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La ONU acusa a Nicolás Maduro y su Gobierno de “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela

Venezuela está dominada por un Estado totalitario con un Gobierno autoritario que busca ejecutar cualquier práctica represiva para prolongar su estadía en el poder, según la compleja realidad que ven desde la ONU. El Gobierno de Maduro dice que informe "busca vulnerar la soberanía de Venezuela".
La ONU acusa a Nicolás Maduro y su Gobierno de “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela
Un manifestante pide a la Guardia Nacional que detengan la represión durante una protesta masiva contra el Gobierno de Maduro en 2014, en Caracas. / La Razón.
Un manifestante pide a la Guardia Nacional que detengan la represión durante una protesta masiva contra el Gobierno de Maduro en 2014, en Caracas. / La Razón.

La presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha escalado a un nuevo nivel. Aunque no se trata de una estrategia premeditada de Estados Unidos para seguir socavando las bases de la estructura de poder con la que el chavismo-comunismo mantiene el control absoluto de la vida nacional de un país absorbido por la miseria, la pobreza, el hambre y la precariedad en medio de la peor recesión económica de su historia. Y es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró este miércoles que el Gobierno de Venezuela ha cometido “violaciones atroces que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.

El Gobierno venezolano asegura que informe de la ONU "busca vulnerar la soberanía de Venezuela". A través de un comunicado emitido en 2019 retuiteado este miércoles por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter, manifesta su rechazo contra el documento.


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Todo esto implica que el club que integran las naciones pacíficas del mundo por la estabilidad de la humanidad han confirmado lo que durante un año ha sido objeto de estudio e investigación por la preocupante deriva autoritaria en la que el régimen de Nicolás Maduro ha incurrido para conservar el poder, esto en detrimento de cualquier adversario político que pudiera iniciar alguna ruptura en cadena dentro de la extensa línea de mandos militares que sostienen a la cúpula chavista en el Palacio de Miraflores, Caracas.

Esa comisión de crímenes de lesa humanidad lo asegura un informe elaborado por una misión de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que investigó una serie de asesinatos, torturas y desapariciones que han ocurrido en Venezuela en los últimos años. Esa investigación ha sido conducida por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ex presidenta de Chile.

Lo que el mundo observa de cerca en Venezuela

La percepción que la ONU y una buena parte de la comunidad internacional tienen acerca de la situación en Venezuela es que el Gobierno (de facto) de Maduro ha creado una suerte de sistema de poder donde el monopolio de la fuerza del Estado es utilizado como instrumento de represión política para neutralizar cualquier foco de implosión que pueda surgir del malestar social contra la crisis económica y la gestión del Ejecutivo, pues el chavismo bajo el mando de Maduro ha encontrado en la Presidencia de la República su ecosistema de intereses, riquezas, prerrogativas y privilegios ideal para seguir en un espacio de impunidad donde no deba rendir cuentas por la negligencia de su gestión, que ha sumido al país en un estado de pobreza, miseria, y hambre donde el 90% de la población ha sido consumida por una crisis económica inducida con total conocimiento de causa por parte de la administración de Maduro desde 2014.

Según el equipo de investigadores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros miembros del Gobierno están implicados en los hechos. 

Entonces, la óptica de la ONU se basa en que el complejo aparato de represión del régimen de Maduro ha creado sofisticadas técnicas de tortura sistémica diseñadas para neutralizar física y moralmente a cualquier disidente militar o civil que represente un contrapeso político muy fuerte para la cohesión de los mandos dentro de la Fuerza Armada y el buró comunista-socialista del chavismo bajo control del país.

El año pasado, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra (Suiza), criticó la investigación, calificándola como una "iniciativa hostil", y dijo que su país no tenía intención de cooperar con la misión.

De hecho, la comisionada de DD HH de la ONU, Michelle Bachelet, visitó Venezuela en junio de 2019 para constatar en primera persona las denuncias de violaciones a los derechos humanos que inquietaban a la comunidad internacional desde hace mucho tiempo cuando la crisis del país comenzó a tornarse muy peligrosa debido a la inestabilidad social y política provocada por el descontento de la población ante una crisis económica de proporciones devastadoras similares a las de un conflicto armado.

¿Una falsa realidad?

