Sin pacto político no hay vivienda social
La clausura de la cumbre municipal socialista del pasado domingo se vio eclipsada por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un plan para movilizar hasta 50.000 inmuebles de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) destinadas a vivienda protegida para jóvenes y familias con dificultades.
España hace tiempo que abandonó su política de vivienda pública, hasta el punto de que en este momento representa el 2,6% del total, seis puntos por debajo de la media de la UE y muy lejos del peso relativo que tuvo en los ochenta, cuando superaba el 50% del total.
Tres décadas y cuatro gobiernos después, con caídas paulatinas de la apuesta por un parque de vivienda pública, con estallido de burbuja inmobiliaria por medio, el ambicioso objetivo del Gobierno se sitúa en alcanzar el 20% de vivienda social en 20 años, según ha dicho la ministra del ramo, Pilar Alegría.
No parece creíble, a priori, pues estaríamos hablando poner en el mercado cinco millones de viviendas nuevas en solo dos décadas. Si bien, con que este cambio de rumbo cumpliese solo la mitad de lo prometido, conseguiría atender la demanda urgente de dos millones de familias que viven en condiciones alejadas de lo que establece el mandato constitucional.
Pero ¿qué es la Sareb?
La Sareb es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, un organismo creado en España en 2012 con el objetivo teórico de gestionar y vender los activos inmobiliarios tóxicos que quedaron en poder de los bancos tras la crisis financiera de 2008. Inicialmente, el sector público no tenía la mayoría de su capital, aunque este panorama mudó hace apenas un año, cuando el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) compró una participación adicional a una parte del accionariado hasta hacerse con el 50,15%, momento en el que se añadió a su objeto social la “estrategia de cesión de inmuebles a entidades públicas o no lucrativas”.
Hasta el momento la gestión de los activos del llamado banco malo no puede tildarse de exitosa: habrá que esperar y ver qué ocurre con el nuevo plan del Gobierno hasta su fecha de caducidad, prevista para finales de 2027, cuando debería extinguirse. En todo caso, de las 50.000 viviendas de esta sociedad que se anuncia movilizar, algo más de 20.000 estarían disponibles para transferir a las comunidades autónomas y entidades locales, sin las cuales nada de lo previsto podrá funcionar. Las demás, habría que construirlas.
Las viviendas disponibles se concentra, sobre todo, en el arco mediterráneo, una de cada tres está situada en Cataluña -no así en Barcelona-, seguidas por la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha. Más repartido estaría el plan de viviendas de nueva construcción, aún con todo la Comunitat Valenciana y Andalucía se llevarían casi la mitad, seguidas muy de lejos por Cataluña, Galicia o Castilla la Mancha. Un plan ambicioso, cuya puesta a disposición real requiere una complementariedad de acciones, además de la connivencia autonómica y un plazo de tiempo más largo.
Cambio de signo de la política pública de vivienda
Parece positivo, a priori, el cambio de signo de la política pública de vivienda en España, más allá de los inconvenientes que introduce la nueva Ley de Vivienda -que comentaremos en otra ocasión-. Ahora bien, no cabe caer en la complacencia de los anuncios grandilocuentes, pues tras de sí hay importantes dificultades.
En este momento se distinguen en España dos tipos de vivienda pública: la VPO (vivienda de protección oficial) de régimen especial, dirigida a las personas más desfavorecidas, cuyos ingresos familiares no alcanzan 2,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), más de medio millón de familias; y la VPO de régimen general, limitada para aquellas familias con unos ingresos medios por unidad de hasta 5,5 veces el IPREM, casi dos millones de familias.
Esta pequeña radiografía da cuenta de la necesidad de recursos que se deben movilizar de todas las administraciones, pues solo con el impulso del Gobierno no llega. Se precisa un gran pacto de país, al que éste no está acostumbrado y no parece que vaya a llegar tampoco ahora. Las tesis contrarias del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la falta de diálogo previo al anuncio de Sánchez, incluso con sus socios de gobierno, no son un buen comienzo.
Reparto de papeles
Lo ideal sería que la administración central negociase con los otros dos niveles administrativos de modo que la primera se ocupase de la movilización de activos, además de las subvenciones a los inquilinos a través de las desgravaciones fiscales en los grandes impuestos; las comunidades autónomas reservasen una parte de su presupuesto para financiar vivienda nueva y volviesen a invertir, al tiempo que los municipios hiciesen lo propio con la planificación urbana y las políticas de apoyo que canalizan a través de sus servicios sociales. Solo este trípode conseguiría que la política de vivienda llegase a buen puerto, en caso contrario serán solo juegos florales y anuncios previos a la celebración de unos comicios que se prevén muy reñidos.
En todo caso, los decisores deben ser conscientes de que el pacto sobre la vivienda es prioritario, debiera establecerse a largo plazo y prevalecer sobre las posibles alternancias en el poder. El interés social debiera estar por encima del electoral. Veremos. @mundiario
