Daniel Ortega aumenta la tensión con la retirada de su embajador en Costa Rica

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa Rosario Murillo. / RR.SS.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa Rosario Murillo. / RR.SS.

El mandatario nicaragüense ha ilegalizado 958 ONG y ha negado el acceso a parlamentarios latinoamericanos de izquierda que exigían visitar a los presos políticos en el país.

Daniel Ortega aumenta la tensión con la retirada de su embajador en Costa Rica

Las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica han tomado un giro inesperado. El miércoles se hizo oficial que el régimen de Daniel Ortega retiraba a su embajador en el país vecino, principal receptor de los opositores nicaragüenses en el exilio, Dulio Hernández, sin ofrecer mayores explicaciones pese a que el funcionario ha ejercido ese cargo en los últimos cuatro años.

La información se hizo oficial tras su publicación en La Gaceta, el boletín oficial del Estado nicaragüense, en el que se detalla que mediante la resolución presidencial 111-2022, el mandatario ha dejado sin efecto el nombramiento de Hernández Avilés como embajador en ese país. No obstante, Managua no designó ningún sucesor para el cargo, limitándose a proponer un encargado de negocios que tome el control de la embajada en San José de Costa Rica.

Mediante un acuerdo ministerial, el canciller de Ortega, Dennis Moncada, designó al exvicecanciller y exembajador extraordinario en Honduras, Valdrack Jaentschke como “ministro consejero en funciones consulares” para la embajada de su país en San José, por lo que el cargo de embajador actualmente queda vacante.

El canciller costarricense informó a la prensa del retiro de Hernández el martes, antes de que Nicaragua hiciera público que su representante deja el cargo. El mismo miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense había publicado en gaceta que acepta la “renuncia” del jefe de la delegación diplomática de ese país en Costa Rica, alegando que Hernández presentó su dimisión el 7 de julio.

Ortega niega acceso a parlamentarios latinoamericanos de izquierda

Nicaragua y Costa Rica mantienen tensiones políticas desde 2018, a raíz del estallido social que lideraron jóvenes estudiantes contra el régimen de Ortega, que ha intensificado desde entonces la represión de su Gobierno, propiciando el exilio de muchos opositores políticos y una fuerte presión migratoria dirigida al vecino país.

De hecho, el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, salió de su cargo sin nombrar un nuevo embajador en Managua. En este momento el canciller ‘tico’, Arnoldo Andrés Tinoco, no ha revelado si el presidente Rodrigo Chávez planea hacerlo y normalizar las relaciones con el Ejecutivo nicaragüense.

Las tensiones han escalado después de que un grupo numeroso de parlamentarios y dirigentes de izquierda latinoamericanos intentaran ingresar a Nicaragua por su frontera sur, desde Costa Rica, con la intención de solicitar a Ortega una visita en las cárceles para atestiguar las condiciones precarias en las que, según constan las denuncias, permanecen los presos políticos en el país centroamericano.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, negaron el acceso a legisladores progresistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, que se plantaron en la frontera con pancartas, denunciando la “dictadura siniestra” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el movimiento de extrema izquierda al que pertenece la pareja presidencial y que Gobierna el país.

 

La Asamblea Nacional ilegaliza 958 ONG

El Parlamento nicaragüense, de mayoría sandinista, ha votado sin discusión ni titubeos la revocación de las personalidades jurídicas de unas 100 organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que ilegaliza sus funciones y las obliga a cerrar. Se trata del más reciente paso tomado por los 75 diputados oficialistas y sus aliados, para perseguir a las organizaciones independientes.

Con este cierre forzado, ya son 958 organizaciones de asistencia y sin ánimo de lucro que son ilegalizadas en el país. Otras 100 ONG estarán bajo la lupa este jueves, toda vez que los parlamentarios aprobaron tramitar por la vía urgente la revocación de sus personalidades jurídicas, con las que la cifra de fundaciones afectadas ascendería a 1.058.

Estas medidas afectan a instituciones que trabajan en la gobernabilidad, transparencia, libertad de prensa, derechos humanos, asociaciones médicas, científicas, de asistencia social, benéficas, científicas, ambientalistas, feministas, entre otros. Además, las universidades, instituciones como la Academia Nicaragüense de la Lengua o eventos como el Festival de Poesía de Granada han sido ilegalizados.

 

La semana pasada el régimen de Ortega materializó la expulsión del país de las monjas que integran la fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta. Unas 18 monjas fueron escoltadas por agentes sandinistas hasta la frontera con Costa Rica, donde les recibió el obispo de este país. El Gobierno nicaragüense las acusó de “incumplir sus obligaciones” en cuanto a la ley de lavado de activos, la del financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Gobierno ha cerrado la guardería, una residencia de adultos mayores y un hogar para jóvenes víctimas de abuso y abandono, centros que administraban las hermanas católicas. @mundiario

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