¿Incompetencia o desconocimiento? Feijóo insiste en la dimisión de Marlaska por el escándalo del DAO
La denuncia por presunta agresión sexual contra el hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha desatado una fuerte ofensiva política contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado su dimisión inmediata o su cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha cuestionado tanto su gestión como su posible desconocimiento del caso.
La querella, presentada el 9 de enero por una subordinada del comisario principal, se hizo pública días después. González dimitió pocas horas más tarde. Sin embargo, la polémica no se ha cerrado. La oposición pone el foco en cuándo y cómo tuvo conocimiento Interior de los hechos, y si se actuó con diligencia ante la denuncia.
En una comparecencia en Granollers, Feijóo fue tajante. Afirmó que Marlaska es un “verdadero incompetente” si realmente desconocía la presunta agresión cuando la querella ya estaba presentada. También sostuvo que, con la información publicada, “cuesta mucho creer que Marlaska no conociese para nada ni lo que hacía el número uno de su Policía ni lo que hacía el número dos”.
El líder popular añadió que, si el ministro no sabía lo que ocurría en la cúpula policial, “si el ministro del Interior no conoce lo que hace la gente de la que se rodea, es un verdadero incompetente”. Para Feijóo, la responsabilidad política es incompatible con la continuidad en el cargo.
En esa misma línea, calificó la situación como “una vergüenza nacional e internacional” y acusó al Ejecutivo de “despachar todo buscando culpables fuera”. Además, subrayó que, aunque los hechos deban acreditarse judicialmente, la responsabilidad política no depende del resultado penal.
Uno de los elementos centrales del debate es el papel del comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO, quien fue apartado de sus responsabilidades tras conocerse que, según la querella, habría presionado laboralmente a la víctima para que retirase la denuncia.
Feijóo considera evidente que el entorno directo del jefe policial conocía los hechos. Por ello insiste en que resulta difícil aceptar que el ministro estuviera al margen de lo ocurrido. El argumento del PP se articula en torno a la cadena de mando y al deber de supervisión política.
El propio Feijóo recordó que “El jefe de la Policía española no es un dirigente cualquiera, es una persona que ha acompañado al ministro desde el año 2018 de forma continuada”. Esa cercanía, a juicio de la oposición, refuerza la exigencia de responsabilidades.
El debate sobre la “revictimización” y las cargas sobre la denunciante
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, amplió la crítica política. En una entrevista en Las mañanas de RNE, acusó al ministro de “revictimizar” a la denunciante tras afirmar en el Congreso que dimitiría si ella le trasladaba que se había sentido desprotegida. Según Fúnez, la dimisión no puede depender de la percepción de la víctima, sino de la responsabilidad política del cargo. “Tiene que saber lo que ocurría”, afirmó, insistiendo en que la obligación de conocimiento es inherente al puesto.
También cuestionó que el DAO presentara su dimisión en lugar de ser cesado directamente, lo que, según declaraciones recogidas, habría provocado “decepción” en la víctima, en palabras de su abogado. Durante una entrevista en Antena 3, el letrado Jorge Piedrafita sostuvo públicamente: “Ni el ministro Grande-Marlaska ha hablado con mi cliente ni ha hablado conmigo”. Añadió que, si hubiera querido contactar, podría haberlo hecho, y que su teléfono está disponible.
Respecto a las palabras del ministro en el Congreso, señaló que “la víctima tiene que estar tranquila y no se le tiene que trasladar esa presión”. También afirmó que lo dicho por Marlaska “es volver a trasladar a la víctima algo que no le corresponde” y que su clienta llegó a preguntarse si le habían puesto “el futuro del ministro” en sus manos.
El abogado sostuvo que “se han hecho muchas cosas mal” y que son los altos cargos quienes deben “asumir las responsabilidades que les correspondan”. Además, criticó que durante la baja psicológica de la agente “nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha llamado”.
El caso combina dimensión judicial y responsabilidad política. En el plano penal, será el juzgado quien determine los hechos y la existencia o no de delito. En el plano político, el debate gira en torno a la gestión, el conocimiento previo y la reacción institucional.
Feijóo ha dejado clara su posición: si Marlaska no dimite, debe ser cesado por Sánchez. A su juicio, “ni el ministro ni el presidente del Gobierno están a la altura de sus responsabilidades”. El Gobierno, por su parte, mantiene que ha actuado una vez conocidos los hechos. @mundiario
