Entre ajustes y estabilidad laboral: el reto de Telefónica en 2025
Telefónica ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a siete de sus filiales, incluyendo Movistar+ y Telefónica Móviles. La empresa no ha dado cifras exactas, aunque fuentes cercanas estiman entre 6.000 y 7.000 empleados potencialmente afectados. El ERE se justifica por “causas objetivas”, un término que, aunque legal, es lo suficientemente amplio como para encender alarmas sobre la verdadera necesidad de despidos masivos.
El proceso de negociación se desarrollará durante los próximos 30 días, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de finales de año. Telefónica busca imputar los costes del ERE al ejercicio de 2025, que podría superar los 2.000 millones de euros si se mantiene el baremo del ERE de 2024. Este último plan incluyó bajas incentivadas y prejubilaciones para empleados mayores de 56 años con al menos 15 años de antigüedad, con compensaciones de hasta el 68% del salario.
Este tipo de medidas impacta no solo en los trabajadores que se marchan, sino en toda la plantilla restante, generando un efecto de incertidumbre que, como una sombra alargada, afecta la moral, la productividad y la confianza en la empresa.
La negociación como escenario de justicia laboral
Los sindicatos han planteado condiciones claras: voluntariedad, igualdad para todos los trabajadores y vinculación con la jubilación ordinaria. Además, reclaman la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos y su vigencia mínima hasta 2030, en línea con el Plan Estratégico Transform & Grow de la compañía.
Esta demanda no es un capricho sindical, sino un intento de ofrecer certidumbre a miles de familias. La estabilidad laboral prolongada es una herramienta de planificación, tanto personal como profesional, que permite a los empleados proyectar su futuro sin sentirse como peones en un tablero donde las reglas cambian cada año.
Los sindicatos también buscan que las condiciones económicas de salida igualen o mejoren las del ERE de 2024. Esto incluye compensaciones financieras y mecanismos que garanticen que quienes decidan marcharse voluntariamente no sufran pérdidas significativas. La negociación, por tanto, debe ir más allá de un simple cálculo contable y considerar el coste social y humano de cada despido.
Gobierno y empresa ante la responsabilidad social
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha condicionado la aprobación del ERE a un acuerdo con los sindicatos. Este gesto subraya que los despidos no pueden ser tratados como un trámite administrativo, sino como una cuestión de responsabilidad social y de política laboral equilibrada.
La situación de Telefónica refleja un dilema clásico: la necesidad de modernización y eficiencia frente a la preservación de derechos laborales. La empresa puede beneficiarse de nuevas tecnologías y reorganizaciones internas, pero hacerlo sin un pacto sólido con la plantilla sería como construir un rascacielos sin cimentación: alto y vistoso, pero inestable.
Es crucial que la negociación se enfoque en soluciones integrales: garantizar salidas dignas para quienes se marchan, seguridad y desarrollo para los que permanecen, y transparencia en todos los procesos. Solo así se podrá transformar la compañía sin dejar a nadie atrás. @mundiario
