Caso DAO: la denunciante pide al juez interrogar a la mano derecha del exjefe por presuntas coacciones
La inspectora de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO), José Ángel González, ha solicitado al juzgado que cite como testigo al comisario Óscar San Juan, a quien atribuye presiones y un intento de ofrecerle un destino profesional a cambio de su silencio. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid ya ha admitido a trámite la querella y ha fijado las primeras declaraciones, mientras el Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna.
La causa judicial que ha precipitado la dimisión del hasta ahora máximo mando operativo de la Policía Nacional entra en una nueva fase. La denunciante no solo mantiene su acusación por presunta agresión sexual, sino que ha ampliado el foco hacia el entorno directo del exDAO, al considerar que pudo existir un intento de coacción para evitar que los hechos llegaran a los tribunales.
En su querella, presentada en enero y admitida a trámite el 12 de febrero, la agente solicita que el magistrado tome declaración a San Juan, quien ejercía como asesor y mano derecha de González. El escrito lo sitúa en dos momentos clave:
- En una comida previa al presunto episodio ocurrido el 23 de abril de 2025.
- En contactos telefónicos posteriores, en julio de ese año, que la denunciante interpreta como intentos de “comprar” su silencio mediante la oferta de un destino laboral a elección.
El abogado de la agente sostiene que dispone de un audio completo de una de esas conversaciones y que lo aportará como prueba cuando el juzgado lo requiera.
El relato de los hechos bajo investigación
La querella describe que la denunciante, destinada en la comisaría de Coslada, habría sido requerida por su superior para acudir a un restaurante donde este comía con otro comisario. Posteriormente, siempre según el relato de la agente, ambos se trasladaron a un domicilio donde se habrían producido los hechos denunciados.
El magistrado ha considerado que la querella presenta indicios suficientes para investigar la posible comisión de delitos de agresión sexual, lo que ha llevado a citar tanto a la denunciante como al exDAO en calidad de querellado el próximo 17 de marzo. En esta fase inicial, el juez no se ha pronunciado aún sobre la declaración de San Juan.
Conviene subrayar que los hechos están bajo investigación judicial y que rige la presunción de inocencia.
El segundo eje del procedimiento se centra en los contactos mantenidos en julio de 2025. Según la querella, la agente recibió varias llamadas del teléfono personal del comisario. En una conversación posterior, este le habría propuesto que eligiera “a qué destino o puesto de trabajo” deseaba ir y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”.
La querella afirma que la denunciante rechazó la propuesta. “La víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González”, narra el escrito. El texto interpreta las reiteradas “cinco llamadas” sin contestar y los mensajes intercambiados como la oferta como una compensación laboral a cambio de no denunciar, extremo que la defensa del exDAO no ha reconocido públicamente.
Reacción institucional y crisis en Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que tuvo conocimiento de la querella el mismo día en que trascendió públicamente y ha ordenado una investigación interna para esclarecer si existió conocimiento previo en la cúpula policial o si se produjeron presiones para frenar la denuncia.
Marlaska ha defendido la salida inmediata del exDAO por la “gravedad” de los hechos denunciados y ha apartado también de sus responsabilidades al comisario señalado hasta que se aclaren las circunstancias.
Este procedimiento abre un debate de mayor alcance sobre los equilibrios de poder dentro de estructuras jerárquicas como la Policía Nacional. La querella subraya que la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el exDAO, marcada, según su versión, por una asimetría institucional evidente.
Además, la posible existencia de presiones o incentivos laborales para silenciar una denuncia —si llegaran a acreditarse— situaría el foco no solo en una conducta individual, sino en los mecanismos de control y supervisión interna del Cuerpo.
Un proceso en fase inicial
El juzgado ha dado los primeros pasos de instrucción, pero aún queda por determinar qué diligencias adicionales se practicarán y si el comisario será finalmente citado como testigo. El proceso deberá esclarecer:
- La veracidad de los hechos denunciados.
- El alcance de los contactos posteriores.
- La posible existencia de coacciones o intentos de encubrimiento.
Mientras tanto, la dimisión del máximo responsable operativo de la Policía Nacional representa un hecho sin precedentes recientes en el cuerpo y coloca a Interior ante un reto reputacional de gran calado.
El desarrollo judicial será determinante no solo para las responsabilidades individuales, sino también para evaluar la solidez de los mecanismos institucionales frente a denuncias que afectan a la cúpula policial. @mundiario
