La Unión Europea le pide a Rusia que derogue la ley contra la oposición

Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión Europea. / RR SS
Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión Europea. / RR SS
Bruselas ha señalado que la medida impulsada por el régimen de Vladimir Putin refuerza el ataque sistemático contra la democracia, los derechos humanos y las libertades
La Unión Europea le pide a Rusia que derogue la ley contra la oposición

La tensión entre la Unión Europea y Rusia se reaviva. En Bruselas le han exigido al régimen de Vladimir Putin que derogue la ley que prohibirá a cualquier persona involucrada en las actividades de organizaciones consideradas extremistas por el Kremlin presentar sus candidaturas en elecciones locales y federales. 

”Esta nueva ley es otra herramienta contra las voces críticas y opositoras que restringirá aún más el pluralismo político en Rusia”, dijo en un comunicado un vocero del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. En ese sentido, Bruselas tiene varias consideraciones sobre esta medida de Moscú.

La primera es que considera que esta ley, adoptada “antes de las elecciones a la Duma (la Cámara Baja rusa) de septiembre”, junto con las leyes sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, “refuerza el ataque sistemático contra la democracia, los derechos humanos y las libertades” en Rusia. Además, expresó su preocupación por que la legislación, adoptada hoy, tendrá efecto retroactivo.

La Unión Europea instó a las autoridades rusas a derogar esta ley y adaptar la legislación rusa a los compromisos que Rusia ha asumido en virtud del derecho europeo e internacional de Derechos Humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

A pesar del pedido de Bruselas, el presidente ruso Vladimir Putin, promulgó hoy la controvertida ley que afecta especialmente al movimiento del encarcelado líder opositor Alexei Navalny y fue aprobada unánimemente esta semana por el Senado y la pasada por la Duma o Cámara Baja.

Los fundadores y responsables de esas organizaciones “extremistas o terroristas” no podrán ser elegidos durante cinco años desde la entrada en vigor del fallo judicial sobre la liquidación o prohibición de esas estructuras, plazo que en el caso de los empleados y miembros será de tres años.

La fiscalía pidió al poder judicial que clasifique a las organizaciones de Navalny como “extremistas” porque pretenden “desestabilizar la situación social” en Rusia. Hay pocas dudas sobre dónde terminará este proceso, visto que la red de oficinas regionales del activista ya ha sido clasificada de “extremista” por los servicios financieros reguladores. @mundiario

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