El plan de la Iglesia naufraga: solo un 2% de las víctimas de pederastia han sido reparadas
El eco de las campanas en las catedrales contrasta con el silencio administrativo de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Mientras los obispos aseguran haber puesto en marcha un mecanismo de reparación integral para los afectados por la pederastia, las cifras cuentan otra historia: de las 2.002 víctimas reconocidas en sus propios informes, apenas un 2% ha recibido alguna compensación. Un plan que nació con solemnidad, pero que hoy naufraga en medio de la desconfianza, la burocracia y la indignación de quienes esperaban justicia.
Lejos de constituir un proceso transparente y ágil, el llamado Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (Priva) se ha convertido en un laberinto burocrático. Solo 25 de las 80 solicitudes presentadas han sido resueltas, y las indemnizaciones pagadas hasta ahora oscilan entre los 1.000 y los 90.000 euros, según la diócesis o la orden religiosa implicada. Dos víctimas con experiencias similares han llegado a recibir compensaciones que difieren en decenas de miles de euros, una disparidad que deja al descubierto la arbitrariedad del sistema.
La Iglesia insiste en que el Priva es un avance, pero en realidad funciona como un espejo roto: cada fragmento refleja un caso distinto, con desigualdades notorias y resoluciones no vinculantes. La última palabra siempre recae en el obispado o congregación responsable, lo que convierte la reparación en un gesto de voluntad más que en una obligación moral y jurídica.
El resultado es un reguero de frustración. Un centenar de víctimas, acompañadas por el diario El País, aseguran que el relato oficial de los obispos no se corresponde con su experiencia. Denuncian esperas interminables, promesas incumplidas y, sobre todo, un patrón de silencio que reproduce la misma desprotección que sufrieron en su infancia.
Promesas frente a realidades
Cuando la CEE anunció la creación de la comisión de arbitraje, el mensaje fue claro: “La Iglesia va a reparar siempre”. Sin embargo, los hechos contradicen esas palabras. Casos como el de Bautista —víctima de un sacerdote confeso que nunca recibió indemnización, solo una carta de perdón— muestran la grieta entre el discurso institucional y la práctica real.
El contraste con algunas órdenes religiosas es también revelador. Los jesuitas, tras una primera compensación considerada “humillante” por una de sus víctimas, revisaron el caso y terminaron abonando más de 60.000 euros. Aunque la cantidad dista de lo que recomienda el papa Francisco —quien considera que 50.000 euros ya es insuficiente—, evidencia que existen formas distintas de encarar la reparación.
El callejón sin salida del Priva
El Priva establece un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud, pero hay víctimas que llevan más de cinco meses esperando sin respuesta. La interlocución prometida tampoco se cumple: según el mencionado diario, los testimonios hablan de silencio, preguntas invasivas y procesos diseñados más para proteger a la institución que para atender a los afectados.
En muchos casos, lo que reciben las víctimas no es dinero, sino gestos simbólicos: reuniones en parques, disculpas informales o la firma de documentos ambiguos que las atan a condiciones poco claras. Para muchos, el procedimiento no solo es insuficiente, sino que revive la humillación sufrida décadas atrás.
El choque con el Estado
El fracaso del plan eclesial ha abierto un nuevo frente con el Gobierno. El Defensor del Pueblo, en un informe avalado por el Congreso, propuso la creación de un órgano administrativo independiente para canalizar las reparaciones. Un mecanismo en el que la Iglesia debería aportar fondos, pero que los obispos rechazan por considerarlo un ataque directo a su autonomía.
El Gobierno, por su parte, ha prometido impulsar este modelo, pero aún no ha pasado de las palabras a los hechos. Mientras tanto, cientos de víctimas siguen atrapadas entre la pasividad de la jerarquía católica y la lentitud del Estado.
El problema de fondo es más profundo que los números: la Iglesia española sigue tratando la pederastia como un expediente incómodo que gestionar a puerta cerrada. La reparación económica, lejos de ser un acto de justicia, se convierte en una lotería en la que cada diócesis decide cuánto “vale” el dolor de una persona. @mundiario
