Los medios de comunicación públicos

Un momento de un debate electoral en Madrid. / Telemadrid
Un momento de un debate electoral en Madrid. / Telemadrid
El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere ejercer un control absoluto de TeleMadrid.
Los medios de comunicación públicos

El poder de los medios de comunicación en el plano político es incuestionable, porque se encargan de la comunicación e información, que los distintos partidos políticos expresan sobre los acontecimientos que suceden diariamente.

En los últimos años se perciben actuaciones, con los medios de comunicación públicos que son claramente rechazables, porque evidencian una voluntad de impedir una participación amplia parlamentaria, para garantizar el necesario control democrático, la pluralidad y la gestión de los recursos públicos, en beneficio de toda la ciudadanía de un ámbito territorial determinado.

En Galicia, con Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, se ha criticado ampliamente la utilización indebida de la Compañía Radio Televisión de Galicia (CRTVG), en beneficio del presidente, del gobierno autonómico y del Partido Popular. De hecho, no se aplicado la ley de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, aprobada en el año 2011 –hace más de diez años–, y así la RTVG carece de una dirección, un Estatuto Profesional y de un Consejo de Informativos que garantice la independencia, la veracidad y la objetividad de lo que se emite. Los profesionales integrantes de la plataforma Defende a Galega vienen vistiéndose de negro los viernes (venres negros), para denunciar la falta de libertad y pluralismo que en estos años se han dado durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo.

Ahora, siguiendo la misma estela, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también quiere ejercer un control absoluto de TeleMadrid y para eso se unen PP y Vox. Isabel Díaz Ayuso ha iniciado reformas legislativas que le permiten designar directamente al director general del ente con una mayoría simple. Esto no lo permite la actual ley que fue aprobada en la época de Cristina Cifuentes y exige contar con los dos tercios de los miembros que conforman la Asamblea de Madrid (Parlamento autonómico).

Cuando se toman esas decisiones, en unos casos, es para impedir que transciendan aquellos aspectos, de la actividad política, que a determinados  gobiernos no les interesan que sean conocidos en profundidad, por muy noticiables que sean, y además que se ejerza la censura y no se ofrezca la suficiente transparencia y el contraste de opiniones. 

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual debería modificarse, para evitar que los gobiernos autonómicos, con su legislación específica y con mayoría simple en los parlamentos respectivos, puedan tomar decisiones que no respeten la libertad, la imparcialidad, la neutralidad y la pluralidad de los medios públicos de comunicación. @mundiario

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