Túnez vota para aprobar una Constitución que preocupa a los expertos
El pueblo tunecino deberá votar en medio de un estado de excepción en el que el presidente se ha atribuido todas las competencias del Estado en los últimos 12 meses.
La población tunecina está llamada a refrendar en las urnas una nueva Constitución que blinda de poder al presidente y lleva todo el rechazo de la oposición, que llamó a boicotear el referéndum por la desconfianza que hay sobre la renovada directiva del ente comicial de Túnez, por lo que la victoria del sí no es una duda para nadie.
Lo que sí será interesante conocer será el porcentaje de participación de esta consulta. Servirá para medir la popularidad de la Carta Magna y la del propio presidente tunecino, Kaïs Said, en el cargo desde 2019. Hace exactamente un año tras la fuerte jornada de protestas que reclamó la disolución del Parlamento, Saied declaró el estado de excepción y se arrogó plenos poderes con los que ha gobernado desde entonces.
La nueva Constitución está siendo votada con el estado de excepción todavía en vigor, un año en el que un solo hombre ha conservado todo el poder de una nación de más de 12 millones de habitantes, que planea perpetuarlo volviéndolo un principio constitucional. Mientras que la oposición, formada por los cinco más grandes partidos del país, ha considerado toda esta situación como un “golpe de Estado”.
Saied, profesor constitucional de 64 años que llegó al poder con más del 70 % de los votos, bajo la figura de político independiente y “austero”, ha denunciado continuamente la existencia de un sistema corrupto en el país, y prometió en campaña romper con la racha de decepciones políticas obtenidas a raíz de la transición democrática, protagonizada por los partidos tradicionales que son culpados de escándalos y de no haber llevado a Túnez a una mejor situación.
Un sistema “ultrapresidencialista”
El régimen político semipresidencialista tunecino, consagrado en la Constitución de 2014 nacido después de la Primavera Árabe, establecía como únicas prerrogativas para el presidente la prioridad de mandar en la diplomacia y en la defensa, un sistema parecido al modelo francés que ha sido rechazado por Saied.
En cambio, la nueva Constitución establecerá una estructuración determinada por juristas y expertos como “ultrapresidencialista”, caracterizada por la falta de garantías para la separación de poderes, la fragilidad de las demás instituciones como la pérdida de la inmunidad parlamentaria de los legisladores y la visión personal que tiene el presidente de cómo debería organizarse el Estado.
“La concentración de poderes en manos del presidente es muy significativa, y no existe ningún mecanismo real de control (de sus acciones)... el presidente puede decidirlo virtualmente todo” sostiene Zaid al Ali, asesor en procesos constitucionales del think tank IDEA, citado por El País.
El borrador refrendado este lunes fue redactado a puerta cerrada durante un mes, y aun así algunos de los artífices de este texto se han desmarcado del documento presentado hoy en las urnas, por considerar que “dista bastante” de lo que se propuso originalmente. Por su parte, la sociedad tunecina ha recibido con indiferencia la nueva Carta Magna, marcada por una apatía política dirigida principalmente al partido islamista Ennahda, que ha participado en la mayoría de los gobiernos.
Un año gobernándolo todo
El cargo del presidente seguirá sometido a las urnas, pero el Parlamento no tendrá manera de cesarle, a diferencia del Ejecutivo, que podrá disolver el Congreso discrecionalmente. Los diputados podrán ser revocados. Además, Túnez ya no está considerado como un “Estado musulmán”, sino que le toma parte de la umma (comunidad islámica), atribuye al Estado la persecución de los objetivos del islam y exige que el mandatario profese esa religión.
Pero el texto sí es apoyado por el núcleo de seguidores de Saied y por un reducido grupo de partidos panarabistas y de extrema izquierda, que han apoyado al presidente desde que decretó el estado de excepción. La Constitución actual no contempla que el presidente disuelva el Parlamento, pero sí que tome “medidas excepcionales en caso de peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país”, recogido en el artículo 80.
Voilà ce qu'il en pense kais Saïd de la liberté d'expression.
— Tarek Ben Mansour 🇹🇳 (@TarekBenMansou4) July 23, 2022
Crédit photo : Chad Lina
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Said se benefició de la crisis nacional por la pandemia por coronavirus para activar este mecanismo, luego, con el decreto 117, optó por anular la totalidad de los artículos de la Carta Magna con excepción del preámbulo y de los dos primeros que establecen los derechos fundamentales y civiles, para otorgarse para sí mismo la competencia total del Estado y para gobernar por decreto. @mundiario
