Bachelet: Continúa la degradación de las garantías fundamentales en Nicaragua

Protestas en Nicaragua. / Twitter
Protestas en Nicaragua. / Twitter

La nación centroamericana sufre un éxodo sin precedentes debido a la creciente represión de la sociedad civil, de la que también son víctimas los sacerdotes católicos.

Bachelet: Continúa la degradación de las garantías fundamentales en Nicaragua

La situación en Nicaragua cada vez se complica más. El régimen dictatorial que vive el país bajo el mandato de Daniel Ortega ha obligado a huir a miles de personas. De hecho, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, que el número de nicaragüenses que abandonan la nación crece “a cifras sin precedentes, incluso mayores que las registradas en la década de 1980”.

Y es que la “crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos” presentes en Nicaragua está expulsando a miles de personas “de la seguridad de sus hogares”, duplicando así la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica, país vecino.

De acuerdo con Bachelet, en los últimos ocho meses, el número de nicaragüenses en Costa Rica rozó los 150.000. “Esto representa el 3% de la población de Costa Rica. El número de personas nicaragüenses interceptadas en las fronteras de los Estados Unidos de América está viviendo un incremento inédito, aumentando de 3164 en septiembre de 2020 a 92.037 a abril de 2022. En marzo de 2022, la cifra alcanzó 16.088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces más alta que la registrada en marzo de 2021”, explicó.

Asimismo, su Oficina ha documentado casos de hostigamiento e intimidación cometidos por las autoridades nicaragüenses a nacionales que pretendían abandonar el país, lo que evidencia la grave amenaza al derecho de la libre circulación.

La negación de renovación de pasaportes en un consulado de Nicaragua y la legislación penal empleada para perseguir a quienes el Gobierno considera como opositores, endurecer las penas y la confiscación de bienes son parte de las injusticias presentes en el país. Lo que “genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas”, añadió.

Detenciones arbitrarias

La representante de los Derechos Humanos de la ONU, citó a fuente de la sociedad civil para indicar que hay 173 personas que están privadas de libertad por su relación con la crisis política que estalló en 2018. Asimismo, detalló que 11 mujeres y 39 hombres del grupo fueron detenidos en las elecciones de 2021, y se enfrentan a “condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos”, además de recibir condenas de hasta 13 años de prisión y la inhabilitación de cargos públicos.

Otro grupo de cuarenta y cuatro personas fue condenado “por ‘propagar noticias falsas’, ‘menoscabar la integridad nacional’ y otros delitos”, mientras que “otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, aseguró.

La gran mayoría de ellos permanecen recluidos en un centro policial donde en lo que va de año solo han conseguido cuatro visitas de sus familiares adultos, mas no de sus hijos. Además, se encuentran “en condiciones inhumanas”, por las que la Alta Comisionada pide a las autoridades garantizar la rápida liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria y a preservar su integridad física y mental.

Nula libertad académica

Por otro lado, el espacio cívico del país también se ha visto reducido, ya que la Asamblea Nacional, cumpliendo órdenes del Gobierno, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde principios de 2022, acumulando una cifra aproximada de 454 desde noviembre de 2018.

Esta medida afecta a organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en educación y/o asociaciones médicas. Incluso, 12 universidades han perdido su personalidad jurídica y están bajo control estatal.

Además de lo anterior, Bachelet sostiene que la reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, encargada de aprobar los programas académicos de todas las universidades, representa una amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria. Esto sumado a la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, vigente desde el pasado 6 de mayo, la cual  permite al Gobierno total discrecionalidad para requerirles información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios, “obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática”, expresó.

Ante esto, la Alta Comisionada exhortó al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, “y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”, precisó. @mundiario

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