El Gobierno estudia reactivar el “modelo Ucrania” para contener el impacto de la guerra en Irán
La guerra en Irán y el encarecimiento del petróleo han obligado al Gobierno de España a activar los mecanismos de análisis económico que ya se utilizaron durante la crisis energética de 2022. Con el crudo acercándose nuevamente a niveles críticos y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz amenazado, el Ejecutivo ha comenzado a estudiar un abanico de medidas fiscales y ayudas sectoriales para evitar un impacto brusco sobre hogares y empresas.
La referencia que guía este debate es el llamado “modelo Ucrania”, el conjunto de políticas adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Aquella estrategia combinó rebajas fiscales, intervenciones en el mercado eléctrico y ayudas directas a sectores vulnerables.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, convocó una reunión con representantes empresariales y agentes sociales para evaluar las posibles consecuencias del nuevo escenario internacional. Tras el encuentro, el ministro transmitió un mensaje de prudencia y pidió evitar reacciones precipitadas.
Según el Gobierno, la economía española se encuentra en una posición más sólida que en 2022 y el país cuenta con mayor diversificación energética.
No obstante, el Ejecutivo reconoce que el principal riesgo está en la evolución de los precios de la energía, especialmente si el conflicto se prolonga y el petróleo mantiene niveles elevados.
El precedente del escudo económico de 2022
El llamado “modelo Ucrania” se convirtió en una de las respuestas económicas más amplias adoptadas por España en las últimas décadas. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó entonces un paquete de medidas destinado a frenar el impacto del encarecimiento del gas y del petróleo.
Entre las iniciativas más relevantes destacaron varias rebajas fiscales sobre la energía, como la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 5% y la suspensión temporal de algunos impuestos del sistema eléctrico. También se aplicó la conocida excepción ibérica, un mecanismo aprobado por la Comisión Europea que permitió limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad en el mercado mayorista.
Esta medida fue diseñada para evitar que el encarecimiento del gas disparara el precio de toda la electricidad en el mercado mayorista.
Otro elemento central del paquete anticrisis fue la bonificación directa al combustible. Durante meses, el Gobierno aplicó un descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel. La medida comenzó como una ayuda universal y posteriormente se concentró en sectores profesionales como transportistas, agricultores y pescadores.
Además, el plan incluyó ayudas directas para empresas energéticas intensivas, ampliaciones del bono social eléctrico para hogares vulnerables y medidas laborales como los ERTE, diseñados para evitar despidos en sectores afectados por la crisis.
Por qué algunos sectores piden recuperar ese modelo
Con el repunte actual del petróleo, algunas organizaciones empresariales y asociaciones profesionales han pedido reactivar parte de ese paquete de medidas. El sector del transporte es uno de los más preocupados por el encarecimiento del combustible y ha planteado la posibilidad de aplicar una bonificación similar a la de 2022, incluso ampliándola hasta 25 céntimos por litro.
Sin embargo, no existe consenso sobre la eficacia de estas ayudas. Algunos economistas consideran que los descuentos generalizados al combustible pueden resultar costosos para las finanzas públicas y tener un impacto limitado en la inflación.
Dentro del propio sector energético, algunas empresas defienden que la respuesta más eficaz debería centrarse en rebajas fiscales en lugar de subsidios directos. Argumentan que en países europeos los impuestos representan más de la mitad del precio final de los combustibles. Reducir temporalmente esos gravámenes podría aliviar el coste para consumidores y empresas sin distorsionar el mercado.
Otros países europeos, como Portugal, han experimentado con fórmulas similares, utilizando parte de la recaudación adicional del IVA para reducir impuestos específicos sobre carburantes. A pesar de las discusiones sobre posibles medidas, el Gobierno insiste en que la respuesta final dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Próximo. @mundiario
