El novio de Ayuso reconoció ante Hacienda los fraudes fiscales en su empresa

Tras una investigación de 18 meses, se han encontrado pruebas de facturas falsas y deducciones irregulares en su empresa Maxwell Cremona.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. / @IdiazAyuso.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. / @IdiazAyuso.

La Agencia Tributaria ha destapado un fraude fiscal de gran envergadura cometido por Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según las conclusiones de una investigación que se ha prolongado durante 18 meses, González Amador habría falseado facturas en las declaraciones fiscales de 2021 y 2022 de su empresa, Maxwell Cremona, con el fin de evadir el pago de 350.000 euros en impuestos. Las pruebas presentadas incluyen contratos, recibos y documentación fotográfica de negocios fallidos en México y Costa de Marfil, donde el empresario intentó obtener beneficios de hasta dos millones de euros.

La investigación comenzó a raíz de la sospecha de los inspectores de Hacienda, quienes detectaron que la empresa de González Amador había presentado deducciones fiscales basadas en facturas de servicios que nunca se prestaron. Según el expediente, González Amador incluyó gastos inexistentes por valor de 1,8 millones de euros en las declaraciones de su empresa, lo que le permitió reducir considerablemente su base imponible. Uno de los ejemplos más claros de esta práctica fraudulenta fue un intento de negocio en México, en el que contrató a una empresa local para gestionar contactos comerciales. A pesar de que no se concretó ningún acuerdo, González Amador declaró un gasto de 620.000 euros para deducir impuestos. La propia documentación que el empresario envió a Hacienda para justificar los gastos fue utilizada por los inspectores para confirmar la falsedad de las facturas.

Otro caso destacado fue su incursión en el negocio de la venta de vacunas en Costa de Marfil. González Amador viajó en 2021 a este país africano para negociar un contrato de suministro de vacunas contra la covid-19. Aunque la operación fracasó y la oferta fue rechazada por el gobierno marfileño, el empresario presentó a Hacienda un gasto de 922.585 euros en comisiones para justificar deducciones en su declaración fiscal. Este intento de defraudación se suma a otro caso similar en 2020, cuando González obtuvo una comisión de 1,9 millones de euros por la venta de mascarillas en España.

Ante la acumulación de pruebas, el empresario ha decidido reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel. Según el último borrador de conformidad, la Fiscalía pedirá cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, además de una multa del 40% de la cantidad defraudada. Esto se traduciría en 60.000 euros por el fraude de 2021 y 78.380 euros por el de 2022. La defensa de González Amador ha negociado la suspensión de las penas de prisión, ya que son inferiores a dos años y el empresario ha mostrado su disposición a abonar las responsabilidades civiles correspondientes.

El expediente fiscal elaborado por la Agencia Tributaria, de más de 200 páginas, no deja lugar a dudas sobre el modus operandi de González Amador. El informe detalla cómo, con el fin de eludir el pago de impuestos, el empresario recurrió a facturas falsas emitidas por empresas sin capacidad real para prestar los servicios que se facturaban. Este patrón de actuación se repitió en 2020 y 2021, lo que llevó a los inspectores a concluir que no se trataba de simples errores contables, sino de un esquema organizado para evitar la tributación.

A pesar de haber intentado anular las facturas falsas una vez iniciada la investigación de Hacienda, la Agencia Tributaria ya había acreditado la falsedad de las mismas, lo que llevó al empresario a admitir su responsabilidad. En un escrito de alegaciones, su abogado argumentó que se trató de un "error" y que González Amador procedió a regularizar su situación fiscal tan pronto como comprendió la gravedad de los hechos.

Este caso supone un nuevo escándalo para el entorno de Isabel Díaz Ayuso, aunque hasta el momento no ha habido implicaciones directas para la presidenta madrileña. No obstante, el reconocimiento del fraude por parte de su pareja genera un clima de creciente tensión política, mientras se espera la resolución judicial definitiva sobre las penas y sanciones que recaerán sobre González Amador. @mundiario

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