Acuerdo en Badalona: la Generalitat y las entidades pactan el realojo temporal del B9
El acuerdo alcanzado este martes marca un punto de inflexión en una de las crisis sociales más delicadas vividas en Badalona en los últimos años. Tras el desalojo judicial de unas 400 personas del antiguo instituto B9 —uno de los mayores asentamientos informales de Cataluña—, la Generalitat de Salvador Illa y las entidades sociales han activado un dispositivo de emergencia para realojar durante dos meses a parte de los afectados que habían acabado durmiendo bajo el puente de la autovía C-31 o en el antiguo albergue de Can Bofí Vell.
La solución llega tras días de bloqueo institucional, noches de lluvia intensa y una escalada de tensión en algunos barrios, con concentraciones vecinales que llegaron a impedir la atención humanitaria en una parroquia. El acuerdo no resuelve el problema de fondo, pero introduce una salida inmediata para las situaciones más extremas y evidencia el papel de las entidades como mediadoras clave cuando la política se empantana.
El realojo comenzó este martes por la tarde con la participación de servicios sociales, Cruz Roja y organizaciones como Cáritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi. Según fuentes oficiales, el proceso se está realizando con discreción y sin revelar la ubicación de los recursos, con el objetivo de evitar nuevos episodios de tensión.
En paralelo, las entidades han confirmado que ya han reubicado a 52 personas en distintos equipamientos, con el apoyo económico del Departamento de Derechos Sociales. El acuerdo también contempla una solución temporal para quienes habían ocupado de nuevo Can Bofí Vell, el albergue clausurado por el Ayuntamiento en 2024 y cuya reapertura el alcalde descarta de forma tajante.
El presidente de la Generalitat hace un llamamiento a la "serenidad" por el desalojo del B9: "El gobierno garantizará la convivencia en todos los barrios de Cataluña" https://t.co/LDzUnJyAQp pic.twitter.com/ghAnvAb7NM
— Europa Press (@europapress) December 23, 2025
El Govern reivindica los “valores humanistas”
El pacto se produjo pocas horas después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, asegurara públicamente que su Ejecutivo estaba trabajando para resolver la crisis. Illa pidió “calma” a los vecinos y defendió la actuación del Govern en nombre de la convivencia y de los “valores humanistas” que, según afirmó, deben guiar la acción pública.
Sin entrar en una confrontación directa, el president dejó entrever su desacuerdo con la gestión municipal al advertir de que “la irresponsabilidad no sale gratis”, en alusión velada al alcalde popular Xavier García Albiol. Illa también puso en valor el trabajo de las entidades sociales, a las que elogió por “ayudar con discreción” frente a la polarización del debate.
La intervención de la Generalitat y de las entidades llega además bajo la mirada de la Fiscalía, que ha pedido al juzgado que autorizó el desalojo que requiera al Ayuntamiento de Badalona un informe urgente sobre si ha ofrecido la “atención adecuada” y una alternativa habitacional a las personas desalojadas, tal y como establecía el mandato judicial.
A esta presión se suma la censura de Naciones Unidas, que calificó el desalojo de trato “cruel” hacia los afectados. Ambos elementos han incrementado el coste institucional de una estrategia municipal que, desde el inicio, descartó movilizar recursos propios para alojar a los expulsados del B9.
Dos relatos enfrentados
El alcalde popular García Albiol ha defendido su actuación describiendo el asentamiento como una “organización criminal” con presencia de mafias, drogas y redes de prostitución, y ha reiterado que Badalona no tiene capacidad para acoger a largo plazo a más de 400 personas. Albiol niega haber alimentado la tensión vecinal y rechaza que existan “dos Badalonas enfrentadas”, pese a las escenas de confrontación vividas en los últimos días.
Frente a ese relato, las entidades y el Govern han centrado el foco en la emergencia humanitaria: personas durmiendo a la intemperie, bajo lluvias persistentes y sin alternativas inmediatas. El acuerdo de realojo temporal se sitúa en ese terreno intermedio, evitando tanto la normalización del asentamiento como la cronificación de la exclusión.
El pacto alcanzado no cierra la crisis del B9. Es una respuesta de urgencia, acotada en el tiempo y dependiente de recursos extraordinarios, que deja abiertas preguntas clave sobre la coordinación entre administraciones, la planificación de políticas de sinhogarismo y la gestión de conflictos sociales en contextos de alta vulnerabilidad.
Lo que sí deja claro es que, ante el vacío institucional y la tensión política, la intervención de la Generalitat y de las entidades ha sido decisiva para sacar de la calle a decenas de personas en situación extrema. Un parche necesario para frenar la emergencia inmediata, pero también un recordatorio de que, sin soluciones estructurales, el conflicto solo se desplaza, no desaparece. @mundiario
