Interior activa protección para la agente que denunció al jefe de la Policía: el impacto de una filtración
La crisis abierta en el seno del Ministerio del Interior tras la querella contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha entrado en una nueva fase con el otorgamiento de la protección formal de la denunciante y la gestión del daño institucional. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska confirmó este jueves que ha ofrecido protección policial a la agente, que la ha aceptado.
La medida se produce después de que el abogado de la inspectora reclamara “todas las medidas posibles” para salvaguardar su seguridad, y en un momento en que su identidad ha comenzado a circular en distintos chats policiales, según la defensa. El letrado Jorge Piedrafita ha descrito a su clienta como “destrozada” por la exposición pública y el “bombardeo de mensajes y llamadas” que ha recibido en los últimos días.
El ofrecimiento de protección se formalizó a través de la subdirectora de Recursos Humanos, la comisaria Gema Barroso, que ha asumido de manera interina las funciones de DAO tras la dimisión de José Ángel González Jiménez. Interior no ha detallado el alcance de las medidas adoptadas por motivos de seguridad.
La decisión llega dos días después de que trascendiera la querella por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El exalto mando deberá comparecer ante la justicia el próximo 17 de marzo.
Desde el primer momento, el ministro ha defendido que su departamento actuó con inmediatez en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia. El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ha respaldado la actuación de Interior y ha subrayado que se ha procedido con “empatía” hacia la víctima. El PP, por su parte, mantiene su exigencia de dimisión del ministro.
La difusión de la identidad: un segundo frente
Más allá del procedimiento judicial, la filtración de la identidad de la denunciante ha caído como una losa sobre la denunciante, según comentó su defensa en los medios de comunicación. Según su abogado, el nombre de la inspectora “corrió como la pólvora” en grupos de mensajería policial, lo que provocó una oleada de contactos de apoyo, pero también reproches y cuestionamientos.
En declaraciones a TVE, el abogado ha dicho que a la agente le ha afectado que “se haya revelado su identidad, que la querella haya sido difundida por todos los grupos de Policía de los más de 70.000 mujeres y hombres del Cuerpo con objeto a hacerle daño”. “Y luego que ahora se estén tirando todo tipo de bulos e infamias contra ella pues, la verdad, la está destrozando”, ha añadido.
La defensa sostiene que esta exposición ha incrementado la ansiedad de la agente, que se encuentra de baja laboral desde julio y con el arma reglamentaria retirada. La querella describe un “grave menoscabo” de su salud mental como consecuencia de la supuesta agresión y del acoso posterior.
Piedrafita ha dicho que, cuando trascendió la identidad de la inspectora, comenzó a recibir un “bombardeo de mensajes y de llamadas”. “Algunas le han dado apoyo y otras como diciéndole qué había hecho y dónde se estaba metiendo. Eso, evidentemente, le ha hecho mucho daño. Le ha incrementado la ansiedad”, afirmó el abogado.
La dimensión institucional del caso
El relato presentado ante el juzgado sostiene que los hechos denunciados ocurrieron el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial vinculada al Ministerio del Interior y que, posteriormente, la denunciante habría recibido llamadas insistentes y mensajes que —según su versión— buscaban minimizar lo sucedido y disuadirla de acudir a la justicia. También se menciona la intervención del entonces asesor del DAO, ya cesado, a quien se atribuye un intento de persuadirla con ofertas de destino laboral.
El caso no solo pone a prueba la respuesta política de Interior, sino también los mecanismos internos de prevención y protección frente a posibles abusos en la cadena de mando. La elección de la vía judicial —y no la policial— por parte de la denunciante, según su abogado, obedeció al temor a represalias.
El ministro ha llegado a afirmar en el Congreso que dimitiría si la víctima considerara que no se ha sentido protegida. Sin embargo, la defensa ha señalado que no ha habido contacto directo entre Marlaska y su clienta, más allá del ofrecimiento formal de medidas de seguridad. @mundiario
