El Gobierno aprueba el decreto que obliga a las ciudades a fijar las zonas de bajas emisiones
La mayoría de los 149 municipios de más de 50.000 habitantes se habían escudado en la falta de esta norma para no activar las áreas de restricción del tráfico.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, en su última reunión del año, el real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que incluyen medidas para restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Dichas zonas deberán ser fijadas en los 149 municipios poseedores de más de 50.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2023, según establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, muy pocos van a cumplir, pues la mayoría de ellos han pedido una moratoria amparándose precisamente en la ausencia de este decreto.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, ha rechazado conceder ese tiempo extra a los municipios, ya que estos conocían las directrices de aplicación desde “el pasado 19 de noviembre de 2021”, cuando el departamento que dirige Teresa Ribera y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presentaron una guía con las indicaciones para poner en marcha este tipo de medidas que buscan mejorar la calidad del aire.
De hecho, en un principio, el ministerio no contemplaba aprobar un real decreto y consideraba que con las directrices de la ley ya era suficiente. No obstante, los reveses judiciales contra las zonas de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona y otras ciudades hicieron que se optara por elaborar una norma que ofrezca más seguridad a los ayuntamientos frente a las denuncias que se presenten en los tribunales.
¿Se avecina un incumplimiento masivo?
Apenas el 13% de los 149 municipios afirman que llegarán a tiempo para tener en marcha sus zonas de bajas emisiones en enero. Lo que no estarán listos se escudaban en la falta del real decreto para no cumplir con la ley y otros ofrecían interpretaciones libres sobre la fecha en la que estaban obligados a ponerlas en marcha, sin embargo, la norma no deja lugar a duda cuando establece que debe ser “antes de 2023”.
Por ello, la organización Ecologistas en Acción critica la actitud de los alcaldes. De hecho, Carmen Duce, representante del organismo, manifiesta que “los ayuntamientos sabían desde hace más de tres años que deberían aprobar sus zonas de bajas emisiones, porque todos los borradores de la ley así lo establecían”. Además, destaca que los municipios incluso contaban con 1.500 millones de euros de fondos europeos para desarrollar esta medida.
El departamento que dirige Teresa Ribera ha explicado que el desarrollo del real decreto aprobado este martes “define unos objetivos concretos y cuantificables” para que las zonas de bajas emisiones puedan ser “convenientemente monitorizadas y evaluadas”. Asimismo, el ministerio establece que estas zonas “deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático”, además de ayudar a reducir la contaminación acústica e impulsar el cambio en la movilidad. @mundiario
