas en el Gobierno ha escalado hasta el primer anillo de confianza de Petro, dijo que el representante Giménez “respeta las ideologías fuera de sus creencias de extrema derecha; cree en razas superiores, imperios e invasiones. Con este lenguaje e ideas, cualquiera consideraría que podría apoyar un golpe de Estado”.
Este cruce de acusaciones entre altos cargos ilustra hasta qué punto la confrontación ha dejado de ser solo institucional para adquirir tintes personales y políticos.
Rivalidades ideológicas de fondo
La situación se agrava aún más con las contradicciones del propio presidente Petro. Aunque en discursos previos llegó a advertir que un intento de derrocarlo provocaría una “revolución colombiana”, y responsabilizó a Marco Rubio de un supuesto plan para desestabilizar su Gobierno. Más recientemente ha optado por un tono más comedido. En su última declaración, reconoció que “Lo peligroso no fue el secretario de estado de EE UU: Marco Rubio, que no estuvo metido realmente” en el complot, aunque mantuvo la acusación de que “hay un golpe en flagrancia” y pidió a la justicia estadounidense que lo investigue.
Este estallido diplomático se produce, además, en un momento interno de alta tensión para el Gobierno colombiano. La canciller Laura Sarabia presentó su renuncia apenas unas horas antes de que se conociera el escándalo, oficialmente por un desacuerdo sobre la adjudicación de contratos para pasaportes. La salida de Sarabia, considerada una de las figuras más cercanas a Petro, añade incertidumbre a una administración cada vez más asediada por frentes políticos y judiciales.
Desde una perspectiva estratégica, el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington plantea enormes interrogantes. EE UU ha sido históricamente el principal socio internacional de Colombia, no solo en materia de seguridad y cooperación antidrogas, sino también como aliado clave en la agenda internacional del país. El Departamento de Estado subrayó en su comunicado que “Colombia sigue siendo un socio esencial”, pero advirtió que se están considerando otras medidas para expresar su malestar.
Este episodio marca un punto de inflexión. Por un lado, pone en evidencia la fragilidad del actual equilibrio diplomático y la rapidez con la que se puede dinamitar años de relaciones bilaterales. Por otro, revela la creciente polarización ideológica que impregna la política latinoamericana, donde las líneas entre crítica política y acusaciones de conspiración se difuminan peligrosamente.
El Gobierno de Petro, que ha buscado desde su llegada a la Casa de Nariño redefinir los términos de la alianza con la Casa Blanca, enfrenta ahora el desafío de contener un conflicto que puede tener repercusiones económicas, de cooperación e incluso en el ámbito judicial. Washington, por su parte, tendrá que decidir si este incidente es un traspié diplomático o el inicio de una nueva etapa de distanciamiento. @mundiario
