Caso exDAO: la denunciante pide blindar los audios y emergen nuevos testimonios contra la cúpula
La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado al juzgado la “plena reserva” de los audios, llamadas y mensajes aportados como prueba. Su abogado sostiene que otras agentes han contactado para relatar episodios similares, mientras el juez avanza en la instrucción y crece la presión política sobre Fernando Grande-Marlaska.
La causa judicial abierta contra el que fuera máximo mando uniformado de la Policía Nacional ha pasado a la protección de la prueba y de la identidad de la denunciante. El abogado de la inspectora ha pedido formalmente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid que los audios, el listado de llamadas y los mensajes de WhatsApp entregados solo puedan ser consultados bajo supervisión judicial, con el objetivo de evitar nuevas filtraciones.
La solicitud se produce después de que el juez requiriera la entrega de los materiales probatorios mencionados en la querella. Según el escrito presentado, la agente ya ha aportado una grabación de unos 40 minutos que, según su versión, recoge el momento de la presunta agresión, además de registros de llamadas y capturas de mensajes atribuidos al exDAO.
El núcleo de la petición es blindar la prueba para impedir la exposición pública de datos sensibles. El letrado argumenta que desde la admisión a trámite de la querella se han producido filtraciones que han afectado a la identidad y a la intimidad de la inspectora, hasta el punto de que el Ministerio del Interior le ha asignado protección policial permanente.
Más testimonios y posible efecto dominó
El abogado Jorge Pierdafita ha afirmado públicamente que varias mujeres policías han contactado con él para trasladarle experiencias de acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a mandos policiales de alto rango. Por ahora, no constan nuevas denuncias formales en el juzgado, pero el letrado estudia la viabilidad jurídica de estas comunicaciones. Si esas iniciativas prosperan, el caso podría transformarse de una querella individual a un problema sistémico que afecte a la cultura interna del Cuerpo.
Dentro de la Policía Nacional, según fuentes citadas en distintos medios como El Mundo o El País, existe inquietud sobre la eficacia de los protocolos internos de acoso cuando las denuncias afectan a la cúpula. Esa percepción —aún por verificar judicialmente— alimenta el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y protección.
Por lo pronto, la querella de la inspectora fue admitida a trámite y el exDAO declaró su dimisión del cargo poco después de hacerse pública la investigación. El juez ha citado al investigado para declarar en marzo. La denunciante le atribuye delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que no tuvo conocimiento previo de los hechos denunciados y ha asegurado que el Gobierno ha actuado con empatía hacia la víctima. Por su parte, el principal partido de la oposición, el PP, ha solicitado su dimisión y lo ha acusado de “encubrir” el caso.
Mientras tanto, el sindicato Jupol se ha manifestado para exigir responsabilidades políticas y un relevo en la cúpula policial, alegando que la crisis ha generado un clima de crispación interna. En paralelo, la Dirección General de la Policía ha iniciado el proceso formal para cubrir la plaza de director adjunto operativo, un movimiento que busca estabilizar la estructura de mando en plena tormenta institucional.
