La Iglesia rechaza un modelo estatal para indemnizar a las víctimas de pederastia
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reiterado su compromiso de ofrecer reparaciones económicas a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, aunque ha descartado adherirse a un modelo estatal e independiente. "Quien quiera una reparación económica, la tendrá", aseguró este viernes César García Magán, secretario general de la CEE, tras la asamblea plenaria anual de los prelados españoles. Estas declaraciones llegan en un momento de intensa presión social y política, marcado por las críticas a la falta de transparencia en los procesos internos de la Iglesia y la presentación en el Congreso de un informe clave sobre pederastia en el ámbito religioso.
El plan de reparación integral (PRIVA), propuesto por la Iglesia, contempla la creación de una comisión nacional de arbitraje formada por miembros seleccionados por los obispos y la Confederación Española de Religiosos (CONFER). Este organismo verificará los casos y propondrá indemnizaciones, pero será cada diócesis o congregación la que decida si ejecuta la reparación, lo que ha levantado sospechas entre los afectados. Desde su creación en 2019, los procesos de acogida y compensación de la Iglesia han sido criticados por falta de agilidad, transparencia y respuesta adecuada.
Acusan a la Iglesia de no indemnizar
El debate se intensificó esta semana con la comparecencia de Ángel Gabilondo, titular del Defensor del Pueblo, en el Congreso. Este defendió la creación de un modelo mixto en el que Estado e Iglesia colaboren para establecer un fondo estatal de indemnizaciones, gestionado por un organismo independiente. Dicho modelo busca reparar a las víctimas en casos prescritos o sin posibilidad de acción penal. Sin embargo, la Iglesia considera esta propuesta como un ataque e insiste en mantener el control sobre los procedimientos.
La resistencia de la jerarquía eclesial a ceder su autonomía choca con el testimonio de decenas de víctimas que denuncian incumplimientos, procesos burocráticos interminables y cláusulas de confidencialidad impuestas. Una reciente investigación del diario El País reveló el testimonio de 108 afectados que acusan a la Iglesia de no indemnizar ni garantizar justicia efectiva.
Mientras tanto, la urgencia de encontrar un modelo eficaz y justo para las reparaciones sigue dividiendo a los actores implicados. Si bien la mayoría de los partidos políticos respaldan la necesidad de indemnizar a las víctimas, existe controversia sobre quién debe asumir la responsabilidad económica: si la Iglesia, el Estado o ambos. @mundiario
