Vivienda pública: el último pulso entre Sánchez y los gobiernos autonómicos del PP
España se enfrenta a una de las crisis habitacionales más graves de su historia reciente. El acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio y no en un derecho, especialmente entre los jóvenes y las capas sociales más vulnerables. En este contexto, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de triplicar la inversión pública en vivienda hasta los 7.000 millones de euros debería haber sido el germen de un acuerdo transversal. Sin embargo, el clima político actual convierte en improbable lo que hace años hubiera sido un mínimo común denominador del Estado del bienestar.
El plan del Ejecutivo incluye tres ejes principales: una inversión sin precedentes en vivienda pública, el blindaje indefinido de la calificación de las viviendas protegidas y la creación de una base de datos pública sobre los precios reales del mercado. Las medidas apuntan en la dirección adecuada y, si se implementaran con la coordinación de todas las administraciones, podrían empezar a corregir el desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de vivienda asequible. Sin embargo, el propio Sánchez sabe que su propuesta nace con escasas probabilidades de convertirse en realidad legislativa.
La primera traba es la financiación. Aunque el Gobierno central está dispuesto a asumir el 60% del nuevo presupuesto, exige a las comunidades autónomas —competentes en materia de vivienda— que aporten el 40% restante. Pero muchas de ellas, gobernadas por el Partido Popular, no solo rechazan la cifra, sino también el planteamiento de fondo. La convocatoria de una Conferencia de Presidentes en este contexto, sin una base mínima de entendimiento, corre el riesgo de derivar en un enfrentamiento más que en una negociación.
A esto se suma el debate sobre la vivienda protegida. Sánchez propone que aquellas construidas con dinero público no puedan ser descalificadas ni vendidas en el mercado libre, una medida ya adoptada en el País Vasco pero que choca frontalmente con la lógica liberal del mercado de la vivienda que impera en otras regiones. Las cifras que expone el presidente son elocuentes: más de 2,4 millones de viviendas protegidas construidas desde la Transición, de las cuales la mayoría ya han sido descalificadas, perdiendo su carácter social y alimentando el ciclo especulativo. Esta sangría patrimonial, que ha beneficiado a fondos de inversión y grandes propietarios, no solo compromete la equidad, sino que representa una gestión ineficaz de los recursos públicos.
El tercer punto —la creación de una base de datos pública para registrar precios reales de compraventa y alquiler— evidencia la falta de herramientas que tienen hoy las administraciones para diseñar políticas eficaces. La dependencia de portales privados, cuyas metodologías de cálculo no siempre son transparentes, ha generado un mercado opaco que favorece la especulación. La transparencia no debería ser una cuestión ideológica, sino una exigencia democrática. Pero ni siquiera en este asunto hay consenso, lo que refleja hasta qué punto el deterioro institucional afecta ya a los aspectos más básicos de la gobernanza.
Lo más preocupante de todo es la oportunidad perdida. La vivienda es una necesidad transversal que afecta tanto al votante progresista como al conservador, al trabajador precario como al pequeño empresario. Si ni siquiera en este ámbito es posible construir acuerdos, cabe preguntarse qué espacio queda para la política con mayúsculas. Lo urgente ha fagocitado lo importante, y las elecciones autonómicas y europeas marcan el ritmo de las decisiones que deberían regirse por el interés general.
La propuesta de Sánchez puede leerse como un intento genuino de revertir décadas de desmantelamiento del parque público de vivienda. Pero también puede interpretarse como una iniciativa condenada al bloqueo por falta de interlocución real con los gobiernos autonómicos del PP, que han optado por la confrontación en lugar del diálogo. La política española sigue atrapada en el cortoplacismo, mientras los problemas estructurales, como el acceso a la vivienda, se agravan. Y en medio de esta parálisis, miles de ciudadanos continúan pagando alquileres desorbitados o viendo cómo la posibilidad de tener un hogar digno se desvanece en cada renovación del contrato. @mundiario