Bachelet afirmó tras su viaje al país que “la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria”. Sin embargo, el aparato de propaganda del régimen de Maduro ocultó y camufló la realidad de forma parcial y sesgada al solo exponer ante la diplomática la presunta gestión de atención a los derechos humanos que el Gobierno venezolano ha creado, cuando al margen de ese contexto ficticio, la oposición y representantes de la sociedad civil se reunieron también con la expresidenta chilena para plantearles denuncias y casos dramáticos de sufrimiento humano y familiar causado por retaliaciones políticas del Gobierno de Maduro.

En septiembre de 2020, el equipo de la ONU, que no pudo entrar en el país sudamericano por segunda vez tras el viaje de la alta comisionada, dice que “las fuerzas de seguridad de Venezuela han estado involucradas en un uso sistemático de la violencia desde 2014, con el fin de reprimir a la oposición política y aterrorizar a la población”.

Presuntamente, el régimen de Maduro ha creado complejas estructuras de represión controladas por organismos de seguridad del Estado como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para forzar a los dirigentes políticos opositores a cesar su influencia sobre la presión social para generar un estallido civil que cause un cambio político por la vía del caos o de la anarquía de la población contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según el informe de la ONU, “Maduro y sus ministros del Interior (Néstor Reverol) y Defensa (Vladimir Padrino López) no solo estaban al tanto de los crímenes, sino que dieron órdenes, coordinaron operaciones y suministraron recursos”.

Naciones Unidas exhortó a Venezuela a que “responsabilice a los culpables de los hechos y evite que estos se repitan”.

El sistema de Maduro para mantener el poder

Se trata de un mecanismo sistemático en el cual existe una jerarquía diseñada para mantener el control de los focos de tensión social y militar por la vía de la represión de Estado, presuntamente con la cooperación políticamente canjeada del sistema de inteligencia del régimen comunista de Cuba, cuyo aparato llamado G2 presta servicios de asistencia técnica de contrainteligencia al Gobierno de Maduro a cambio de las regalías de petróleo que Caracas envía a La Habana.

"La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", concluye la investigación encabezada por Bachelet.

Los argumentos en los que la ONU basa su acusación consisten en testimonios documentados con fotos y huellas físicas de los daños causados por la represión-tortura de un sector élite de la cúpula militar, que responde a las órdenes y a la influencia político-financiera de Maduro.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", insiste el informe emitido desde Ginebra.

Este hecho supone un revés diplomático muy grave para el régimen de Maduro, que podría perder aun más legitimidad ante los ojos de la comunidad internacional, lo cual lo llevaría a convertirse, posiblemente, en un Estado paria totalmente aislado de las prácticas democráticas del mundo libre y pacífico que vigila la ONU como ente garante de la paz, la estabilidad y la seguridad mundial. 

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

El escenario actual de un país muy controlado

Por lo tanto, este señalamiento deja entrever que Venezuela hoy es dominada por un Estado totalitario con un Gobierno autoritario que busca ejecutar cualquier práctica o táctica represiva para prolongar su estadía en el poder en forma de algo mucho mayor a una hegemonía; una dinastía, pues podría llegar a controlar la nación de forma indefinida mediante decretos unilaterales si se hace con el dominio de la Asamblea Nacional (Parlamento) en las cuestionadas elecciones legislativas del 6 de diciembre. 

Los investigadores de la ONU llegaron a estas conclusiones después de analizar 223 casos y revisar casi 3.000 para corroborar patrones de violaciones y crímenes cometidos en Venezuela.

Caracas no se había pronunciado sobre las conclusiones de la investigación hasta las 3:00 de la tarde, hora local de Ginebra (Suiza), donde está la sede del Comisionado de DD HH de Naciones Unidas. Sin embargo, se esperaba que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, aplicara la misma táctica diplomática aislacionista y ultradefensiva con la que simplemente rechazaría lo que siempre considera como una “intromisión”, “injerencia” o falsa acusación” de un organismo del cual Venezuela forma parte; Naciones Unidas.

Y efectivamente, así lo hizo al afirmar un par de horas después que ese informe está lleno de "falsedades de gobiernos subordinados a Washington (EE UU)". Se trata de la misma retórica que utiliza para aislar su poder monopólico autoritario del escrutinio internacional con el objetivo de evitar que el régimen venezolano sea llevado a un proceso de negociación del poder tutelado por la ONU y/o una delegación encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, esto si la crisis del país llega a niveles intolerables similares a los de una crisis humanitaria muy compleja con amplio desgaste social en un contexto más grave que el actual. @mundiario