Sánchez avanza la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se citaron este martes en el pleno del Senado en su cuarto cara a cara a poco más de un mes para las elecciones del 28-M.
Pedro Sánchez, aunque comparecía a petición propia para explicar los planes del Ejecutivo para afrontar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, aprovechó la ocasión para hacer otro anuncio: la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa, que se unirán a las 50.000 de la Sareb (el banco malo) y las 43.000 financiadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Pedro Sánchez ya había prometido habilitar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, o banco malo) para alquileres sociales y otra iniciativa para financiar con 4.000 millones de euros de créditos ICO gracias a los fondos europeos 43.000 viviendas tanto de construcción nueva como de rehabilitación que estén destinadas al alquiler social.
"En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas protegidas para el alquiler a precio asequible", dijo Sánchez, frente a las "1.600 que proyectó el PP en sus años de Gobierno neoliberal".
El presidente del Gobierno dijo también que hay que dejar atrás el "sonrojante" porcentaje de menos del 3% de vivienda pública y alcanzar el 9%.
Según el Gobierno, la vivienda es uno de los ejes básicos de servicio a la sociedad y al bienestar de los ciudadanos. Por ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva a cabo actuaciones en ámbitos como el acceso a la vivienda o la articulación de ayudas. A esto se añade, además, la importancia de la promoción de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Una nueva ley de vivienda
El Gobierno tramita una ley de vivienda que califica de norma pionera en la actual etapa democrática, ya que refuerza el ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.
De la nueva ley destaca los siguientes aspectos:
- Constituye, por primera vez en la actual etapa democrática, la elaboración por parte del Estado de una norma con rango de Ley que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, ofreciendo instrumentos efectivos a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para impulsar una oferta asequible para todas las personas y hogares, en el conjunto de España.
- Con la nueva Ley se promueve la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años y una reserva de suelo para vivienda en alquiler asequible. Además, con la nueva regulación no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, considerándose un patrimonio permanentemente sujeto a protección.
- Conforma un marco que ofrece seguridad jurídica a todos los operadores, públicos y privados, favoreciendo el incremento de la oferta de vivienda asequible incentivada, delimitando la función social de derecho a la propiedad de vivienda, y asegurando la colaboración de los grandes tenedores de vivienda, especialmente en zonas sujetas a mayor tensión en los precios.
- Se establece la declaración de zonas de mercado residencial tensionado a través de criterios objetivos, con objeto de aplicar un plan de medidas efectivas para favorecer en estas zonas el acceso a la vivienda, y mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda, además de ventajas fiscales para fomentar el alquiler asequible y evitar la vivienda vacía.
- La nueva regulación mejora los procedimientos en situaciones de vulnerabilidad, para ofrecer soluciones desde las Administraciones Públicas a aquellos hogares que están sujetos a mayores dificultades, salvaguardando el legítimo derecho de propiedad y mejorando la coordinación con todos los servicios sociales y programas de ayuda en materia de vivienda.
- Se refuerza la actuación del Estado en materia de vivienda y rehabilitación, a través de planes plurianuales y basada en la cooperación interadministrativa, asegurando la participación de todos los agentes sociales y económicos en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda, pero respetando las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
- Finalmente, la ley ofrece más garantías en la compra y alquiler de vivienda, estableciendo una serie de información básica de las condiciones de la operación y características de la vivienda, y se mejora la información sobre las políticas públicas de vivienda, para dar a conocer todos los programas y servicios de acceso a una vivienda. @mundiario
