El Tribunal Supremo investiga al fiscal general por revelación de secretos en un caso sin precedentes
El Tribunal Supremo ha abierto una causa judicial contra Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, bajo la acusación de revelación de secretos, una medida sin precedentes en la historia democrática de España. La Sala Penal ha admitido la exposición presentada por un juez de Madrid, que apunta a la difusión de información reservada en un comunicado emitido en marzo de este año, relacionado con un caso de presunto fraude fiscal en el que está involucrado Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La investigación, que fue aceptada por unanimidad por los cinco magistrados que integran la Sala Penal del Supremo, también se extiende a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente habría proporcionado los datos que sirvieron para elaborar la nota de prensa en cuestión. El encargado de instruir el caso será el magistrado Ángel Luis Hurtado, designado por turno de reparto.
Tras conocerse la decisión del alto tribunal, García Ortiz emitió un comunicado en el que dejó claro su compromiso de mantenerse en el cargo. En sus palabras, continuar al frente de la Fiscalía es "lo más prudente para la institución a medio y largo plazo". El fiscal general subrayó su respeto por el Estado de derecho y defendió que sus actuaciones están dentro de las competencias que le otorgan la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El origen de la controversia se remonta a la noche del 13 de marzo, cuando el periódico El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena a cambio de admitir su culpabilidad en un caso de fraude fiscal por más de 350.000 euros. Este acuerdo habría sido presentado como parte de una estrategia de chantaje con tintes políticos, una acusación que la Fiscalía de Madrid desmintió en un comunicado emitido al día siguiente. En este documento, el Ministerio Público aclaraba que fue el abogado de González Amador quien había solicitado el acuerdo previamente, un procedimiento común en casos de delitos fiscales.
Sin embargo, el problema surge a raíz de las acusaciones de González Amador, quien sostiene que el comunicado emitido por la Fiscalía reveló datos personales, lo que constituiría un delito de revelación de secretos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investigó inicialmente el caso, respaldó esta interpretación y remitió la causa al Supremo tras recibir un escrito de García Ortiz en el que asumía la responsabilidad de la difusión de la nota.
Aunque el Tribunal Supremo ha descartado que en el comunicado se incluyera información confidencial que no fuera ya pública, ha decidido investigar un posible delito de revelación de secretos basado en otros aspectos de la instrucción. En concreto, se centra en la filtración de correos electrónicos entre el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador, que llegaron a varios medios de comunicación antes de que se publicara el comunicado oficial.
La Sala Penal ha señalado que no existen pruebas concluyentes sobre quién filtró esos correos, pero confirma que tanto García Ortiz como la fiscal jefe de Madrid tuvieron acceso a ellos antes de que se hicieran públicos. Esto ha sido suficiente para que el tribunal considere que existen indicios suficientes para investigar si ambos incurrieron en un delito de revelación de secretos, un delito castigado en el Código Penal español para funcionarios que divulgan información confidencial.
El Supremo ha justificado su decisión argumentando que la revelación de estos correos pudo haber causado un perjuicio al derecho de defensa de González Amador, dado que el reconocimiento de su culpabilidad en delitos fiscales se hizo público sin las garantías procesales habituales. Aunque García Ortiz ha defendido la necesidad de emitir el comunicado para evitar que falsedades comprometieran la imagen de la Fiscalía, los jueces consideran que debe esclarecerse si esta revelación afectó negativamente a la presunción de inocencia del afectado.
A pesar de la investigación, García Ortiz ha decidido no apartarse de sus funciones y ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para explicar su posición ante este complicado escenario. El fiscal general ha reiterado que su actuación ha sido acorde con las competencias que la ley otorga al Ministerio Público y ha defendido que el comunicado se emitió con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
El desarrollo de la investigación por parte del Supremo podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder judicial y el Ministerio Público en España, en un contexto donde las acusaciones de filtración y la lucha por el control de la narrativa pública se entremezclan con la política. @mundiario
