El Tribunal Supremo ordena registrar el despacho del fiscal general
El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, encargado de investigar un presunto delito de revelación de secretos en el entorno de la Fiscalía, ha ordenado este miércoles el registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La decisión se produce en el contexto de la investigación sobre una posible filtración de información confidencial, específicamente de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió a la Fiscalía para negociar un acuerdo en un caso de fraude fiscal. En el marco de esta operación, la Guardia Civil se ha hecho con el control de los dispositivos móviles, ordenadores y documentos en papel de García Ortiz para obtener evidencias en la investigación.
La orden del juez también incluye la intervención de los dispositivos de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien está siendo investigada en el mismo caso. La Guardia Civil ha procedido al registro y copiado de todos los datos de los dispositivos electrónicos del fiscal y de la fiscal jefe de Madrid, con el objetivo de extraer posibles pruebas que aclaren la existencia de una filtración. Los correos electrónicos enviados por García Ortiz y Rodríguez desde el 8 de marzo hasta la fecha de la orden judicial están ahora bajo revisión.
En la resolución del juez Hurtado, se destaca que las medidas adoptadas buscan esclarecer si el fiscal general incurrió en un delito de revelación de secretos, que podría estar relacionado con la difusión a medios de comunicación de un correo en el que se detallaba una propuesta de González Amador para admitir los delitos fiscales y evitar la cárcel. Según el Tribunal Supremo, tanto García Ortiz como Rodríguez disponían de ese correo desde la noche del 13 de marzo, fecha en la que se habría filtrado a la prensa, lo cual constituye el fundamento de los indicios de delito. El artículo 417 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión por la revelación de secretos de los que funcionarios o autoridades tienen conocimiento por su cargo.
El caso comenzó a desarrollarse tras la publicación en medios de una versión que circulaba en el entorno de Díaz Ayuso, según la cual la Fiscalía habría propuesto un pacto a González Amador y, posteriormente, retirado la oferta. Esta información fue desmentida por la Fiscalía Provincial de Madrid a través de un comunicado el 14 de marzo, en el que aclaraba que fue el abogado del implicado quien propuso el acuerdo un mes antes. Sin embargo, este comunicado generó una querella de González Amador contra el fiscal de su caso y contra la fiscal provincial, argumentando que contenía datos personales. El Supremo desestimó esta querella en su momento, pero inició diligencias para investigar cómo había llegado el correo original a los medios.
La investigación ha planteado un desafío sin precedentes en el Ministerio Público, dado que García Ortiz es el primer fiscal general del Estado formalmente investigado por la justicia española. El juez instructor ha declarado secreta la causa durante un mes y ha solicitado al fiscal general que nombre abogado y procurador para su defensa, asegurando su derecho a representación legal. La fiscal jefa de Madrid ha confirmado que será representada por la Abogacía del Estado, entidad que probablemente asuma también la defensa de García Ortiz.
El juez Hurtado ha instado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a recopilar todos los dispositivos electrónicos relacionados con la investigación, incluidos teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles. Además, ha autorizado el uso de técnicas avanzadas como el “rooteo” de dispositivos, que permite obtener privilegios de administrador para acceder a datos protegidos y crear una imagen forense de los mismos. La UCO tiene instrucciones de realizar una copia protegida de estos datos, que quedará bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia.
Asimismo, el juez ha remitido el caso a las acusaciones populares, representadas por colectivos como Manos Limpias, el Foro Libertad y Alternativa y el Colegio de Abogados de Madrid, quienes deberán decidir en los próximos días si unifican sus posturas, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También ha pospuesto una decisión sobre la solicitud de suspensión cautelar de funciones de García Ortiz que Manos Limpias presentó.
Este caso, dirigido por Hurtado desde el pasado 15 de octubre, ha suscitado gran expectación en el ámbito jurídico y político. La Sala de Admisión del Supremo vio indicios de revelación de secretos por parte de García Ortiz al tener conocimiento de la filtración del correo electrónico, lo que ha desembocado en este proceso judicial. @mundiario
